El acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan medios económicos, pues la cantidad pagada nunca se recuperará, ni siquiera si se gana el caso

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"La ONG Rights International Spain (RIS) inicia hoy una campaña informativa denominada #SinJusticia que pretende denunciar las reformas de ley del Gobierno que preside Mariano Rajoy señalando que suponen una regresión para los derechos ciudadanos,  el control de los jueces y el debilitamiento de la Justicia. (...)

A continuación señalan los principales problemas de cada reforma legal.

Ley de seguridad ciudadana desproporcionada

“La reforma sanciona actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a  la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la  libertad de expresión.   Permitirá sancionar tanto a quienes hayan organizado y convocado una  concentración, como a quienes hayan participado en ella con  sanciones  desproporcionadas”, explican.

“Evitar pruebas de abusos”

Entre los efectos indican que “se sancionará solidariamente a convocantes y participantes. Pretende impedir que se grabe o se fotografíe a la policía así como que  se compartan las imágenes, que han sido hasta ahora las únicas pruebas con las que se han podido denunciar abusos cometidos contra los  ciudadanos”.

Reforma del código penal, sin necesidad

Para RIS no hay una necesidad real que obligue a la reforma del código penal en este momento. “Las modificaciones que incluye son desproporcionadas e implican una restricción de derechos de la ciudadanía. Aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son,  como es el caso aquellos incluidos en tratados internacionales que  obligan a España.Criminaliza la protesta social y pone en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Tasas judiciales se pagan sí o sí

“En 2012 entró en vigor la Ley de Tasas que impone el pago de unas cantidades a toda aquella persona que quiera acudir a los tribunales y recurrir una decisión judicial, menos en los asuntos penales. O se paga o uno se queda sin recurso. El acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan medios  económicos, pues la cantidad pagada nunca se recuperará, ni siquiera si  se gana el caso”.

Abogado de oficio, no siempre

Un trabajador podrá ser representado por un abogado de oficio y no  tendrá que pagar tasa, pero si quiere recurrir, entonces sí tendrá que  pagar, explican. “Si ese trabajador no tiene familia y gana menos de 12.780 € al año, ya no podrá beneficiarse del abogado de oficio”.

La justicia gratuita para pocos

La ONG aclara sobre la reforma de la justicia gratuita que “a todos los ciudadanos se les sube aproximadamente un 20% el límite de los ingresos por debajo del cual puede pedir asistencia de un abogado de  oficio. No se hacen cálculos de los ingresos y gastos, sino que sólo se atiende al nivel de renta en términos brutos”.

“Los más perjudicados son los ciudadanos sin familia porque más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo señalado para los que  convivan en pareja, aun sin hijos. Aunque gane menos, tampoco tendrá derecho si tiene “patrimonio  suficiente” (no se dice cuánto es suficiente, más allá de no incluir como tal la vivienda habitual)”, dicen.

Enjuiciamiento criminal sin  acción popular

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denuncia RIS que “elimina de facto el derecho a la acción popular para ’evitar abusos’. El caso Noos, #BlesaAlBanquillo o ‛los papeles de Bárcenas‛ han sido  iniciativas ciudadanas que han ejercido la acción popular ante la pasividad de la fiscalía Gracias a la acción popular, muchas asociaciones también han denunciado  violaciones de derechos humanos, malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad o crímenes contra la humanidad”.

La Fiscalía decide

Destaca RIS: “La reforma deja en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través  del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación de  los delitos. La fiscalía tendría la capacidad de decidir, recibiendo órdenes, si resulta oportuno o no ejercer la acción penal y en contra de quién”.

LOPJ : desconfianza hacia los jueces

La reforma de la Ley orgánica del poder judicial viene motivada en opinión de la ONG “por una desconfianza evidente del Gobierno hacia los jueces porque éstos no han actuado protegiendo los derechos de la ciudadanía (legitimación de escraches, anulación de sentencias contra  manifestantes…).Pretende el debilitamiento del Poder Judicial mediante la eliminación de aproximadamente 1.200  jueces sustitutos, que considera  innecesarios, a pesar del evidente colapso del sistema judicial.

Acabar con la Justicia Universal

En este aspecto les preocupa lo que supone de “limitación del derecho a la libertad de expresión de las asociaciones  de jueces y fiscales y su derecho a participar en la vida pública para  que no critiquen decisiones del Gobierno”. No olvidan los juristas de RIS la reforma de la Justicia Universal “implica que los tribunales españoles ni siquiera podrán investigar delitos de genocidio, crímenes  contra la humanidad y crímenes de guerra aunque haya víctimas españolas”.               (Público, 07/05/2014)