"Las empresas privatizadas durante las últimas décadas de los sectores
de la energía y las telecomunicaciones siguen acumulando beneficios a
pesar de la crisis y suman hasta 12.177 millones de euros en el último
ejercicio contabilizado, el de 2011.
Si el Estado recuperara el control
de estos sectores, ingresando ese dinero, bajaría el déficit público por
debajo del 3,6 por ciento del PIB que exige la Unión Europea, con lo
que se evitarían los recortes en prestaciones y servicios públicos que
actualmente ahogan a la sociedad española.
Sin embargo, la propia
política europea ha alentado la enorme ola de privatizaciones en España y
el resto de países de la Unión desde 1985 a la actualidad.
Desde la entrada de nuestro país en la entonces Comunidad Económica
Europea el Estado español se ha desprendido de más de un centenar de
empresas públicas, algunas deficitarias, como la textil Hytasa o algunas
factorías de Astilleros, pero la gran mayoría eran rentables, con
auténticas joyas de la corona como Telefónica, Endesa, Repsol, Cepsa,
Gas Natural, Indra, Red Eléctrica, Retevisión, Argentaria o Seat.
Junto a
ello, se han liberalizado progresivamente los sectores eléctrico, de
las telecomunicaciones, de hidrocarburos, del agua y de servicios
postales. Y en la actualidad se están dando pasos hacia la
liberalización y avance del sector privado en la sanidad, la educación y
los servicios sociales.
En el caso de España, la venta masiva de empresas públicas le reportó
al Estado ingresos que le permitieron reducir su déficit por debajo del
3 por ciento que exigía el Tratado de Maastricht para acceder a la
Unión Económica y Monetaria, el euro.
Fue pan para hoy y hambre para
mañana, porque el estallido de la burbuja inmobiliaria, el rescate
público a los bancos y la imposibilidad de devaluar la ya inexistente
peseta ha elevado el déficit público hasta el récord del 8,9 por ciento
del PIB en 2011.
Dado que la propia UE exigía a España, en su estricto
plan de austeridad, reducir el déficit por debajo del 3,6 por ciento en
2013, el Gobierno ha acometido durante todo el año pasado un durísimo
plan de recortes de servicios y prestaciones que viene provocando
protestas masivas de distintos sectores sociales, ante lo que consideran
el derrumbe del Estado del bienestar.
Mientras tanto, la principal compañía privatizada, Telefónica,
alcanzó en medio de la crisis, en el año 2010, el mayor beneficio
obtenido nunca por una empresa española, nada menos que 10.167 millones
de euros. Posteriormente la compañía ha reducido en parte sus ganancias y
ha bajado la retribución a sus altos directivos.
Pero, aún así,
Telefónica es, según diversos estudios, la empresa que mayor desigualdad
provoca entre sus empleados y sus directivos, que cobrarían 103 veces
más, hasta 2,7 millones al año, frente a la media de 26.478 euros
anuales de los trabajadores, como visibilizaban en lainformación.com.
Ahora, la compañía ha nombrado como asesor externo a Rodrigo Rato, ex
ministro de Economía y ex vicepresidente del gobierno de Aznar cuando se
realizó la compañía.(...)
En el último ejercicio contabilizado, el de 2011, las empresas
privatizadas de los sectores de la energía y las telecomunicaciones
sumaron un beneficio de 12.177 millones, encabezadas por Telefónica
(5.403) y seguidas por Repsol (2.193), Endesa (2.191), Gas Natural
Fenosa (1.325), Red Eléctrica (460) e Indra (181).
La antigua
Retevisión, que posteriormente se convirtió en Auna, también
proporcionaba beneficios, pero actualmente se ha integrado en el grupo
Orange, de France Telecom. Si estos 12.177 millones los siguiera
ingresando el Estado, en lugar del sector privado, el déficit público,
que en 2012 preveía el Gobierno fuera del 4,5 por ciento, bajaría al
3,3, por debajo del 3,6 del plan de austeridad europeo, evitando así los
recortes sociales.
Ello permitiría, además, diversificar las fuentes de ingresos del erario
público, haciéndolo menos dependiente del endeudamiento externo y de
las oscilaciones de la prima de riesgo, que marcan el tipo de interés al
cual se nos presta el dinero.
Además, según el estudio realizado por
las investigadores Laura Cabeza y Silvia Gómez, de la Universidad de
Oviedo, el cambio de manos pública a privadas no ha provocado la mejora
en el funcionamiento de todas estas empresas, ni en términos de ventas
ni de inversión ni en empleo, entre otras variables, y solamente la
desregulación estatal de sus sectores, como el caso del eléctrico, o su
control por parte de multinacionales extranjeras mejora su comportamiento." (José Luis Gordillo, Periodismo Humano, Rebelión, 06/01/2013)
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