“Me dijo que los niños no tenían derecho a un médico porque no son legales”

"María Cristina y Laurentio Ion tosían mucho hace un mes y su tía se preocupó. Cogió a los dos niños rumanos, de tres y dos años respectivamente, y los llevó al Centro de Salud de Yepes (Toledo), pero allí se encontró con el muro del no.

 Según relata la tía de los menores, Micaela Istrate, la administrativa que estaba en la puerta les negó la asistencia, les dijo que los niños no tenían NIE y que si estaban tan enfermos que los llevase a Urgencias, pero que el pediatra no los iba a atender. (...)

Dos semanas después, los niños consiguieron ser examinados por el pediatra. Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, ONG que lleva denunciando sistemáticamente las malas prácticas en la puesta en práctica del Real Decreto Ley 16/2012, tuvo que mediar.  La organización se puso en contacto con la administrativa y le explicó que los menores, aunque sean inmigrantes, tienen el acceso a la Sanidad pública garantizado por ley, explica Micaela.

La presidenta de Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha, Idoia Ugarte, confirma que el caso de estos dos menores es “la punta del iceberg”, pues únicamente en Castilla-La Mancha, la organización ha tramitado más de 200 expedientes de negación de asistencia médica.

 “No se puede tener cifras ni siquiera a nivel provincial, pero es evidente que se está negando la asistencia y que se hace por desconocimiento”, reitera Ugarte. Considera, además, que el hecho de dejar fuera a pacientes tan frágiles supone una “vulneración grave” de las obligaciones contraídas con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero pasa. Es una realidad que los menores, al igual que otros grupos sociales vulnerables como las mujeres embarazadas, tienen en muchas ocasiones dificultades para acceder al derecho de la asistencia sanitaria. Y el problema es el desconocimiento. 

De hecho, a esta ONG le consta que el 30 de enero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) envió una circular interna en la que describía el protocolo a seguir en estos casos y dar “una especie de tarjeta sanitaria a menores y embarazadas”. “Hay mucha desinformación. El personal administrativo no tiene claro cómo ha de actuar ante un caso así y siguen negando la asistencia”, explica la presidenta."         (La Marea, 04/03/2013)