"Catalunya ha liquidado definitivamente su particular fraude piramidal.
Y lo ha hecho con la generosa ayuda del Estado central, ese del que
nada quieren saber sus gobernantes salvo cuando de pagarles las facturas
se trata.
En efecto, el Fondo de Liquidez Autonómico realizó a finales de abril una nueva aportación a
las arcas de la Generalitat con objeto de que esta pudiera hacer frente
al pago de principal e intereses del remanente de bonos patrióticos aún
en vigor. El sueño independentista acapara ya un 42% del total de los
recursos del FLA.
Como
recordarán, estas emisiones se concibieron como una fuente alternativa
de financiación para el ‘Tesoro catalán’. Ante el cierre de los mercados
financieros para España en general y sus regiones en situación
financiera más precaria en particular, y la renuencia de los bancos
a ampliar su exposición crediticia a comunidades autónomas y
ayuntamientos, sus dirigentes, socialistas primero y convergentes
después, decidieron buscar el apoyo de los ciudadanos a través de esta
deuda, concebida fundamentalmente para un público minorista.
En
la colocación contaron con el apoyo de la propia banca, que no dudó en
sangrar al emisor con unas comisiones abusivas. Es lo que se llama hacer
de la necesidad virtud. Y al cliente, pues eso, que le den.
Porque, ya desde el principio, cualquier persona medianamente informada sabía que nos encontrábamos ante una estafa de libro
que sólo se podría sostener en la medida en que, a cada vencimiento, se
captara el dinero suficiente como para liquidarla y mantener el esquema
funcionando (premonitorio este Valor Añadido, "Bonos de la Generalitat, entre la idiocia y la desfachatez",
10-11-2010). En ningún momento fue una posibilidad cierta que se
pudieran generar recursos para amortizarla cuando llegara su término. (...)
Así ocurrió con los dos primeros lanzamientos, de noviembre de 2010 y mayo de 2011, respectivamente.
Los
3.000 millones de euros de la inicial, que ofrecían un 4,75% a doce
meses, para los que hubo más de 230.000 peticiones, se renovaron al año
siguiente mediante entradas por valor de 4.200 millones, en este caso,
divididas en dos tramos de 12 y 24 meses (2.640 al 4,75% y 1.580 al
5,25%).
Los
2.240 millones de euros a un año de la segunda (al 4,25%, que se
complementaron con otros 960 a dos al 4,75%) se abonaron gracias a los
2.300 (1.530 a 12 meses al 4,50% y 780 al 5% a 24) que se captaron en
mayo de 2012, en este caso, año y medio más tarde de su aparición, con
un interés limitado a 100.000 compradores, menos de la mitad.
A
partir de ahí, todas las liquidaciones en tiempo y forma de capital
invertido y rendimiento –noviembre de 2012 y 2013 y abril de 2013 y
2014– han corrido por cuenta del Estado, es decir: de usted y de mí,
ciudadanía catalana incluida.
Lo que nos lleva a la interesante cuestión de hasta qué punto es legítimo
que la Administración abone la extrarremuneración asociada a un riesgo
que llevó a que muchos inversores racionales descartaran estos
títulos como inversión. ¿No hubiera sido más lógico que se
ajustara el retorno finalmente obtenido, al menos, por el coste que
todos vamos a tener que pagar por su rescate? (...)" (El Confidencial, 12/05/2014)
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