"Una veintena de activistas de la PAH pasaron la noche de ayer encerrados
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna (Valencia), en
protesta por el desahucio de Soledad Ceballos, de 27 años y madre de
tres hijos, uno de ellos con discapacidad.
“Ellos hablan de leyes, pero
que tengan un poco más de humanidad”, afirmó la mujer afectada por el
desalojo, quien subrayó, como el resto de “encerrados”, que no
abandonarían el consistorio hasta que a Soledad se le proporcione una
vivienda. El piso del que fue ayer desahuciada esta mujer de etnia
gitana es propiedad de la Generalitat Valenciana.
Soledad llegó al piso donde hasta ayer vivía, ubicado en el barrio de
la Coma de Paterna, sobre las 9 de la mañana. Pasó la noche anterior en
casa de sus padres, en el mismo barrio, ya que ésta se encuentra mejor
acondicionada y poco a poco, ante la amenaza de desalojo, hasta allí
trasladaba enseres y electrodomésticos.
Al llegar a su vivienda
habitual, explica Soledad Ceballos, “la policía había roto la puerta,
cambiado la cerradura, y entrado en el piso a hacer fotografías”. Así,
cuando llegó por la mañana, “me encontré a la policía en la calle, en el
patio y en mi casa”. Además, el desahucio se les notificó, tanto a la
afectada como a su abogado, después de haberse desplegado el dispositivo
policial.
Relata por la noche, a las doce horas de “encierro”
en el Ayuntamiento y cuando los activistas han podido introducir
alimentos y mantas, que aunque algunos agentes le trataron por la mañana
de manera aceptable, uno de los policías le dijo que si no abandonaba
la vivienda le “meterían” en la cárcel y le “quitarían” a sus hijos.
Notablemente cansada por la tensión del día, Soledad reproduce una parte
de la conversación con la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, del
Partido Popular, imputada por presunta prevaricación. “Ésta noche pásala
con tus padres que esto ya lo solucionaremos”, le dijo la primera edil,
a lo que respondió Soledad: “No digas eso y luego me peguéis una patada
en el culo…”. “Me quedaré encerrada hasta que me den una solución”.
La
familia de Soledad Ceballos vive en parecidas circunstancias que la
desahuciada. Además de la precariedad económica, su padre lleva una
década en tratamiento psiquiátrico y una de sus hermanas padece una
parálisis cerebral.
La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas denunció en un comunicado el modo en que se produjo el
desahucio, con un despliegue policial desproporcionado, sin comunicación
con tiempo suficiente o ejerciendo amenazas sobre la afectada en caso
de que se opusiera al desalojo, como la retirada de la custodia de sus
hijos.
Portavoces de la PAH subrayaron asimismo que la afectada ha
estado abonando el pago del alquiler y de los suministros básicos (luz y
agua). Una de las circunstancias más criticadas es que la expulsión se
produce en una vivienda de titularidad pública, propiedad de la Entidad
de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE).
“Echan a la
gente de una vivienda social, propiedad de todos, cuando han de ser las
administraciones públicas quienes garanticen el derecho a techo”,
explica Miguel Pérez, uno de los portavoces.
La afectada, madre
de un adolescente de 12 años aquejado de hiperactividad y dos hijas de 6
y 2 años, ya sufrió hace unos meses un primer intento de desahucio (el
18 de diciembre, después de un juicio rápido por la denuncia de la
policía local y el EIGE). Aquel desalojo fue paralizado por la presión
popular.
El de hoy se ha consumado y, mientras las administraciones
públicas no planteen una “solución habitacional”, se mantendrá el
“encierro”, confirman los portavoces de la PAH. La alcaldesa de Paterna,
que se ha negado a formalizar ningún compromiso por escrito, le ha
comunicado a la desahuciada (verbalmente) que ha de buscar un piso de
renta libre y que después se estudiara la posibilidad de ayudas. (...)" (Enric Llopis , Rebelión, 14/01/2015)
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