Se debe crear una institución de conciliación para la moratoria o quita de la deuda hipotecaria de las familias

"(...) Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible.

Hoy día, todo lo que implique aumentar las rentas más elevadas y las del capital, que es lo que está sucediendo desde hace tres o cuatro decenios, solo consigue que aumente principalmente el ahorro, puesto que esas rentas son ya lo suficientemente elevadas como para que se haya satisfecho prácticamente toda la necesidad de consumo de quien las recibe. 

Por el contrario, aumentar el consumo familiar es fundamental para lograr que se reactive la economía española porque de él depende una gran parte de la actividad total (60% del PIB actualmente) y, sobre todo, porque el gasto en consumo se traduce en una gran parte en ingreso directo o indirecto para la pequeña y mediana empresa que es la que crea y mantiene cerca del 80% del empleo. 

Y, como es sabido, el gasto en consumo depende en la mayor medida del montante de los salarios.Por tanto, para reactivar el consumo es imprescindible que, en lugar de seguir bajando, aumente el porcentaje de los salarios en la renta nacional y, sobre todo, el de las más bajas que son las que en mayor proporción se destinan al consumo.

En España, los salarios han perdido 15 puntos en su participación en el PIB español desde mediados de los años setenta. Por cada punto que ganasen a partir de ahora, la economía recibiría una inyección adicional de unos 15.000 millones de euros que se convertirían casi totalmente y de forma inmediata en gasto de consumo en las empresas, que así podrían crear empleo. 

Por el contrario, cada euro de mejora en las rentas de capital o en las salariales muy elevadas supone, prácticamente en su totalidad, solamente ahorro que, además, no se aplica en su mayor parte a la economía española.

Es cierto que esa subida del peso de los salarios representaría mayor coste laboral y una
merma de la retribución del capital, pero ni siquiera se puede afirmar que fuese perjudicial
en su conjunto para las empresas puesto que su aumento incrementa a su vez el producto total, de modo que el montante de beneficios podría ser mayor que el de ahora, aunque bien es cierto que mejor distribuidos hacia la pequeña y mediana empresa.

El objetivo de lograr un mayor peso de los salarios en la renta nacional se puede conseguir aumentando los salarios directos pero también los indirectos que se reciben en forma de servicios públicos y los diferidos en forma de pensiones.

Y eso significa que hay que actuar tanto a través de políticas en el mercado de trabajo como de otras redistributivas o incluso sectoriales para aliviar cargas que suponen una merma muy considerable del poder de compra familiar.

Las grandes medidas y líneas de actuación orientadas a mejorar la capacidad de compra de las personas asalariadas y el gasto en consumo, sometido a la restricción de la igualdad y la sostenibilidad, podrían ser las siguientes:

Incremento del salario mínimo y establecimiento de máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es actualmente de 127 a uno.

Derogación de la reforma laboral que no ha servido para crear empleo sino solo para aumentar la desigualad desequilibrando las relaciones laborales a favor de la gran patronal. 

Para garantizar que no baje o incluso que aumente el poder de compra de quienes reciben pensiones públicas es preciso llevar a cabo reformas en el sistema, tanto en relación con los ingresos como lo gastos: incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales o contribuir con financiación de impuestos mientras dure la crisis; revisión de las bases mínimas y máximas de cotización para garantizar que el sistema sea progresivo; aumento de la cotización en regímenes especiales y cotización por ingresos reales en el caso de autónomos y por cuenta propia; eliminación de todos los tipos de discriminación de género y de edad que perviven en el sistema; revisión de la naturaleza de los ERE para evitar que sigan siendo una sobrecarga espuria del sistema de seguridad social (...)

Ley de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo semanal y eliminación de los actuales incentivos a las jornadas largas que son un freno a la productividad y a la conciliación. (...)

Disminución de la carga hipotecaria de las familias que en gran parte se ha producido como consecuencia del poder asimétrico de las entidades financieras.

Al respecto se debería crear una institución de conciliación en la que deudores, acreedores y administración establezcan condiciones para la moratoria, reestructuración o quita de la deuda familiar en condiciones que proporcionen la mayor estabilidad posible al sistema y restituya el daño recibido por las familias en años anteriores.

Fomento de formas de consumo alternativas que promuevan también nuevos tipos de actividades empresariales encaminadas a promover el reciclaje, la reparación y reutilización, la oferta de bienes y servicios compartidos y de procedencia local, la eficiencia energética en el hogar, el transporte colectivo y, en general, orientadas a valor de otro modo lo útil y lo inútil. (...)"                        (PODEMOS, Un proyecto económico para la gente, pág. 47)