"(...) Para colmo de males, se dictó una ley en virtud de la cual los dos grandes monopolios del sector –Enagás (responsable
de las grandes infraestructuras de transporte) y Gas Natural (principal
responsable de los aprovisionamientos y de la práctica totalidad de la
distribución)– tienen garantizada una remuneración a todas sus inversiones con
dinero público equivalente al tipo de interés de los bonos del Estado a
diez años más 150 puntos básicos.
Para conseguir esta monstruosidad,
basta el simple requisito de estar incluidas en un esperpento creado al
efecto en el Ministerio de Industria y denominado “Planificación
Obligatoria”, en el que estas empresas incluyen todas sus inversiones,
empezando por las más disparatadas. Un robo 'legal' a todos los
consumidores.
Todo ello nos lleva a que los españoles tengamos que
soportar unos precios de gas entre los más altos del mundo, y lo que
aún es peor: estamos entrando, como en el sector eléctrico, en una
situación de déficit de tarifa que eleva más todavía los disparatados
precios, que a veces doblan los de nuestros principales competidores
europeos.
¿Cómo narices va a poder competir España con estos países, aun
contando con la deflación salarial salvaje que está aplicando este
Gobierno de despiadados? ¿De dónde saca este Gobierno de tramposos que
las exportaciones pueden ser nuestro futuro, con los precios de la
energía y la financiación más caros del mundo desarrollado? (...)
La causa de que los españoles tengamos que pagar los mayores precios
de la electricidad (incluyendo el déficit de tarifa) no sólo de Europa
sino de todo el mundo desarrollado, los del gas y los de los productos
petrolíferos antes de impuestos, las mayores comisiones bancarias y los
mayores tipo de interés, o el mayor costo de las telecomunicaciones,
está en una sola y única razón: la connivencia entre la oligarquía
política y la empresarial, que ha permitido y permite a estos sectores
esenciales:
- – Recibir a precios irrisorios los activos públicos existentes en dichos sectores, pertenecientes al pueblo español. En concreto, en el 10% de su valor real por término medio.
- – Sustituir los antiguos monopolios públicos con precios regulados por monopolios privados con precios libres. Esto sería de cárcel en cualquier otro país y también en España si la Justicia no estuviera a las órdenes de la oligarquía política.
- – Implantar una legislación según la cual los errores de gestión cometidos por estas grandes empresas, algunas de las cuales están entre las más ineficientes del mundo, no los pagan ellas, sino los ciudadanos.
se traduce en el caso concreto de la industria del gas y la
política gasista que la protege en que no sólo tenemos los precios del
gas entre los más elevados de la OCDE, como ya he dicho, sino en que
además se está empezando a generar un importante déficit de tarifa.
Es
la consecuencia de proyectos políticos disparatados o de errores
garrafales de gestión por parte de los monopolistas, cuyas redes de
transporte y de distribución tienen la tasa de utilización más baja del
mundo. Errores que no pagan ellos, sino que este Gobierno les permite
hacerlos recaer sobre los consumidores.
Los monopolistas Enagás y
Gas Natural han conseguido tener garantizada por ley, como ya se ha
explicado, la rentabilidad de sus inversiones en cualquier circunstancia
(así puede ser empresario hasta el pato Donald), algo tan inaudito que
no existe en ningún otro país. Por eso se han lanzado a ampliaciones
absurdas de capacidad que nos llevan a una infrautilización media de todo el sistema del 70%.
Estas
decisiones políticas y estos errores brutales, que en todo el mundo
civilizado los pagan –como es lógico– las empresas que los cometen, en
la España de la incompetencia y de la corrupción, en la España de la
connivencia entre la oligarquía política y las élites depredadoras, los
pagan íntegramente los consumidores.
Además, la desastrosa
política de abastecimientos debida a la situación monopolista del sector
–algo no sólo permitido, sino fomentado por el Gobierno como moneda de
cambio con el nacionalismo catalán– hace que el precio de compra del gas
por los grandes consumidores a los monopolistas sea cuatro veces superior al precio de referencia para ventas al por mayor en Estados Unidos, el
denominado US Henry Hub Gas Price Benchmark, y un 40% superior al que
vende Rusia a Europa en la frontera alemana.
Y este es sólo el
comienzo del problema, puesto que el precio al consumidor sufre
incrementos brutales al entrar en las infraestructuras de transporte y
distribución, en el que las que las injerencias políticas –que han
obligado a la construcción de instalaciones totalmente innecesarias– y
los errores de los gestores del sector –que este Gobierno, recalco de
nuevo, hace recaer sobre los consumidores y no sobre las empresas que
los han cometido– están generando un nuevo déficit de tarifa que podría
acabar como el eléctrico y por las mismas razones. (...)
Se han construido tal cantidad de instalaciones de regasificación
innecesarias que algunas están casi vacías, y sólo se utilizan unos 15 o
20 días al año por parte de los traders internacionales, para los cuales resultan un chollo increíble, mientras que los restantes 345 días los pagamos los consumidores.
Un
ejemplo concreto es la planta de regasificación de Sagunto, ubicada en
pleno corazón de la industria azulejera (una de las industrias españolas
más competitivas de Europa por su calidad y sus diseños únicos), a la
que abastece.
Esta planta cuesta cien millones de euros anuales y, como
se usa sólo al 25%, los azulejeros tienen que tragarse el coste
completo. ¿Esta es la ayuda que Rajoy y sus secuaces de Moncloa –que me
han 'tomado la matrícula', por decir la verdad– están prestando a
nuestros mejores exportadores? (...)
Mientras, se tira o se pierde el dinero público como si fuera escombro, y
se produce el escándalo del cínico reparto de sinecuras entre los
exdirigentes del PP. Enagás acaba de nombrar de una sola tacada a cinco
altos cargos que fueron ministros del PP, que lo más que saben del gas
es encender un mechero –Isabel Tocino, Hernández Mancha, Ana Palacio, Luis Valero y Gonzalo Solana (este último es el inri: ¡un
expresidente del Tribunal de la Competencia en el consejo de un
monopolio!)–, y ello después de haber nombrado hace unos meses a un hijo
de Marcelino Oreja, también del PP, como consejero delegado. (...)" (Roberto Centeno, El Confidencial, 05/05/2014)
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