"El sistema público de atención a las personas dependientes
registra una tendencia a la baja en el número de personas calificadas
como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para
vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria–
que acceden a las ayudas.
En abril de 2014 (últimos datos disponibles) el número de personas valoradas con grado III, que incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,08% de todas las evaluadas. Eran en total 365.412. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total.
En abril de 2014 (últimos datos disponibles) el número de personas valoradas con grado III, que incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,08% de todas las evaluadas. Eran en total 365.412. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total.
En números absolutos eran 438.682. Es decir, en
junio de 2011 había 73.270 personas más reconocidas como grandes
dependientes que en abril de 2014. Las cifras reflejan que, de media,
cada mes el sistema ha dado cobertura a alrededor de 2.900 grandes
dependientes menos. (...)
Esta caída tiene que ver también con la situación de colapso en la que se encuentra el sistema.
Las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y
que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado
nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a
financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son
capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que
beneficiarios nuevos entran en el sistema.
Algo que resulta
especialmente grave si se tiene en cuenta el abultado número de personas
que no están recibiendo un servicio o prestación que tienen reconocido.
Los datos de finales de abril muestran que en la actualidad hay 184.319
personas en esta situación. (...)
La realidad es que la disminución de personas valoradas con el grado III
resulta provechosa para el Estado en términos económicos porque se
reduce la cantidad de dinero que proporciona a las autonomías.
Hasta el
31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades
por cada dependiente –es el llamado nivel mínimo de financiación– con el
único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta
cantidad dependía de esa evaluación.
Eran 177,86 euros por cada
beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. En un
informe reciente, la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales cifra en entre 16 y 18 millones de euros el ahorro acumulado
por la pérdida de expedientes de grado III entre julio de 2012 y
diciembre de 2013. (...)" (InfoLibre, 25/05/2014)
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