Existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la evasión fiscal legal. Vincular la imposición a la nacionalidad

"Bernard Arnaud, primera fortuna europea y cuarta fortuna mundial con 40.000 millones de euros, cuyo salario anual se eleva a 10 millones de euros y cuyas inversiones generan cada año 200 millones de euros de ganancias, pidió su naturalización con el fin de conseguir la nacionalidad belga (...)

Entre 1988 y 2006, el 0,01% de los franceses más ricos, alrededor de 3.500 familias, vieron sus ingresos reales aumentar un 42%. A guisa de comparación, en el mismo periodo, el 90% menos pudiente sólo se benefició de un alza de 4,6% (...)

En Suiza, en algunos cantones, los residentes extranjeros no pagan impuestos sobre sus ingresos o su patrimonio sino únicamente sobre sus gastos, lo que vuelve muy atractivos esos territorios para los más acaudalados. En este país, donde residen cerca de 2.000 exilados fiscales franceses, las 43 familias más adineradas acumulan una fortuna de 36.500 millones de euros (4).

Para responder a la problemática del exilio fiscal, el argumento dominante en Francia, que defienden el mundo económico, la derecha y una parte del centro-izquierda, consiste en promover una disminución de la tasa tributaria para las categorías más acaudaladas. Así, tras su elección en 2007, el antiguo presidente Nicolas Sarkozy adoptó el escudo fiscal, un dispositivo tributario según el cual no se pueden gravar los ingresos de un contribuyente más de un 50% (5).

No obstante, existe un mecanismo aplicable y eficaz para poner término a la evasión fiscal legal. Actualmente, la imposición está vinculada al lugar de residencia. Así, un exilado fiscal francés que elige vivir más de seis meses al año en Suiza se convierte automáticamente en contribuyente suizo y se beneficia de su legislación ventajosa. Sucede lo mismo para el francés que se instalase en Luxemburgo, Reino Unido o Bélgica.

Para poner fin a este abuso que priva de importantes recursos al Estado francés, y por consiguiente a los ciudadanos, bastaría simplemente con vincular la imposición a la nacionalidad, y no al lugar de residencia, y aplicar una tasación diferencial. Este dispositivo acabaría automáticamente con esta plaga.

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 Así, un contribuyente francés refugiado en Suiza que sólo pagara un 35% de impuestos en su nuevo lugar de residencia, en vez de un 41% en Francia por ejemplo, se vería obligado legalmente a pagar la diferencia al Estado francés, es decir un 6%, lo que haría inútil toda expatriación por razones de orden fiscal.

Esta práctica existe en países como Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses instalados en el exterior pagan exactamente los mismos impuestos, conseguidos en cualquier parte del mundo, que sus compatriotas que viven en el territorio nacional. 

Desde un punto de vista técnico, todos los países del mundo entregan cada año al Departamento del Tesoro una lista de los estadounidenses que viven dentro de sus fronteras. Así, el exilio fiscal ya no resultaría posible y la única alternativa para escapar de los impuestos sería la evasión fiscal ilegal.

Para contrarrestar este tipo de delito, el Congreso estadounidense adoptó una ley que permite a toda persona –en particular los empleados de los grandes bancos– que ofrezca información sobre los casos de fraude fiscal conseguir hasta el 30% de las sumas que recupera el Estado.

 Así, Bradley Birkenfeld, antiguo empleado del banco suizo UBS, obtuvo la suma de 104 millones de dólares por suministrar información, “excepcional a la vez por su tamaño y su alcance”, sobre los delitos de evasión fiscal que cometieron los clientes estadounidenses del Banco. Esta información permitió a los servicios tributarios estadounidenses recuperar la suma de 5.0000 millones de dólares y conseguir la lista de todos los delincuentes que tenían una cuenta en UBS (6)."                (Jaque al neoliberalismo, 28/10/2012)