"Durante la burbuja, con el dinero que los bancos alemanes y
franceses les prestaron a espuertas, los bancos españoles -con el apoyo
directo de los gobiernos del PP y del PSOE- financiaron una especulación
inmobiliaria desenfrenada. Esta especulación que elevaba sin freno el
precio de las viviendas, les reportó enormes beneficios: a ellos, a los
bancos prestamistas europeos y a los promotores inmobiliarios.
La
corrupción generalizada de la clase política se encargó de engrasar la
maquinaria… hasta que estalló la burbuja, millones de viviendas quedaron
sin comprador y los bancos con una cartera gigantesca de préstamos
incobrables, obligados a quedarse con un patrimonio inmobiliario que
había perdido drásticamente su valor comercial.
Desde entonces,
con la ayuda de los gobiernos, los bancos han estado manteniendo unas
valoraciones infladas de ese patrimonio desvalorizado, para evitar
declararse en quiebra. Pero una situación de quiebra no se puede ocultar
mucho tiempo. Los gobiernos han ido metiendo grandes cantidades de
fondos públicos en "ayudas" y sucesivos rescates, pero la situación
seguía agravándose.
Hasta que la crisis de Bankia lo aceleró todo y el
Gobierno -sin acceso al mercado internacional de capitales- ha tenido
que pedir el rescate a la UE. Un rescate que, en realidad, es para
asegurar que la banca europea acreedora va a cobrar. (...)
El último decreto de Guindos del mes de agosto, impuesto por la UE ,
da forma al último atraco al pueblo . Es un instrumento con un doble
fin: por un lado, lograr una mayor concentración y centralización del
capital bancario en unas pocas manos y por otro, mediante el "banco
malo", apropiarse a precios de saldo de ese enorme patrimonio
inmobiliario desvalorizado para venderlo más caro, a lo largo de 15
años, y hacer el gran negocio.
En torno al "banco malo" hay
ahora una fuerte pugna sobre cómo se van a repartir los costes y
beneficios del "rescate", lo que repercutirá directamente en cómo quede
finalmente el sector bancario. Según el decreto Guindos, el “banco malo”
estará dividido al 50% entre el Estado (a través del FROB) e
"inversores privados" (fondos especulativos norteamericanos y europeos y
bancos). La pugna está centrada en el precio al que le serán vendidos
los inmuebles. La banca europea exige que sea a precios de derribo y el
Gobierno maniobra, intentando resguardar las posiciones del Santander y
el BBVA.(...)
Mientras pugnan por este enorme botín, prosiguen los desahucios masivos y
la juventud sigue sin poder emanciparse. Por eso estas nuevas medidas
son una indignidad y un insulto." (Rebelión, 15/09/2012, Felipe Alegría)
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