"(...) A principios de 2012, y después del recorte presupuestario del 10%
durante el año anterior, el consejero Boi Ruiz admitió en rueda de
prensa que durante ese último año las listas de espera en Cataluña se
habían disparado un 42,1%, si bien matizó que buena parte de ese
incremento se debía al envejecimiento progresivo de la población.
El
consejero negó mala gestión en patologías urgentes, a pesar de que un
40% de pacientes con cáncer tuvo que esperar más de 30 días para iniciar
el tratamiento.
Ruiz, en esa misma rueda de prensa, anunció la reforma de la gestión
de las listas de espera; cosa que no se hizo esperar. Poco tiempo
después se crearon unas comisiones territoriales con la supuesta
finalidad de "uniformizar y reducir la variabilidad clínica", cosa que,
en la práctica, consigue retrasar la entrada de los pacientes en los
registros oficiales y, en consecuencia, reducir su número y el tiempo de
espera.
¿Que cómo se hace? Bien sencillo: no se incluyen a los pacientes que
tienen pendiente alguna exploración complementaria (analítica
preoperatoria, placa de tórax o electrocardiograma preoperatorio) o se
exige para ser incluido en la lista un grado muy avanzado de la
patología (por ejemplo: una mayor pérdida de visión en pacientes con
cataratas que la que antes era exigible para ser incluido).
Según los datos publicados por la Consejería de Salud, entre
diciembre de 2011 y diciembre de 2012, el tiempo medio de espera de los
pacientes intervenidos aumentó en un 35,7%: más de un 35% en un sólo
año. En ese mismo período, en siete de las catorce intervenciones que
tienen legalmente garantizado un tiempo de espera máximo de seis meses,
se había superado ampliamente ese límite.
Ante la polémica generada por los resultados facilitados del primer
semestre de 2012 y viendo los resultados que se avecinaban del segundo
semestre de ese mismo año, la Consejería decide que los datos de ese
segundo semestre se basarán en un nuevo parámetro: tiempo medio de
espera de las personas pendientes de ser intervenidas, que es un dato
distinto, pero mucho más favorable para maquillar los resultados, que el
del tiempo de espera realmente transcurrido hasta ser intervenido el
cual, en ese semestre, se había incumplido en las catorce patologías
garantizadas.
Mientras que el parámetro que facilita la Consejería es un
futurible y, por tanto, incierto, el tiempo que han estado los
pacientes esperando a ser operados es lo que refleja la realidad de lo
sucedido. Y la realidad es, precisamente, lo que no se quiere dar a
conocer.
Para completar el escenario de transparencia informativa, la
Consejería elimina los datos del histórico anterior de las listas de
espera de su página web: ninguna posibilidad de comparación con los
datos previos. (...)
Coincidiendo con el anuncio de nuevos recortes presupuestarios (20%
de disminución para los centros de atención primaria en tres años), y
con la supuesta pretensión de mejorar la eficiencia del sistema, se ha
puesto en marcha un nuevo sistema para disminuir los pacientes de las
listas de espera.
Se trata de desviar pacientes, pendientes de pruebas
diagnósticas o de intervenciones de escasa complejidad, a centros
privados, a pesar de que en los centros públicos de referencia, donde
debería prestarse la asistencia, se dispone de instalaciones disponibles
y de personal cualificado para realizar la misma actividad con igual o
menor coste y, sin duda alguna, con mayor calidad.
Esas derivaciones, que en ocasiones se realizan en lugares muy
alejados del domicilio del paciente y de su centro asistencial de
referencia, permiten aligerar la lista de espera puesto que el paciente
es dado de baja de la lista en el momento en que se le comunica la
derivación, con independencia de que la acepte o no.
En algunos centros
públicos se ha llegado a proponer a sus gerentes la posibilidad de que,
además de derivar a los pacientes y con la excusa de que no pierdan el
contacto con sus médicos de referencia, sean estos mismos profesionales
los que también se desplacen al centro privado para atenderles, dentro
de su horario de trabajo y con retribuciones a cargo del presupuesto del
centro público.
Ni más ni menos que lo que se pretende que hagan los
médicos del Hospital Clínico respecto al Sagrado Corazón gestionado por
IDC Salud (CAPIO).(...)" (Crónica Global, Carme Pérez, Miércoles, 2 de octubre de 2013)
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