"La dirección utilizará los ahorros para hacer frente al agujero en el
presupuesto mientras se reparten gratificaciones entre los altos cargos
del organismo.
El futuro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está en entredicho... La situación en la que se encuentra la mayor institución científica del
Estado, con 15.000 trabajadores, 6.000 de ellos científicos, no es
nueva. Las altas esferas del propio CSIC, así como parte de los
colectivos en defensa de la investigación pública, llevan más de un año dando la voz de alarma. (...)
Hace un año exactamente el CSIC sufrió una primera situación de
suspensión de pagos, declarada para poder afrontar los desembolsos
ineludibles, como las nóminas de sus trabajadores. Entre los científicos
se comenta que la situación únicamente pudo salvarse “por un crédito que concedió una conocida empresa de grandes almacenes”.
Según fuentes sindicales, el CSIC ha perdido 1.200 de sus trabajadores en 2013
y sufre las consecuencias de la tasa de reposición del 10% respecto a
las jubilaciones, lo que está produciendo un envejecimiento acelerado
del personal científico, siendo la edad media de los investigadores de
52 años, siete años mayor que en 1980.
El plan de viabilidad para la institución concluye que el presupuesto para 2013 tiene un agujero estimado de 150 millones.
Cincuenta millones saldrán del plan de ahorro, que supone el cierre
temporal de centros de investigación o su apertura, en los meses de
verano, con la climatización apagada e indicaciones de contención
energética desde la dirección de los centros, “evitando encender luces
innecesarias, subir en el ascensor y control estricto sobre el encendido
de aparatos electrónicos y científicos”. Los otros cien millones deben
ser aportados por una dotación presupuestaria que el CSIC reclama al
Gobierno desde diciembre de 2012.
Ante los problemas de liquidez actuales, ya han sido adelantados los
fondos del consejo destinados a cubrir el último trimestre del año en
curso. “En octubre, o ha llegado el crédito presupuestario de cien
millones, o ya no tendremos nada”, aseguró Lora-Tamayo. En su
intervención, el presidente afirmó que “hay peligro de cierre de la institución”.
No obstante, contrapuso unas declaraciones del ministro de Economía,
Luis De Guindos, en las que aseguró hace unos meses que no dejaría caer
al CSIC, pero que por el momento han tenido una escasa materialización.
Si bien el 2 de julio el Gobierno aprobó un crédito extraordinario de 25
millones para el CSIC que cubriría una primera parte del agujero del
CSIC, en la Secretaría de Estado de I+d+i ya no se habla de subir hasta
los 100, sino sólo hasta 75 millones. “Con los ajustes que está haciendo
el CSIC internamente, los 75 millones esperamos que sean suficientes”,
comentó el 8 de julio un portavoz el portavoz de la Secretaría de
Estado.
En su discurso ante los directores de centro, Lora-Tamayo anunció la
intervención y bloqueo de los ahorros de los centros de investigación y
proyectos de investigación anteriores al año 2012. La medida pretende
tomar una imagen global de las finanzas del consejo y, en base a ella,
aportar liquidez a aquellos centros que lo necesiten, a fin de mantener
activo el CSIC en su totalidad.
Se toma haciendo “tábula rasa”, en palabras de Alberto Serrano, secretario general de la institución,
y basando la distribución de dinero únicamente en función de las
necesidades, sin tener en cuenta las diferentes actuaciones que cada
centro pudo realizar para conseguir esos remanentes, las medidas de
ahorro tomadas o el disfrute de ciertos programas de financiación
científica.
“Cualquier remanente que esté registrado en las cuentas
internas de los institutos, correspondiente a ingresos previos a 2012, y
que no se encuentren comprometidos, deberán cancelarse, dejando de
estar disponibles para futuras ejecuciones de gasto”, declaró Serrano.
La medida, que pretende salvaguardar la integridad del CSIC, podría
provocar la debacle en el interior de los centros de investigación. El “corralito” se produce sobre fondos que se utilizan para cofinanciar programas científicos
de gran valor, como es el programa Ramón y Cajal, dedicado a repatriar y
retener en el Estado a jóvenes investigadores.
La medida tomada desde
la cúpula del CSIC se justifica en base al estatuto de la agencia de
investigación, que “atribuye a su presidente la función de administrar
los créditos para gastos de los presupuestos del CSIC”, siendo el
presidente el encargado de “la ejecución del presupuesto de la agencia”.
Las reacciones en los centros de investigación no se han hecho
esperar, una ola de indignación recorre los institutos y los correos
electrónicos echan humo. Varios directores de centros han expresado su disconformidad con la medida.
“Una gran multitud de directores y gerentes de los centros hemos estado
en contacto para tratar de llevar a cabo una acción coordinada ante el
CSIC”, se afirmaba desde la dirección del Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), uno de los mayores institutos del Consejo.
La
dirección del CIB expresó que “no puede estar de acuerdo con las
instrucciones recibidas, ya que no permite cumplir con las obligaciones
adquiridas para la adecuada ejecución de proyectos y contratos” y
anuncia la suspensión de pagos externos: “Los proveedores serán, en este
caso, los damnificados, ya que hasta que no tengamos liquidez no
podremos realizar los pagos”.
Los planes de ajuste y el “corralito” hacen plantearse a los
investigadores una “economía de guerra”. Según José Luis García,
investigador del CSIC, “podría darse el caso de tener que reciclar
materiales fungibles, podríamos llegar a tener que limpiar materiales de
plástico –ahora desechado–, pero corremos el peligro de no poder
afrontar la compra de esos materiales a reutilizar, ya que tenemos
cortado el gasto”.
