"La sanidad pública madrileña negó unas pruebas médicas a
una inmigrante por exigirle el pago de facturas pendientes tras ser
ingresada de urgencia. La mujer, que padece hepatitis b, ha estado más
de un año sin control sanitario ni tarjeta a pesar de que sufrir una
enfermedad infecciosa grave le garantiza el acceso a la asistencia en la
Comunidad de Madrid. Además, por su precaria situación económica, la
mujer tenía derecho a la tarjeta sanitaria por límite de ingresos.
Adela (nombre ficticio) ha vivido un año y medio con la ansiedad de
quien sufre una patología crónica grave y no tiene cobertura médica de
ningún tipo. En agosto de 2012 caducó su tarjeta sanitaria y en un
centro de salud madrileño le dijeron que ya no tenía derecho a la
sanidad pública en virtud del Real Decreto de 2012 que excluye a
inmigrantes sin cotización, entre otras personas. Acudió a una
aseguradora, que le negó un seguro debido a sus problemas de salud.
Quedó así inerme con el virus de la hepatitis actuando en su organismo.
En diciembre de aquel año acudió a urgencias del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid, de la red pública, "porque no aguantaba más". Llevaba
varios días con fiebre alta y fuertes dolores fruto de la enfermedad.
"Allí me atendieron bien. Me tuvieron que ingresar 24 horas y me dieron
cita para que me viera el especialista porque necesitaba algunos
análisis", relata.
Pero cuando le dieron el alta
hospitalaria, tuvo que personarse en administración. "Dijeron que me
pasarían una factura y que llamase a facturación en los próximos días",
relata. Ella, como no tenía seguro y temía no poder pagar la factura, no
llamó. Acudió a los pocos días al Centro de Especialidades de Avenida
de Portugal –dependiente del Hospital Clínico– para las pruebas que le
habían pedido.
En el mostrador la rechazaron al informarle de que "no
podían atenderme porque tenía una deuda pendiente con el hospital".
Adela imaginaba que la cantidad ascendería a "unos 300 euros o así",
pero la factura que llegó a su casa fue de 2.246 euros, una cantidad que
no ha pagado y que ahora teme que le afecte en una ayuda social a la
que aspira, por tener un hijo a cargo sin ningún ingreso. (...)
La historia de Adela es cúmulo de desinformación y malas prácticas que denuncian las organizaciones sociales
desde que el Real Decreto 16/2012 excluyó de la sanidad pública
normalizada a cientos de miles de personas. El 1 de septiembre de 2012,
más de 700.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria y, aunque la
cifra ha cambiado a lo largo de estos dos años, el Ministerio de Sanidad
no ofrece el número de afectados en la actualidad. (...)" (Laura Olías
, eldiarioes, 10/11/2014)
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