"Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes
grupos políticos a que un mínimo de 50 diputados o senadores lleve a
cabo una impugnación del RDL ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015. (...)
ESCAL UGS, participada en el 66,6% por
la ACS de Florentino Pérez, presentó su renuncia el pasado verano, y
hace poco más de un mes el RDL le garantizó una indemnización de 1350
millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la
hibernación de las instalaciones indefinidamente.
El plazo para el pago
de la indemnización a ESCAL UGS, que debía hacerse con una celeridad
sorprendente para un momento de crisis como el actual (un máximo de 35
días para realizarlo), terminará mañana viernes 14 de noviembre. En la
práctica, se calcula que la cantidad total que asumiría la ciudadanía
podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30
años.
A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales
para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de
operación y administración en los que incurra Enagás, el nuevo gestor de
las instalaciones, y que también se irían aplicando a la factura del
gas.
En un momento de especial fragilidad por
el aumento del desempleo y los recortes sociales, donde la pobreza
energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus
facturas se incrementan todavía más. En el año 2013 se produjeron en
España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago, 86% más
respecto al 2012, y más de 1.1 millones de cortes de suministro
eléctrico por impago, un 24% más que el año anterior.
Si la
indemnización de Castor se incluye en la factura del gas e incrementa
todavía más su importe, en qué situación se dejará a las familias? Su
endeudamiento crecerá, empeorando así su situación económica y afectando
gravemente a sus condiciones de vida. Mientras las empresas
suministradoras de servicios básicos no dan cobertura a toda la
población, se le exige a la ciudadanía responder por un proyecto
impuesto e innecesario.
Organizaciones locales que desde el
inicio alertaron de la opacidad durante todo el proceso, de los peligros
asociados -como el demostrado riesgo sísmico-, o de las irregularidades
administrativas, ven ahora cómo se pretende mantener a flote esta
infraestructura, mientras la ciudadanía cubre con sus costes y riesgos,
como los que podrían desprenderse de la vuelta a la inyección de gas, o
incluso de la extracción de hidrocarburos que el RDL contempla.
La
ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como
la falta de voluntad para explorar opciones energéticas que no sean
fósil-dependientes y que no hipotequen a la población a 30 años. Ante el
contexto socio-económico actual se requiere, más que nunca, que el
dinero público y de la población contribuyente deje de destinarse a
pagar infraestructuras y modelos energéticos que tienen severos
impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio
ambiente. (...)" (PACD)
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