"No es verdad que endeudarse haya sido una libre elección", comenzó Ada Colau, "el
mensaje oficial de los gobiernos socialistas y populares era que no
había burbuja inmobiliaria y que la vivienda era la mejor inversión
posible, lo que hizo la población fue seguir su recomendación".
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) enumeró
ante la mesa de Economía del Congreso que estudia la modificación de la
Ley Hipotecaria a todos los "culpables de la estafa de la vivienda": la
administración pública –"la política fiscal desgravaba sólo la compra y
el alquiler se desreguló, lo que crea un mercado inestable y caro"–,
las entidades financieras, las inmobiliarias, las tasadoras que fijaban
precios "absolutamente inflados", y hasta los notarios que no avisaron
de las cláusulas abusivas. Frente a ellos, reivindicó el liderazgo de la sociedad civil, que "fue la que denunció esa burbuja en 2006" y es la que propone soluciones.
La PAH, que cuenta con más de 100 núcleos locales, en cuatro años de
actividad "ha parado 550 desahucios y ha forzado a las entidades
financieras a negociar cientos de daciones en pago y alquileres
sociales".
El Gobierno, con su código de buenas prácticas, apenas ha conseguido 8 daciones en pago e incluso, según su valoración, ha entorpecido la resolución de cientos de casos. (...)
"Venimos a plantear demandas de mínimos frente a un problema que no
puede esperar más: una legislación completamente anómala". El plan de
la PAH es el que recoge su iniciativa legislativa popular (ILP):
dación
en pago con efectos retroactivos (“no nos valen sólo medidas a futuro, hay que dar una segunda oportunidad a la gente afectada”),
moratoria de los desahucios de vivienda única y habitual y deudores de
buena fe (como ya sucede por ejemplo en Grecia) y que las viviendas
vacías acumuladas en manos de entidades financieras se reconviertan en
un parque de alquiler social que cumpla los estándares internacionales
(la ONU recomienda que como máximo se destine el 30% de los ingresos de
la unidad familiar al pago de la vivienda).
“El banco malo es la oportunidad única de crear ese parque de alquiler social”, afirmó, ya que muchas viviendas pasarán a titularidad estatal.
La ILP "tiene el respaldo de un amplio consenso social y se ha superado de lejos el millón de firmas", doblando el medio millón necesario para que llegue hasta el Congreso.
Antes que Colau, la mesa escuchó los argumentos del representante de
la Asociación Española de la Banca, Javier Rodríguez Pellitero, que
defendió la ley hipotecaria actual y motivó una dura interpelación de la
activista:
"Ha dicho que la ley hipotecaria española es estupenda,
decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida... no le he tirado un zapato para poder quedarme, pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle",
en lugar de escucharle en calidad de experto. "Si la gente que nos ha
hundido en la miseria nos dice que la dación en pago no es la solución,
estaremos más convencidos que nunca de que lo es".
Colau ha desmontado los argumentos de Pellitero para oponerse a la
dación en pago: en su opinión, no hundiría el sistema bancario, "ya se
ha hundido él sólo por su pésima gestión". Además, "el problema
de morosidad no es de las familias, sino de las inmobiliarias, a las que
se les está aplicando sistemáticamente la dación en pago ya".
Pellitero también aludió al supuesto peligro de acabar con la "cultura"
de saldar deudas.
"¿Las deudas se pagan? Depende, a las inmobiliarias y
grandes constructoras se les hacen quitas de más del 50% y a algunos
partidos políticos los bancos les condonan las deudas". Además, "las
entidades financieras deben 250 millones de euros en concepto de gastos
de comunidad de sus activos inmobiliarios".
Por otro lado, insistió en que "este país no va a salir de la crisis
si a miles de personas se les expulsa para siempre del sistema, se les
empuja a la economía sumergida porque nadie tiene estímulo para trabajar
si se les va a embargar el sueldo y serán usuarios perpetuos de
servicios sociales".
La dación en pago se sostiene sobre argumentos
estrictamente económicos, por eso está regulada EE UU y "en toda Europa existen mecanismos que suponen de manera directa o indirecta la cancelación de la deuda", según la portavoz." (Diagonal Global, 06/02/2013)
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