En medio de este panorama económico, en el CSIC ha surgido una agria
polémica que ha hecho explotar la indignación en los centros de
investigación. El presidente del CSIC reparte a dedo una cantidad cercana a 600.000 euros entre los funcionarios de más alto nivel,
entre los que se encuentran los tres vicepresidentes y el secretario
general, en concepto de “servicios extraordinarios, fuera de la jornada
laboral”.
Según CC OO, “estas gratificaciones, aunque legales, se
realizan de manera opaca, sin capacidad de verificación externa”, por lo
que no es posible conocer, salvo a través de las nóminas de los
agraciados, quién recibe exactamente la gratificación y en qué cuantía.
El sindicato ya consideraba en 2012 que “no parece de recibo que en un
año como éste se repartan gratificaciones de una manera poco
transparente.
El contexto económico no aconseja que se destinen partidas
presupuestarias para retribuir a un número muy limitado de trabajadores
por labores extraordinarias, no contraviniendo nada el trasvase de la
partida para otros fines”, como pudiera ser la contratación de nuevo
personal.
Las mismas personas que retienen los ahorros a los centros de investigación,
que piden el adelanto de partidas presupuestarias, que anuncian que “en
octubre no tendremos nada”, no vacilan en repartirse tales cantidades
entre los trabajadores de más alto rango con sueldos que pueden rondar
los 6.000 euros mensuales. Se retribuye a estas personas con un dinero
que podría ser destinado a otro gasto en personal, como, por ejemplo, en
nuevas contrataciones." (Diagonal, 11/07/2013)
‘Corralito’ al grafeno
“Con los fondos bloqueados que, en teoría, están comprometidos para
realizar una investigación, si no vamos a disponer de ellos,
difícilmente se puede hacer”, resume la situación Francisco Guinea,
físico teórico del CSIC especialista en grafeno.
La decisión de Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, de recurrir a los ahorros, los remanentes de los grupos de investigación, para afrontar la dramática situación económica ha caído como una bomba en los equipos de investigación más competitivos, los que más contratos con las empresas y más financiación consiguen.
“Cuantos más proyectos más te afecta este corralito que no te deja usar unos fondos que tenías comprometidos con unos objetivos”, continúa. “Con esta medida parece que se trata de incentivar, precisamente, que no busques proyectos, que no te metas en estos problemas, porque así vives más tranquilo”.
De toda la financiación de investigación, la institución a la que pertenece el científico retrae una cantidad para cubrir gastos corrientes. Es una práctica generalizada. “Pero la nueva medida pretende cubrir con buena parte de la financiación de la investigación gastos que no tienen que ver con los proyectos”, dice.
“Soy coordinadora del programa insignia de la UE sobre grafeno, en octubre llegará el dinero para los primeros 18 meses y tendríamos que ponernos a trabajar, pero con la tesorería del CSIC…
No sabemos, hay una gran zozobra, y también tenemos contratos con empresas, ¿qué les digo?”, explica Mar García Hernández, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid. Habla con angustia de la “inseguridad jurídica flagrante” en la que se han quedado los investigadores a raíz de la decisión del presidente de la institución.
“Con el límite de gasto que ahora nos han asignado para el instituto solo se pueden cubrir los contratos activos. La situación es desesperada. Este trabajo, que venía siendo heroico en los últimos años ahora, con la situación dantesca que se plantea… a lo mejor no tiene solución”, añade amargamente García Hernández, directora del Laboratorio de Magnetismo y Magnetotransporte en dicho instituto." (El País, 09/07/2013)
‘Corralito’ al grafeno
La decisión de Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, de recurrir a los ahorros, los remanentes de los grupos de investigación, para afrontar la dramática situación económica ha caído como una bomba en los equipos de investigación más competitivos, los que más contratos con las empresas y más financiación consiguen.
“Cuantos más proyectos más te afecta este corralito que no te deja usar unos fondos que tenías comprometidos con unos objetivos”, continúa. “Con esta medida parece que se trata de incentivar, precisamente, que no busques proyectos, que no te metas en estos problemas, porque así vives más tranquilo”.
De toda la financiación de investigación, la institución a la que pertenece el científico retrae una cantidad para cubrir gastos corrientes. Es una práctica generalizada. “Pero la nueva medida pretende cubrir con buena parte de la financiación de la investigación gastos que no tienen que ver con los proyectos”, dice.
“Soy coordinadora del programa insignia de la UE sobre grafeno, en octubre llegará el dinero para los primeros 18 meses y tendríamos que ponernos a trabajar, pero con la tesorería del CSIC…
No sabemos, hay una gran zozobra, y también tenemos contratos con empresas, ¿qué les digo?”, explica Mar García Hernández, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid. Habla con angustia de la “inseguridad jurídica flagrante” en la que se han quedado los investigadores a raíz de la decisión del presidente de la institución.
“Con el límite de gasto que ahora nos han asignado para el instituto solo se pueden cubrir los contratos activos. La situación es desesperada. Este trabajo, que venía siendo heroico en los últimos años ahora, con la situación dantesca que se plantea… a lo mejor no tiene solución”, añade amargamente García Hernández, directora del Laboratorio de Magnetismo y Magnetotransporte en dicho instituto." (El País, 09/07/2013)
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