"El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha propuesto
que este colectivo asuma por ley un trámite obligatorio de conciliación
entre las entidades financieras y los deudores con el fin de frenar los desahucios y buscar soluciones amistosas entre las partes.
El SISEJ ha emplazado a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la que se introduzca, "con carácter obligatorio"
y sin comportar ningún coste añadido para la ciudadanía, este trámite
de conciliación ante los secretarios judiciales en el marco de la
ejecución hipotecaria.
Esta vía podría dar lugar a soluciones
amistosas como la dación en pago, el alquiler social, la reducción de
la deuda o en el importe de las cuotas, o moratorias en el pago, que
garantizarían el mantenimiento de la vivienda y facilitarían "las condiciones para ambas partes o la entrega de la vivienda con extinción de la obligación".
El
SISEJ ha expresado su "enorme preocupación" por el "imparable" aumento
de los lanzamientos de viviendas habituales y que los secretarios
judiciales observan a diario con "indignación" al ser los responsables de la ejecución de las resoluciones de los jueces ante el impago de las hipotecas.
"Observamos
con indignación cómo familias con menores a su cargo o personas con
problemas de movilidad o salud, al tiempo que pierden su hogar, asumen
por completo el importe de una deuda generada en plena 'burbuja inmobiliaria', condenando a estos ciudadanos a una segura exclusión social", ha destacado en un comunicado.
Los
secretarios judiciales recuerdan su experiencia en actos de
conciliación tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009 y añaden que,
hoy en día, tratan de buscar, cuando la situación lo permite, soluciones
para demorar los lanzamientos y minimizar los "gravísimos perjuicios"
que comportan.
Sin perjuicio de esta propuesta, el SISEJ insta a recoger también la posibilidad de derivar a las partes a un proceso de mediación ante especialistas en esta materia en los casos que el secretario judicial entendiera que resulta necesario o así lo solicitaran las partes.
A
su entender, estas vías deben ser garantizadas por la Administración
Pública para no agravar aún más la situación de los deudores. Entiende
que esta solución "no puede quedar al arbitrio de ninguna de las
partes, al compromiso social de muchos ciudadanos implicados ni a la concienciación de entidades aisladas".
"La principal causa de oposición a este tipo de reclamaciones es que las obligaciones deben cumplirse de la manera pactada.
Esto puede valer en circunstancias ordinarias, pero ahora estamos ante
una situación excepcional, y por ello reclamamos el
establecimiento urgente y sin más demora de mecanismos que detengan
esta sangría social, a la que los Secretarios Judiciales asistimos
diariamente", remarca.
Por otra parte, la organización se muestra
favorable a la regularización de la dación en pago de manera que, al
menos, pueda extinguirse la deuda en los casos "más sangrantes", si la
vivienda hipotecada es la habitual y la única del deudor y la
imposibilidad de pago está acreditada y "no responde a su simple voluntad de no pagar".
Entre tanto, el SISEJ no descarta estudiar ninguna opción que, en el
marco de la legalidad, permita atenuar el daño que se causa diariamente
a cientos de ciudadanos." (Público, 07/11/2012)
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