La ruina de España la causaron no más de 500 personas. Y 20 consejos de administración que se repartieron 77.580 millones robados

"“Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de ahorro desde el año 1996 hasta 2010, tema que está ligado a un rescate financiero que ha llevado al país al colapso”. Son palabras del juez Elpidio Silva, sancionado en lugar de condecorado por haberse atrevido a encarcelar unas horas al banquero Miguel Blesa (Bankia). (...)

la ruina de España la causaron en sus inicios no más de 500 personas y bastaría investigar sus patrimonios para descubrir quienes deben reparar con multas y penas de cárcel los graves delitos de corrupción cometidos. (...)

 Y se sabe perfectamente cuales son los 20 consejos de administración responsables del fraude y como se repartieron los 77.580 millones robados: los 7 de Bankia (22.424 millones en Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia, y Caja Rioja), los 3 de Catalunya Banc (12.052 millones en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), los 2 de NCG Banco-Novacaixagalicia (8.981 millones por Caixa Galicia y Caixa Nova)- las 12 son ahora entidades nacionalizadas- más Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) (14.100 millones), Caja Castilla la Mancha (CCM) (10.300 millones), Caixabank (6.575 millones), Cajasur (1200 millones), Banco de Valencia (1000 millones) y Unnim (948 millones en Caja Sabadell, Terrassa y Manlleu).

 Los nombres de los 500 políticos y banqueros que aún no están entre barrotes son muy fáciles de hallar. Los hay que fueron cargos públicos conocidos, como los célebres socialistas Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla la Mancha).

 Otros son banqueros que se han movido entre las sombras del anonimato, aunque en sus provincias eran auténticos virreyes al que el populacho conocía por sus sobrenombres: Adolf Todó (Caixa Catalunya), José Luis Olivas, alias “El Ruina” y Domingo Parra (Banco de Valencia), Juan Francisco García, alias “El Flaco” y Juan Manuel Suárez del Toro (Caja Insular), Josep Ibern y Jaume Botern (Caja Laietana), Jose Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González (Caja Avila), Manuel Escribano, Miguel Angel Sanchez Plaza y Atilano Soto Rábanos, alias “Milano” (Caja Segovia), Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán (Caja Rioja). 

Y entre todos ellos, el “capo di capi”, Miguel Blesa, quien en connivencia con dirigentes de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT, creó ese monstruo llamado Bankia, aunque después fue destronado por Rodrigo Rato. (...)

Funcionarios del propio Banco de España, que en un acto de gran valentía personal desvelaron un informe sobre el “caso Bankia” que inculpaba a Blesa y que fue ocultado al juez Elpidio Silva, ha estimado que desde mayo de 2009 el bolsillo del contribuyente ha tenido que pagar ya 61.366 millones de euros para cubrir el “agujero” que provocaron estos 500 banqueros. Ese dinero no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades, ni la protección de carteras de activos, ni otros apoyos públicos.

“En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas.

 Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario”, ha escrito el periodista especializado en el sector bancario, Jesús Cacho.

 Incluso altos funcionarios del FROB (entidad del Banco de España) han llegado a anunciar una investigación sobre todas aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. 

A tal efecto, el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” nacionalizadas.

 “Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas municipales, etc.

 En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”, señala un experto en restructuraciones bancarias que coincide con la línea de investigación que exige el juez Elpidio Silva.

 “Multitud de negocietes se han perdido “traspapelados” en las operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. 

 “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”.  (...)

Pero los 10 partidos de las actuales cámaras nunca lo harán: los banqueros se llevaron el dinero a cambio de los “favores” a los políticos que los respaldaban: sabemos de numerosos casos de políticos que no pagaron sus créditos, al igual que los partidos y sindicatos, otros que recibieron sustanciales “rebajas” en los tipos de interés, muchos más “colocaron” a familiares en sucursales y fundaciones bancarias…

Son el “as” en la manga que guardan los financieros si alguno pisa de nuevo la “trena”. De ahí el temor a que, con una nueva composición parlamentaria que deje a los 10 actuales partidos del régimen en minoría, los banqueros encarcelados “tiren de la manta” a cambio de la reducción de condenas y se pueda lograr así la única salida para la recuperación económica y ética de España: “transparencia, reparación y confiscación”. (...)"                 (Un espía en el Congreso, 15/10/2013)