"(...) Thomas Piketty rechaza las anulaciones de deuda debido a que los
acreedores serían en su mayoría pequeños ahorradores, siendo injusto de
que recayera sobre ellos esa anulación, mientras que los muy ricos sólo
habrían invertido una pequeña parte de su patrimonio en títulos de la
deuda pública.
Pero le objetamos que la auditoría de la deuda que
preconizamos no sólo tiene la vocación de identificar la deuda legítima
(es decir la deuda al servicio del interés general) de la que no lo es,
sino también identificar precisamente a los tenedores de esas deudas
para poderlos tratar en forma diferenciada según su calidad y la suma de
deuda que poseen.
En la práctica, la suspensión de pago es la mejor
manera de saber exactamente quién posee y qué posee puesto que los
tenedores de los títulos se verán forzados a salir del anonimato. (...)
Los pequeños tenedores de deuda (que gestionan directamente su cartera
de títulos) sólo representan una ínfima parte de los tenedores de deuda
pública. Con ocasión de la anulación de deudas públicas, sería
conveniente proteger a los pequeños ahorradores que colocaron sus
economías en títulos de deuda pública así como a los asalariados y a los
pensionistas que vieron cómo las instituciones o los organismos
gestores colocaron una parte de sus cotizaciones sociales (jubilación,
desempleo, enfermedad, familia) en títulos de deuda.
La anulación de las deudas ilegítimas debe ser soportada por las
grandes instituciones financieras privadas o las familias más ricas. El
resto de la deuda debe ser reestructurado de manera que se reduzca
drásticamente tanto el stock como la carga de la deuda. Esta
reducción/reestructuración puede apoyarse en particular sobre el
impuesto al patrimonio de los más ricos, como postula Thomas Piketty |3|.
La anulación de deudas ilegítimas y la reducción/reestructuración del
resto de las deudas deben ir a la par. Mediante un amplio debate
democrático se debe decidir sobre la frontera entre los pequeños y
medianos ahorradores, a los que se debe indemnizar, y los grandes, a los
que se puede expropiar.
Entonces se podrá instaurara un impuesto
progresivo sobre el capital, que afecte con dureza a las grandes
fortunas, aquellas del 1 % más rico, que Piketty mostró que poseen
actualmente más de un cuarto de la riqueza total en Europa y en Estados
Unidos |4|.
Esta tasa, cobrada en una sola vez, permitiría terminar de esponjar el
conjunto de deudas públicas. Además, una fiscalidad fuertemente
progresiva sobre los ingresos y el capital bloquearía la reconstitución
de las desigualdades patrimoniales, de las que Piketty cree, con
justicia, que son antagonistas de la democracia. (...)
Si bien no podemos estar de acuerdo con Piketty cuando afirma que la
anulación de la deuda «no es de ninguna manera una solución
progresista», en cambio tiene razón en cuestionar el tipo de anulación
parcial de deudas concebido por la Troika
(Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario
Internacional) para Grecia en mayo de 2012.
Esta anulación ha sido
condicionada por medidas que constituyeron violaciones a los derechos
económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego y que
hundieron aún más a Grecia en una espiral descendente.
Se trataba de un
timo que tenía como fin permitir que los bancos privados extranjeros
(principalmente franceses y alemanes) se liberaran con unas pérdidas
limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a cargo del Tesoro
Público, y permitía a la Troika reforzar su influencia sobre Grecia.
Mientras que la deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en
2009, y el 157 % en 2012 después de la anulación parcial de la deuda,
alcanzó un nuevo pico en 2013: ¡el 175 %! (...)" (Thomas Coutrot, Patrick Saurin, Eric Toussaint CADTM, Rebelión, 06/11/2013)
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