Rosa (de espaldas) y Juan, acompañados de miembros de Stop Desahucios, a la entrada a los Juzgados
"Rosa hace una pausa antes de responder y suspira, se
percibe un ligero temblor en su voz. "Me he quedado planchada, aún
tenía algo de esperanza". El Juzgado de Instrucción número 2 de Las
Palmas de Gran Canaria le acaba de imponer una multa de seis euros
diarios durante seis meses por ocupar, junto a su pareja y tres de sus
hijos, todos menores, una casa vacía y en mal estado en el barrio de
Lomo Apolinario, en la capital grancanaria.
La vivienda es propiedad del
BBVA y se encontraba deshabitada desde hacía años tras el desahucio de
sus anteriores inquilinos.
El banco se ha negado a
negociar en la vista previa que ha tenido lugar este lunes. Rosa (38
años) y Juan (45), apoyados por la plataforma Stop Desahucios Gran
Canaria, habían propuesto a la entidad financiera normalizar su
situación con el pago de un alquiler social. Ante la negativa del BBVA,
en las próximas semanas deberá celebrarse el juicio que podría dejar
en la calle a esta familia grancanaria sin recursos.
Rosa y Juan ocuparon el inmueble hace aproximadamente un año. "No
teníamos otra opción", justifica la pareja, que antes de entrar en la
casa se cercioró de que pertenecía a un banco y no a un particular
porque su intención era "no molestar".
Él lleva tres
años en el paro. Antes había trabajado en el sector de la construcción,
como conductor e, incluso, recogiendo chatarra. Tras un traspaso, ella
regenta desde hace dos meses un bazar con el que pretende sacar adelante
a su familia. "De momento es todo deuda, no hay ganancia suficiente.
Hoy mismo tengo que pagar 105 euros a Hacienda", explica Rosa.
La pareja tiene dos hijos en común, uno de seis y otro de tres años.
También vive con ellos una joven de 14 años, fruto de una anterior
relación de Rosa. "Ella es la que peor lo está pasando, porque se entera
de las cosas. Su padre está en Londres y quiere irse con él", afirma.
Su hija mayor, de 16 años, reside con sus abuelos.
Antes de decidir ocupar la vivienda, la pareja vivía de alquiler con
los 426 euros que percibía Juan del subsidio por desempleo. Un embargo
por la manutención de los dos hijos que tuvo con su anterior pareja fue
el golpe definitivo a la maltrecha economía familiar. "No podíamos
afrontar el alquiler. La dueña nos hizo una rebaja, pero tampoco
llegábamos", asevera Rosa.
Tras agotar la prestación,
se quedaron sin ingresos. Después de tocar todas las puertas de las
instituciones en busca de una solución, Rosa y Juan apenas han recibido
ayudas económicas puntuales del Ayuntamiento en este periodo.
A pesar
de ello, han acometido una serie de reformas en la casa para solventar
los problemas de humedades que afectaban también a la vivienda contigua.
"Cuando entramos estaba fatal, muy estropeada. Hemos intentando
mejorarla para pagar un alquiler social, porque el banco no se había
molestado en arreglar los problemas con el vecino", dice Rosa.
Desde la plataforma Stop Desahucios trabajan para evitar que la familia
sea desalojada. Iván Llamazares, miembro de este colectivo, es el
encargado de la negociación con los servicios jurídicos del banco.
"La
primera vez que hablé con ellos los vi receptivos, interesados por el
caso, pero ahora no consigo localizarles. No es una negociación
presencial, ellos están en Madrid, y eso complica las cosas. Si
estuvieran aquí se podría llegar a acuerdos muy justos", sentencia
Llamazares, que remarca que la casa, al estar deshabitada, "estaba dando
pérdidas al banco". (---)" (eldiario.es, 20/01/2014)

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