9.4.12

Prorrogando a 9 magistrados, nueve, se podrían recaudar 4.000 millones de euros

"La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo recaudó durante 2011 casi 1.700 millones de euros en ingresos directos por sentencias “plenamente favorables” a la Administración pública en distintos litigios fiscales.

 El resultado fue mucho mayor al de otros ejercicios gracias al plan de actualización y puesta al día de la sala iniciado en julio de 2010, cuando los jueces denunciaron que había 6.000 millones de euros bloqueados en litigios que tenía que tramitar una instancia del Tribunal Supremo paralizada debido al atasco judicial.

 El presidente de la Sala, José Manuel Sieira, ha pedido ahora al ministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón, que prorrogue hasta diciembre el plan de actualización y refuerzo de personal previsto inicialmente hasta junio de este año para conseguir poner la sala “al día”, reduciendo al número de asuntos a un nivel en el que se pueda trabajar “sin agobios”. (...)

En la actualidad, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, las cantidades en litigio en la Sección Tercera del Tribunal Supremo que se encarga de las cuestiones fiscales se han reducido de los 6.000 millones estimados por Dívar a poco más de 4.000 millones de euros (4.016.188.716 euros), cifra que podría quedar reducida a casi a la mitad si a finales de 2012 se mantienen las expectativas.

Esos 4.000 millones de euros son los que se ventilan en los 2.265 litigios pendientes en materia tributaria entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las Administraciones locales y forales y los contribuyentes en desacuerdo con el cobro de esos impuestos que recurrieron al Tribunal Supremo. (...)

El Gobierno, que deberá decidir si prorroga ese refuerzo especial en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha decidido aplicar durante los próximos ocho meses una especie de amnistía fiscal para los defraudadores que quieran hacer una “declaración tributaria especial”.
A cambio de pagar un 10% de la cantidad que pretendan legalizar, los defraudadores se librarán del delito que, caso de haberse descubierto la evasión de impuestos que cometieron, les habrían imputado los Tribunales de Justicia previo estudio de la Agencia Tributaria."             (El País, 09/04/2012)

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