"El Estado español es una creación política que se basa en toda una
red de acuerdos que garantizan la permanencia de las hegemonías
económicas y sociales y acaba superponiéndose sobre una pluralidad de
naciones que poseen una identidad propia y una larga historia.
Esta
construcción demostró toda su fragilidad en 1978, durante una transición
constitucional a caballo entre el nacionalismo y el centralismo:
entonces, las comunidades autónomas fueron el resultado institucional y
jurídico del trato acordado.
Pero en el fondo, el trato era otro totalmente distinto: válvulas
financieras generosamente abiertas para las comunidades autónomas, obras
públicas, modernización, futuro.
Mientras había dinero para inyectar en
las inversiones que consolidaban el apacible dominio de las élites
locales, el arreglo funcionaba. La derecha nacional y local supo resumir
perfectamente ese estado de ánimo: cuando José María Aznar [presidente
de 1996 a 2004] proclamaba desde el palacio de la Moncloa “España va
bien”, Jordi Pujol [presidente del Gobierno catalán de 1980 a 2003] le
respondía desde el palacio de la Generalitat “Y Cataluña va mejor aún”.
Pero ahí es donde entran en juego los factores coyunturales. El Gobierno
catalán de Convergència i Unió [partido nacionalista de derecha]
actualmente tiene en su haber 822.000 parados y 22 meses de recortes
sucesivos en medidas sociales.
A todo esto se añade (y es lo que hace
detonar el polvorín) la congelación de la financiación de las
comunidades autónomas, decidida por el Gobierno central en virtud de una
revisión de la Constitución española realizada a velocidad supersónica
por orden de Berlín y Bruselas, una orden ejecutada, como siempre, con
obediencia por esos intérpretes locales tan celosos que son el Partido
Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) (...)
En el núcleo de esta revisión constitucional, apareció el nuevo pacto
presupuestario entre Madrid y las comunidades autónomas, que con su
obsesión por la austeridad constituye un auténtico monumento a la falta
de sentido común político.
Esta negativa de considerar las consecuencias
explosivas que tendrán estos recortes en la financiación pública para
las relaciones entre el Estado y las regiones revela una
irresponsabilidad política total.
En España, como en Portugal o en
Grecia, el pirómano berlinés y sus agentes locales han prendido fuego a
todos los equilibrios sociales y poco le importa que el incendio libere
al mismo tiempo los demonios más terribles: todo debe inmolarse sobre el
altar de la diosa austeridad.
Y el Gobierno catalán sabe perfectamente cómo aprovechar esta
irresponsabilidad política. Al erigirse como abanderado de la causa
independentista, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, se
parece a Alberto Joao Jardim
[presidente del Gobierno de Madeira]: ante los resultados económicos y
sociales catastróficos de su mandato, caracterizado por una estrategia
de desmantelamiento de los servicios públicos y de los derechos
sociales, el conservador Mas acusa a Madrid de no ser más que un pozo
sin fondo del dinero de los catalanes, que no se invierte en servicios o
proyectos públicos en su región.
Tenemos la impresión de haber vivido
ya este momento ¿verdad? La causa independentista, agitada por la
Generalitat, es ante todo una herramienta muy cómoda para desviar la
atención de la degradación social y económica que producen sus propias
políticas.
Más que Portugal o Grecia, hoy España es el modelo a menor escala de la
implosión europea. Las soluciones de la troika producen un
desmembramiento social, político y territorial que causa estragos entre
nuestros vecinos. Pero quizás deberíamos haber aprendido alguna lección
de la tragedia de los Balcanes. No podemos esperar que estos señores de
la troika y sus empleados tengan una conciencia histórica, porque
precisamente actúan contra ella." (Presseurop, 2 octubre 2012,Diário de Notícias
Lisboa)
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