"Desde Médicos del Mundo están denunciando reiteraramente “el caos
existente tres meses después de la entrada en vigor de la reforma
sanitaria” y el “desconcierto generalizado en su aplicación”, apuntando
por ejemplo a “derivación a pacientes de un servicio a otro, respuestas
contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun
cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a
embarazadas y menores…”.
“La casuística documentada por Médicos del
Mundo a través de su presencia en 12 comunidades autónomas es muy
diversa y refleja perfectamente el caos en la aplicación de este nuevo
modelo sanitario”, advierten.
Sin defensas ante patologías asociadas al sida
Entre los casos más dramáticos que han detectado figuran las denuncias de la ONG en Baleares donde advierten de que “pacientes infectados por el VIH (virus del sida) reciben antiretrovirales pero no el resto de medicación que precisan para otras patologías que padecen por la debilidad de sus defensas”.
Además, “la persona que sospecha que puede
haber contraído este virus no tiene derecho a hacerse una prueba de
forma gratuita”. Así lo denuncia Miguel Reyero, vicepresidente de Metges
del Món, según recoge El Diario de Mallorca.
“Riesgo de un problema de salud pública”
Reyero recuerda que la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró con la entrada en vigor de la reforma sanitaria que los pacientes con sida y oncológicos seguirían recibiendo una atención sanitaria regular, sin embargo, Médicos del Mundo tiene documentados en Baleares unos cien casos en los que vulnera la ley dejando sin asistencia a personas que tienen derecho a ella.
Como ejemplo, apunta casos de tuberculosis en los
que se da la medicación sólo al paciente con la enfermedad y no a las
personas que viven en su entorno, “con el consiguiente riesgo de un
problema de salud pública”.
Los pacientes que necesitan medicación
quedan “al albur de la buena voluntad de un médico o una enfermera que
les facilite de manera irregular los fármacos que precisan”. La
organización lleva meses reclamando al Gobierno balear la puesta en
marcha de la comisión a la que se comprometió para estudiar casos
sensibles de exclusión con el real decreto." (El Plural, 13/12/2012)
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