"Justo cuando el Banco de España se descuelga con la idea de que haya
trabajadores que cobren por debajo del salario mínimo profesional (645,3
euros), otras voces reivindican la introducción de una renta básica
garantizada de carácter universal. O sea, unos ingresos mínimos para
garantizar una vida digna que recibirían todas las personas por el
simple hecho de existir.
La idea, que empezó a analizarse con detalle en círculos académicos a
mediados de los años ochenta, dio un gran paso en 1986, cuando se creó
la red mundial Basic Income Earth Network, que agrupa a economistas,
políticos y activistas de decenas de países. En España está viva desde
2001 y trabaja con el nombre de Red Renta Básica (RRB).
Y en Europa
diversas organizaciones se han propuesto recoger un millón de firmas
para pedir a la Comisión Europea que elabore un estudio de viabilidad.
Sus defensores sostienen que es factible y que sería la mejor manera de
desterrar la pobreza. En el otro extremo, los detractores de la medida
cuestionan no solo que sea posible financiarla sino, además, que resulte
deseable desde el punto de vista económico, social e, incluso, moral.
La RRB define esta renta básica como un ingreso que paga el Estado a
cada ciudadano de pleno derecho. Se abonaría con carácter universal,
independientemente de los ingresos, ahorros o propiedades del ciudadano.
Y no supondría la supresión de otras prestaciones públicas. Un modelo
que, a priori, solo podrían implementar las sociedades más ricas. (...)
En un país como Suiza se calcula que implantar una renta básica de
2.500 francos (unos 2.000 euros) costaría en torno a 200.000 millones de
euros (un tercio de la riqueza nacional). Es decir, que podría llegar a
financiarse. Sin embargo, además de dinero hace falta voluntad política
y ciudadana. Y ambas cosas están ausentes.
Según Samuel Bendahan,
economista de la Universidad de Lausanne (Suiza), “en caso de que
hubiera un referéndum es muy improbable que los suizos aceptaran, porque
temen que esta medida arruine la economía del país [al detraer muchos
recursos para este fin]”. “El miedo es un factor muy presente en los
suizos cuando tienen que tomar decisiones políticas”, señala Bendahan,
quien defiende la viabilidad de la renta básica, “aunque sea en cuantías
pequeñas”.
Katja Kipping, presidenta del partido alemán Die Linke (La
Izquierda), también es una firme defensora de esta propuesta en el
Parlamento germano. En su opinión, “la renta básica universal es una
utopía real”. Y debe ser “uno de los pilares para una nueva Europa
social y democrática”.
La implementación de un ingreso universal de este tipo tendría
enormes implicaciones en el tejido económico de un país. La más obvia a
la que los expertos apuntan es que mucha gente optaría por dejar su
actual puesto de trabajo. Bendahan lo reconoce, y asegura que es algo
positivo: “Si hubiera una renta básica que cubriera lo esencial, la
gente no tendría que optar por trabajos que detesta”.
Un mal de muchos
que el economista define como “una forma moderna de esclavitud”. En su
opinión, esto transformaría radicalmente el mercado laboral porque los
empleos más desagradables y que nadie desea pasarían a estar muy bien
remunerados. Además, se podría pedir a los ciudadanos que, en aras del
bien común, ejerciesen algunas labores especialmente difíciles, como
algunas relativas a la defensa o la seguridad.
Barbara R. Bergmann, profesora emérita en Economía de la Universidad
de Maryland, anota otra derivada que considera positiva: “Los países
ricos necesitamos frenar el crecimiento económico para tener derecho a
pedir a las naciones más pobres que limiten sus emisiones
(contaminantes).
La renta básica universal puede funcionar como una
forma de compensar la caída de ingresos de los ciudadanos en los países
desarrollados”.
En opinión del escritor y activista leonés Ramiro Pinto “la renta
básica sería a la economía lo que el voto es a la democracia”.
Pronunciamientos teóricos que probablemente apoyarían muchos ciudadanos,
pero que son difíciles de aterrizar en un modelo económico concreto.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (agrupados en el colectivo Gestha,
que reúne a 8.000 profesionales y que en la práctica funciona como un
gabinete de estudios fiscales) ha echado cuentas para intentar averiguar
si la idea sería sostenible vía impuestos en España. Y no parece fácil.
Según explica José María Mollinedo, secretario de Gestha, “la renta
básica universal debería evitar la pobreza material y proporcionar la
oportunidad de participar en la sociedad.
