"El pasado 20 de febrero falleció en el País Valenciano, aquejada de
un proceso gripal, la inmigrante boliviana Soledad Torrico, otra víctima
mortal de los recortes en materia sanitaria a los que se ven sometidos
las personas que proceden de fuera del estado español.
Según informan en un comunicado las ONG Jarit y Sariri, Soledad Torrico se vio forzada a peregrinar
durante casi una semana por centros sanitarios y hospitales del País
Valenciano, sin que el Servicio Valenciano de Salud le dispensara la
atención médica suficiente. Se da la circunstancia de que esta persona
no disponía de tarjeta sanitaria válida “porque ya no cotizaba”, añade
el comunicado.
La gripe que en un inicio padecía esta
ciudadana se complicó al no recibir la atención médica necesaria. “Ni el
inicial reconocimiento médico, ni el seguimiento adecuado ante el
agravamiento de la enfermedad ni, por último, la altísima fiebre que
padecía”, agrega la nota de prensa. Se le negó asimismo una ambulancia
para el traslado a los servicios de urgencia y una cama en el hospital.
“Finalmente, sin fuerzas y atención, Soledad ha muerto cansada de ir de
puerta en puerta”.
En relación con los hechos, las ONG valoran
que Soledad Torrico ha sido excluida del Sistema Valenciano de Salud,
“como muchas personas inmigrantes, por decisión del ministerio que
dirige Ana Mato, una decisión que la Consellería de Sanidad Valenciana
de Fabra se apresuró a cumplir ya el año pasado.
Dijeron que los
inmigrantes tendrían acceso a las urgencias, pero no es verdad, porque
las urgencias están cada vez más masificadas y colapsadas por los
recortes generalizados en toda la sanidad; además, los profesionales de
urgencias están sobrepasados y no pueden prestar ni este servicio ni los
que han de ofrecerse desde los centros de atención primaria”.
Añade la nota de prensa que “recortar en sanidad es recortar en salud, y
aumentar la desigualdad ante la muerte. Quieran reconocerlo o no los
responsables políticos, hay muertos a consecuencia de la exclusión de
miles de personas inmigrantes de la sanidad pública, y también a
consecuencia de los recortes en los servicios públicos, muertes siempre
de personas con pocos recursos nacidas en nuestro país o lejanas
ciudades, y estas muertes son crímenes”. (Enric Llopis, Rebelión, 25/02/2013)
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