"(...) Las cantidades que tales mutuas manejan son enormes. En 2010, la
diferencia entre los ingresos y los gastos fue la impresionante cifra de
5.000 millones de euros.
Estos fondos son gestionados por
representantes del mundo empresarial que son también los que, en la
práctica, gestionan los criterios de compensación a los trabajadores y
el criterio de definir si las causas de la muerte, de incapacidad y/o
enfermedad son laborales o no.
Es esta capacidad de definición la que
les da un enorme poder, que hasta hace muy poco no se ha cuestionado.
Estas mutuas señalan que no son ellas, sino el Estado, quien define
tales criterios. Según ellos, lo que la mutua hace es meramente aplicar
la normativa oficial. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Como
resultado de este poder, España se encuentra en una situación única en
los países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo): la de no
haber tenido ninguna muerte debido a una enfermedad por causa laboral en
2000, en 2001, en 2002, en 2003 y en 2004. Y en 2005, por primera vez,
tres personas -según las cifras oficiales aportadas por tales mutuas-
murieron por enfermedades laborales. Este número no ha variado desde
entonces.
En el año 2009 continuaban siendo tres. Ningún otro país de la OCDE
se encuentra ante esta situación de subregistro tan importante de
mortalidad debido a enfermedades laborales. Es una situación que puede y
debe definirse como escandalosa.
En realidad, es muy fácil
calcular el número de muertes que España tiene como consecuencia de
enfermedades adquiridas en el lugar de trabajo. Estos datos pueden
obtenerse extrapolando la experiencia en otros países con poblaciones
laborales parecidas que tengan condiciones de trabajo semejantes a las
existentes en nuestro país.
Según el Grupo de Investigación de Salud
Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, en España se mueren alrededor de
14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el
lugar de trabajo.
Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos
de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades
respiratorias causadas en el lugar de trabajo. Y ninguna (repito,
ninguna) de ellas aparece en el registro oficial de muertes de causa
laboral de tales mutuas, que son las que suministran este tipo de datos.
Esto
quiere decir que las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los
familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios
claramente exuberantes. Aun cuando se definen como entidades sin afán de
lucro, los ingresos entre los dirigentes y gestores de estas mutuas,
así como los pagos por dietas complementarias, están entre los más altos
en el mutualismo español.
Un tanto semejante ocurre con las
enfermedades laborales, que apenas se registran en tales mutuas. Sólo se
registran 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin
baja. Las cifras reales, sin embargo, son mucho más grandes: cerca de
dos millones de personas padecen enfermedades laborales (un 9% de los
trabajadores y un 13% de las trabajadoras).
De nuevo, el ahorro de las
mutuas, basado en este subregistro, es enorme. Su tasa de beneficios
depende de este subregistro y a ello dedican una gran cantidad de
recursos: abogados, “expertos” laborales y otros que constantemente y
diariamente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las
enfermedades y de las muertes. Lamentablemente, no ha habido ningún
canal de televisión público o privado que haya hecho un reportaje
crítico de una de las prácticas más escandalosas existentes en nuestro
país.
Esta situación no es sólo injusta para los muertos y sus
familiares, así como para los pacientes de tales enfermedades, sino
también para la ciudadanía en general, pues es esta la que paga los
impuestos que financian -a través del sistema público sanitario- los
cuidados médicos de tales enfermedades, cuando en realidad debieran ser
pagados por tales mutuas.
Una cifra que puede dar una idea de ello es
que el 18% de los enfermos hospitalarios (estimación muy conservadora
del Observatorio Social de España) tienen enfermedades laborales. El
coste para el servicio público sanitario de atender a estos y otros
enfermos por causas laborales representa un 14% de todo el gasto
sanitario (cifra que, de nuevo, es muy conservadora, pues es más que
probable que alcance el 20%).
Si se corrigiese esta situación y las
mutuas patronales pagaran esta cantidad al sistema público sanitario, el
Estado y el Gobierno de la Generalitat se podrían haber ahorrado los
recortes del 10%.(...)" (Vicenç Navarro, Artículo publicado en Público, en Attac España, 06/05/2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario