El coste del rescate a las cajas de ahorro gallegas

"El día 17 de diciembre de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha hecho público el resultado de la subasta para vender Novagalicia Banco. (...)

Con esta operación de venta se consuma un nuevo y escandaloso expolio de fondos, fundamentalmente públicos, únicamente justificado con el argumento de que el resto de las ofertas planteadas por otros bancos y fondos de inversión eran más lesivas para los intereses generales que la que finalmente se ha aceptado.

 Debido al oscuro y turbio proceso de subasta realizado, es imposible saber si el FROB ha elegido o no la mejor oferta para “sus accionistas”, es decir, para los ciudadanos. (...)

Hasta el momento ha supuesto  ya unas pérdidas de 8.780 millones de euros para el Estado, más del doble del recorte realizado por las Administraciones Públicas en educación. (...)

La propaganda oficial parece haber diluido la responsabilidad de la quiebra y del posterior rescate hasta dejarla en lo más parecido a un desastre natural sin culpable penal alguno, ya que, como ha indicado la Audiencia Nacional ante la petición de apertura de diligencias a fin de determinar si los directivos habían incurrido en algún ilícito, “la mala gestión no es delito”.

 Sin embargo, es ineludible la asignación de las responsabilidades en las que han incurrido los diversos participantes en esta ruinosa operación:

1. Los directivos José Luis Méndez López y Julio Fernández Gayoso, máximos responsables de Caixa Galicia y Caixanova durante los últimos años y todos los miembros de los consejos de administración de las cajas, no pueden eludir su responsabilidad por la desastrosa actuación que llevó a sus entidades a la nacionalización. Resulta vergonzoso que las únicas actuaciones penales se hayan puesto en marcha únicamente por la percepción de millonarias indemnizaciones[1], olvidando los efectos de la gestión en los años previos a la fusión, el falseamiento de las cuentas anuales año tras año con el objeto de retrasar el reconocimiento de las pérdidas y la adopción de medidas extremadamente arriesgadas que comprometieron, aún más si cabe, el futuro de sus entidades.

2. Deloitte[2] y PWC[3] supervisaron los estados contables de las cajas antes de la fusión y dieron opinión favorable sin salvedad alguna en sus informes. En ningún momento dieron la voz de alarma ante el deterioro de sus carteras de créditos y las inversiones  excesivamente arriesgadas en participadas. No alertaron de sus necesidades de capital. A partir de la fusión, las cuentas anuales de NCG Banco fueron encargadas a Deloitte que mantuvo idénticos criterios que se han manifestado absolutamente insuficientes para evaluar el estado de compañías que solamente descubren las pérdidas que ocultan en sus balances tras su nacionalización. ¿Para qué sirven entonces los informes de auditoría?.

3. El Banco de España ha protagonizado una lamentable actuación en todo el proceso. En los años de crecimiento desaforado de los balances de Caixa Galicia y Caixanova hizo caso omiso a su obligatoria labor de supervisión y de actuación para evitar la situación de insolvencia de las cajas. Cuando el problema estalló, aunque era plenamente consciente de la profundidad del mismo, actuó de manera claramente insuficiente amparando la nefasta actuación de los directivos de las entidades. Cuando sus inspecciones detectaron las enormes necesidades de capital que ambas cajas de ahorro tenían, optó por autorizar una fusión que no solucionaba el problema de solvencia existente[4].

4. A nivel de política autonómica, las responsabilidades se extienden desde la Xunta de Galicia, que amparó las actuaciones que llevaron a las cajas de ahorro a su quiebra, al resto de fuerzas políticas que se aprovecharon de la deriva de las entidades. No en vano, las cajas constituían una fuente de financiación fundamental para el Partido Popular, el PSdeG-PSOE y en menor medida y a partir de los noventa, también para el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Las fuerzas políticas colaboraron con su silencio a perpetuar comportamientos que primaban los negocios de amigos, socios o donantes de sus formaciones políticas en vez de actuar. La responsabilidad de la Xunta en el proceso de fusión es ineludible ya que forzó una solución que no arreglaba los problemas de las entidades para salvaguardar su control. Eso puso en riesgo aún mayor a la entidad ocasionando un deterioro considerablemente mayor al existente.

• Por último, todo lo anterior no habría sido posible sin la negligente actuación del Ministerio de Economía, especialmente desde 2003 pero que se agudizó en la gestión que de la crisis de estas dos cajas de ahorro ha realizado el FROB. La estrategia política ha consistido en salvaguardar a los acreedores privados de las entidades bancarias en detrimento del dinero público. Eso ha puesto en riesgo los depósitos del conjunto de los ahorradores. El retraso en el reconocimiento del problema y en la recapitalización de las entidades ha agudizado los daños en las entidades nacionalizadas. Por último, el opaco proceso de privatización de la entidad fusionada ha supuesto el reconocimiento de un descomunal expolio de dinero público sin que pueda por esta operación considerarse que la sangría no pueda ser mayor en el futuro.

Había otras alternativas para haber salvado los ahorros depositados en las cajas de ahorros y en NCG Banco y, al mismo tiempo, minimizado el coste para el Estado de este rescate. 

Sin embargo se optó por un proceso de sustitución de acreedores que hizo que el volumen de pasivo soportado de hecho por el Estado fuera enorme e imposibilitando de ese modo otro tipo de actuaciones menos lesivas para los intereses generales. 

Se debieron sanear los agujeros patrimoniales de las quebradas entidades haciendo recaer las pérdidas sobre sus accionistas y, a continuación, sobre los inversores en títulos de deuda de las entidades.  

A continuación y después de nacionalizar las entidades para salvaguardar a los ahorradores, la obligación del FROB hubiera sido gestionarlas adecuadamente dentro del perímetro de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad económica para el Estado y social para los ciudadanos. (...)"              (Carlos Sánchez Mato, Attac España, 05/02/2014)