"Privatizar el agua sólo supone un incremento del precio del recibo"

"(...) ¿Mil millones por 50 años? ¿Tiene algún sentido? ¿No da la sensación de que se hipoteca parte del futuro?

 

No tiene ningún sentido una concesión de este tipo, porque además la deuda existente en la gestión y distribución la ha asumido la Generalitat de Catalunya. Los 700 millones de euros que según ellos eran el problema y el origen de la privatización de ATLL no los asumirá en ningún caso la empresa concesionaria, en este caso Acciona.

 Las cargas se repercuten en la ciudadanía, acabamos pagando todos. Las consecuencias sociales de la privatización del agua recaen en la sociedad que debe afrontar un incremento del precio del recibo.

 ¿Qué consecuencias tiene sobre la ciudadanía una gestión privada del agua?

 En este caso, esta privatización afecta al consumo de una región metropolitana con cinco millones de personas, pero fuera de esta zona también se da una privatización. En Girona, la gestión del agua es privada, al igual que en Lleida, mientras en Tarragona, es una empresa mixta controlada por Agbar. 

Antes de la privatización de ATLL ya había un 80% de gestión privada. En este sentido, es importante diferenciar la distribución en alta -desde los puntos de captación, sea cuenca hidrográfica o desaladora, hasta los depósitos municipales-, de la baja distribución, que es la que garantiza que el agua llegue a casa, que es la más visible y que está más sometida al mercado. 

Es ahí donde está el mayor negocio, con importantes márgenes comerciales. En la alta distribución, no se dan estos márgenes de beneficio aunque también pueden llegar a ser importantes. 

 Según todos los cálculos, Agbar conseguirá 3500 millones de euros más de beneficios con el nuevo contrato de Barcelona, ya que desde hace 145 años, Aguas de Barcelona gestiona un suministro sin un contrato firmado. Hay una sentencia judicial que considera que hay una apropiación indebida de un bien público. Hay mucha oscuridad y dejadez en este asunto.

Y suben las tarifas...

 Justo antes de la privatización, se da un aumento del precio del agua de un 70% en la distribución alta, que en principio pagan los ayuntamientos y no los ciudadanos. Cada vez, la gente esta más preocupada con estos aumentos, por ejemplo el último requisito antes de ejecutar un desahucio es el corte del agua. 

Pero en Barcelona, se da la paradoja que la población tiene la percepción que Agbar es pública, y no lo es, un 74% es de la francesa Suez y un 26% de la Caixa. Hacen negocio con un bien público y para evidenciar esto, por ejemplo, se puede ver como todos los beneficios de la empresa repercuten en la factura.

 Se paga dos veces por cualquier concepto, pues muchos ya están amortizados. En el recibo del agua se incluyen todos los gastos de Agbar: fondos de pensiones de los empleados, la flota de coches de alquiler, la iluminación de la Torre Agbar... Todo, de los beneficios no se toca nada.

 A parte del impacto que tiene todo esto, en el medio ambiente, en el mercado laboral, el impacto social de los precios... Pero es que además y para aumentar los beneficios, la empresa realiza ERE's y subcontrata a otras empresas la realización de gran cantidad de actividades.

La gestión del agua es un asunto que no conviene remover. Es una estafa para la sociedad, un negocio brutal con un bien público y unos políticos que lo permiten. Cuando se lleva cualquier asunto relacionado con la factura del agua, la Fiscalía dice que los indicios de delito penal son evidentes, luego se abandona poco a poco y, al final, nunca se instruye nada.

¿Y cómo se llega a esto?

 Es una gente a la que se le permite hacer negocios de forma fraudulenta. Los políticos se ponen una venda en los ojos y toman decisiones en contra de la ciudadanía, del interés general. Sólo se ponen de acuerdo para tomar decisiones que faciliten el negocio a la empresa privada. (...)

¿Hay una justificación económica a la privatización de bienes públicos?

Se ha demostrado que la gestión pública de cualquier servicio o actividad puede ser igual o mejor que la privada que, por ejemplo, dedica mucho menos presupuesto a cuestiones de mantenimiento de infraestructuras. La gestión privada acaba encareciendo los precios en un corto espacio de tiempo y de forma espectacular.

 La privatización de la gestión de ATLL contempla una subida del precio del agua que pagan las suministradoras de entre el 9,3% y del 23,4%, en función de la oferta. La única explicación posible es que algunos se enriquecen con estas concesiones. El sistema de las puertas giratorias.

 Del sector privado al público y luego al privado. El presidente de Agbar venía del Área Metropolitana de Barcelona. Es la forma de poder controlar todo el proceso. Es una manera habitual de proceder aquí. Las carreras de Felipe González, Aznar o Narcís Serra son un ejemplo claro de cómo se actúa.

En Europa, ya se han dado algunas consultas populares sobre esta cuestión. ¿La sociedad debería poder decidir en este tipo de asuntos?

En Europa se han realizado consultas populares, pero por lo general no suelen ser vinculantes. Pienso que seria un avance democrático importante. En Catalunya, algunos ayuntamientos, de poblaciones de tipo medio-pequeño, como la Llagosta o Montornés del Vallés, sin realizar consultas si que están realizando el camino a la inversa y contemplan remunicipalizar el servicio del agua.

Un aspecto que destaca es el aumento enorme de los expedientes de corte de agua. 

El año pasado se realizaron 72.000 expedientes de corte de agua. Casi se triplicó la cifra del 2011, que fueron unos 27.000. Es una consecuencia clarísima de la crisis y de la situación económica de muchísimas familias. Agbar gana unos seis millones de euros al año por este concepto, que evidentemente incluyen como beneficios. Esto nunca debería suceder porque el acceso al agua es un derecho fundamental. (...)"       (Entrevista a Quim Pérez, Público, 25/11/2013)