Esto significa que tendría que
estar, como mínimo, al nivel del riesgo de pobreza según los estándares
de la Unión Europea”. En España, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) calcula que el umbral de la pobreza el año pasado se situaba en
7.508,6 euros. Esa sería, pues, la cantidad anual que debería garantizar
el Estado a todos los habitantes. ¿Una quimera?
Con la actual arquitectura impositiva del país, los números no salen.
Al menos a Gestha. Financiar esos 7.508,6 euros para todos costaría a
las arcas públicas 353.351 millones, una cantidad muy por encima de los
ingresos vía impuestos (210.712 millones) recaudados por el Estado y las
comunidades autónomas. ¿Y si fuese una renta básica limitada solo a
quienes están por debajo del umbral de la pobreza? Los técnicos de
Hacienda creen que esto tampoco sería posible, salvo en algunas
comunidades.
Navarra y el País Vasco sí podrían garantizar esa renta a sus
conciudadanos más desfavorecidos. Primero, porque estos territorios
tienen una tasa menor de riesgo de pobreza y, en segundo lugar, gracias a
sus regímenes forales. El porcentaje total de tributos que habría que
dedicar a tal fin parece, de hecho, asumible: un 12,9% en Navarra, 13,5%
en Álava, 14,1% en Bizkaia y 15% en Gipuzkoa.
En el camino hacia una mayor redistribución de la renta, Cataluña es la que maneja una propuesta más avanzada. (...)
El objetivo que plantean es financiar una renta básica de 7.968 euros
anuales (indicador oficial de “suficiencia económica” establecido por
la Generalitat, que es algo superior al umbral de la pobreza) para los
adultos y de 1.594 euros para los menores.
Según sus cálculos, la
población sujeta a tributación por el IRPF (directa o indirectamente el
80% de los catalanes) debería pagar un tipo único nominal del 49,58%,
pero solo sobre los ingresos obtenidos al margen de la renta básica
universal. La combinación de un tipo único y una renta básica da lugar a
un modelo “altísimamente progresivo”, apunta Daniel Raventós, en el que
pagan más quienes más ingresan.
Veamos dos ejemplos. Una persona gana 7.968 euros de renta básica al
año y cobra 25.000 euros anuales. En este caso, tributaría al 49,58%
solo sobre 25.000 euros. Si añadimos la renta básica se ve que ha pagado
a un tipo efectivo (real) inferior a ese 49,58%. Pero si gana 500.000
euros en vez de 25.000, ambos tipos, nominal y efectivo, son muy
parecidos.
Según Raventós, “la manera de financiar la renta es a través de la
reforma del IRPF y el ahorro que suponen las prestaciones que se
suprimen. Y en ningún caso se toca un euro de partidas como educación o
sanidad”. “Además”, añade, “la mayoría de la población saldría ganando
respecto a la situación actual. Solo entre un 10% y un 15% de las
personas más ricas perderían con esta propuesta de reforma.
Y entre un
70% y un 80% de la población situada en los niveles inferiores saldría
ganando. Dicho de otra manera: habría una gran redistribución de los
sectores más ricos al resto de los ciudadanos”.
Otra derivada sería que su aplicación eliminaría —escribía Daniel
Raventós en El diario.es— todos los subsidios condicionados (por
ejemplo, las rentas mínimas de inserción) que existen en nuestras
comunidades autónomas, reduciría costes administrativos, racionalizaría y
ordenaría las prestaciones, pensiones y rentas que actualmente
funcionan (con cuantías por debajo del umbral de la pobreza) y que son
un verdadero laberinto burocrático. Además, a menudo estas prestaciones
son incompatibles con otras fuentes de ingresos (...)
provenientes del trabajo asalariado. Por esto, la renta básica
superaría las conocidas “trampas de la pobreza y el paro”, que dan por
sentado que al no ser acumulativas las fuentes de renta, las personas no
tienen mucho estímulo para acceder a un puesto de trabajo si esto
representa la pérdida de la prestación.
Planteamientos como este parecen difíciles de materializar,
especialmente en un momento en el que las arcas públicas arrastran
importantísimos déficits. Pero hay quienes sostienen que sí es factible
implementar alguna variante menos ambiciosa. En concreto, la llamada
renta garantizada de ciudadanía, que aspira a asegurar una prestación
económica a toda persona que tenga unos ingresos inferiores al umbral de
la pobreza." (El País, 07/07/2013)
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