"En un artículo reciente (05-05-11) critiqué a las Mutuas patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales por su subregistro de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con el trabajo (de las 16.000 que ocurren al año sólo cinco habían sido registradas por tales mutuas en 2009).
Indicaba que tal subregistro perjudica a los familiares de los fallecidos al no compensárseles debidamente y, también, a los sistemas públicos de sanidad de las comunidades autónomas por no pagarles la atención que están proveyendo a los enfermos por causas laborales (casi dos millones, de los que las mutuas registran sólo 30.000 casos).
Subrayaba que ello no era por falta de medios, pues la diferencia acumulada entre ingresos a tales mutuas –procedentes de las aportaciones empresariales (que derivan de las rentas del trabajo en las empresas)– y los gastos había alcanzado en 2010 la cifra de 5.000 millones de euros, cantidad que debiera ir, en mi opinión, a aumentar significativamente el número de beneficiarios (corrigiendo el subregistro de muertes y enfermedades laborales) y a pagar la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, que con razón están clamando al cielo para que se les pague.
Terminaba mi artículo con una crítica al Estado por permitir esta situación que definí como escandalosa. (...)
Los equipos directivos de tales mutuas los nombra el mundo empresarial. De ahí deriva una cultura empresarial responsable de la situación que yo critiqué en mi artículo. Soy consciente de que la Seguridad Social las supervisa y las audita. Pero la manera como interpretan las normas dictadas por el Estado y su excesiva astringencia expresa un sesgo en contra de los posibles beneficiarios –los trabajadores–. (...)
Pero lo que Granado no dice es que frecuentemente las mutuas llevan después tales casos a los tribunales y el enfermo tiene que enfrentarse a su enorme poder y pierde. Es más, el elevado número (dos de cada tres casos) en que el recurso les da la razón a los familiares y/o enfermos –después de que las mutuas les habían negado el beneficio– muestra su sesgo discriminatorio.
¿Por qué entonces no cambiar el proceso y la cultura empresarial que dirige las mutuas en lugar de añadir una Agencia de Reclamación? Hay un claro conflicto de intereses en tales mutuas, pues sus ingresos aumentan cuando el número de enfermos profesionales que registran disminuye. (...)
Las prácticas contables de tales mutuas son de escasa credibilidad, tal como ha señalado el Tribunal de Cuentas (informe nº 829, de 2009), el cual concluye que “su gestión y sus prácticas contractuales no se ajustan a los principios de objetividad y transparencia a los que deben adecuarse los sujetos integrantes del sector público estatal” (pág. 28).
Estos fondos debieran ir a corregir el subregistro y a pagar a las comunidades autónomas para la atención a los enfermos laborales. El hecho de que no se haga es más que preocupante; es indignante." (Mutuas patronales y complacencia. Publicado en PÚBLICO por Vicenç Navarro, 12 de mayo de 2011. en www.vnavarro.org, 12/05/2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario