200 terremotos y el pánico ciudadano no logran que los políticos paren el proyecto Castor

 Florentino Pérez

"Nosotros hemos podido desencadenar los terremotos antes, pero esta falla es de las que cada 50.000 años se rompe, se genera la tensión y después vuelve a formarse de manera natural”. Así se expresa Recaredo del Potro, el ingeniero contratado por Florentino Pérez (ACS-ESCAL-UGS) y que tiene claro que si el proyecto sale mal, los ciudadanos tendremos que pagarle 3700 millones de euros gracias a los suculentos contratos públicos firmados por diez ministros de PP y PSOE. Si sale bien, en cambio, el dinero será todo suyo.

Si el Estado rompe el acuerdo que a Florentino tanto le costó conseguir y para el cual se ganó las influencias de esos diez ministros de PP y PSOE, la indemnización será sufragada por los usuarios del gas a través de la tarifa porque Castor recibe como retribución financiera y amortización de la inversión 180 millones de euros al año y otros 70 millones por el almacenamiento y el gas colchón inicial que necesita (y que paga el Estado y no la empresa). En total, 250 millones cada año. 

 “Son costes del sistema que se incluyen en el recibo y deben compensarse vía ingresos para no incurrir en déficit, un desequilibrio que ha terminado por colapsar el sistema eléctrico y que empieza a tocar de lleno al gas“, según el periodista Agustín Marco.

Tan leonina contrata pública, vigente hasta el año 2038 pero revocable por la falsedad documental que supone la evidencia del riesgo sísmico, ha sido avalada por diez ministros de PP y PSOE. Con su firma, dieron luz verde al “proyecto Castor”, la enorme bolsa tectónica que pretende almacenar gas frente a las costas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

La autorización provisional se suspendió el 26 de septiembre, al detectarse más de 200 seísmos tras una potente inyección de gas en el subsuelo, pero el ministro José Manuel Soria quiere seguir con Castor adelante “cuando amaine la tempestad”, según ha hecho llegar a sus diputados del Grupo Popular y al portavoz socialista, el también canario José Segura, uno de sus más fieles aliados, según fuentes parlamentarias.

La estrategia ante la opinión pública que sigue el ministro Soria es clara: no se puede revocar el contrato con ACS porque es “legal” y fueron los socialistas los que no obligaron a la empresa a realizar estudios sísmicos para emprender sus prospecciones. Sin embargo, Soria oculta que la primera concesión firmada en 1993 la otorgó su antecesor en Industria, Josep Piqué (PP).

Esta primera concesión alude expresamente a la necesidad de realizar estudios sismológicos que disipen los riesgos de terremotos. Pero fueron tantas las presiones políticas para que ACS lograse esta concesión que incluso se involucró al Ministerio de Defensa para que considerase el “proyecto Castor” como de “interés estratégico nacional”.

El resultado es concluyente: pese a las maniobras de distracción de los políticos responsables, hoy del PP y antes del PSOE, el “proyecto Castor” seguirá adelante, con o sin terremotos. Tampoco lo frenará el pánico ciudadano: los 1700 millones de euros de su coste que se están repartiendo políticos y empresarios pesan más.(...)

 Dentro de estas maniobras de distracción y engaño al ciudadano, se encuentra la reciente declaración del presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), quien ha anunciado acciones legales “contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010″. 

Moliner mencionó los nombres de Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto, aunque no citó los de José Montilla y Carmen Chacón, que también tuvieron una participación directa en el mismo.

Moliner también se “olvidó” de los otros cuatro ministros del PP que avalaron con su firma esta peligrosa iniciativa energética: Josep Piqué, Anna Birulés, Rodrigo Rato y José Manuel Soria. “Espía en el Congreso” está en condiciones de proporcionar la lista completa con los diez ministros afectados que, en caso de terremoto destructivo o cierre del proyecto, tendrían que responder con su patrimonio por haber rubricado los permisos a la empresa ACS-ESCAL-UGS."                 (Un espía en el Congreso, 09/10/2013)