"En un momento en que el desempleo es la mayor característica de los
mercados laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico
Norte, es sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la
necesidad de desarrollar políticas de pleno empleo.(...)
Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los
mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de
políticas que produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de
empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor flexibilidad
laboral y facilitan el despido.
De esta manera, el Estado está aprobando
leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo
público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el
déficit público). (...)
Estas políticas estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte
para forzar el descenso del salario. Y así lo han estado consiguiendo.
Lo último que tales autoridades públicas desean es crear empleo y
todavía menos alcanzar pleno empleo. (...)
Y el hecho de que no se hable de políticas de pleno empleo en los
mayores círculos mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los
mayores fórums políticos) se debe precisamente al enorme poder que el
capital financiero (la Banca, las compañías de seguros y las empresas
financieras de alto riesgo, entre otras, definidas y analizadas por Juan
Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del Mundo” de próxima
publicación) tiene sobre las instituciones llamadas representativas. (...)
¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?
En realidad, la respuesta es muy fácil.
Recuperar las políticas de pleno empleo, mediante (como ocurrió en
situaciones históricas anteriores en países en depresión) la creación de
empleo financiado públicamente en infraestructuras sociales (sólo un
adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del
Bienestar en España, comparado con uno de cada cuatro, en el caso de
Suecia), creando cinco millones de nuevos puestos de trabajo, en muchas
áreas productivas como los sectores verdes -tanto en mantenimiento como
en creación de nuevas formas de energía- con lo que deberían crearse
otros nuevos cinco millones de puestos de trabajo.
Estos gastos podrían financiarse
fácilmente, asegurándose de que los ingresos al Estado alcancen los
porcentajes del PIB que tienen los países más avanzados económica y
socialmente, como los países nórdicos de Europa (en España es el 35%, en
Suecia es el 51%), sin que el mayor incremento impositivo recayera en
la ciudadanía normal y corriente. En realidad, la mayor aportación
debería venir del causante de la crisis actual, es decir, el capital
financiero. No es cierto que la Banca no tenga liquidez.
La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e italiana.
Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito. Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en incremento del crédito.
La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e italiana.
Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito. Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en incremento del crédito.
Sería, por lo tanto, lógico que el
Estado nacionalizara la Banca y/o permitiera la existencia de la Banca
privada sólo con la condición de que ofreciera crédito a unos intereses
regulados públicamente que garantizaran su accesibilidad y
disponibilidad.
Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función social, que es la única que justifica su existencia. (...)
Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función social, que es la única que justifica su existencia. (...)
También recomienda que los préstamos del Estado Federal a la Banca se condicionen a la capacidad productiva de empleo por parte de sus actividades financieras. Y debería también gravarse masivamente todas las transacciones financieras que conducen a actividades especulativas. Incluso Gran Bretaña, sede de la City, grava los bonos públicos (0.155) y los derivados (0.005).
Todo ello podría y debería ocurrir sin que se requiriera gran inversión pública, pues sería forzar a la Banca a que pagara a la sociedad, compensando por el enorme daño que ha creado. Que no se consideren estas propuestas razonables se debe al excesivo poder que los ”amos del mundo” tienen sobre el BCE y sobre las autoridades públicas." (Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 7 de septiembre de 2012, en www.vnavarro.org, 07/09/2012)
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