La deuda ilegítima española se aproxima a los 250.000 millones. Suficiente para no haber sido sometidos al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años

"(...) La mayoría de los análisis que se han hecho a lo largo de la actual crisis sistémica sobre la economía española además de incorrectos están cargados de una profunda ideología. 

Ahora nos vuelven de nuevo a mentir, no hay ningún proceso de recuperación en ciernes, ni lo habrá, mientras no se reduzca de manera drástica, bien por reestructuración o bien por extinción, nuestro volumen de deuda total. Pero no a costa de los contribuyentes, sino de los acreedores y gerencia correspondiente.

 

De nuevo volvemos al origen de la crisis, una brutal deuda impagable, y un sistema bancario insolvente, quien fue quien a la postre la expandió, como un virus, a lo largo y ancho de nuestro país. Mientras, quienes deberían haber actuado como vigilantes, los reguladores, miraban para otro lado. Y llevamos así siete años.

Deuda pública ilegítima

En un su momento ya explicamos que urge identificar qué parte de nuestra deuda pública es ilegítima, cómo y por qué se ha generado. Y una vez identificada, proponer como extinguirla. La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. 

Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción. Técnicamente se considera deuda ilegítima aquella emitida por las Administraciones Públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.

Los cálculos realizados en nuestro país para el período 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años. 

En este sentido, han sido los distintos lobbies oligopolistas los grandes beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor…- actuando en connivencia con el aparato político. (...)"         ( Juan Laborda, Vox Populi, 26/03/2014)