"(...) Estas patentes son una manera de
saltarse el mercado, asegurando a las empresas farmacéuticas el poder de
controlar la producción y distribución, con un comportamiento
claramente monopolístico.
El caso más claro es el precio de un nuevo
tratamiento para la hepatitis C, que cuesta nada menos que la friolera
cantidad de 25.000 euros por paciente. En EEUU es 84.000 dólares (unos
63.000 euros) por paciente. Esta situación, por cierto, ha creado un
problema enorme en el sistema penitenciario estadounidense.
Paradójicamente, en un país donde el Estado no garantiza la
accesibilidad a los servicios sanitarios por parte de la población, sí
que lo hace en el caso de los prisioneros en las cárceles estatales (1,3
millones de presos) y federales (200.000 presos). Estos sí que tienen
el derecho a recibir los servicios sanitarios gratuitos, situación que,
repito, no existe para la mayoría de la población estadounidense.
Y un
17% de toda la población en prisión está infectada por el virus que
causa la hepatitis C, que se transmite al compartir las jeringuillas
entre los drogadictos. En realidad, un tercio de todas las personas
infectadas con el virus está en prisión. El tratamiento de estos
pacientes está suponiendo una crisis enorme del sistema penal de aquel
país (ver Margot Sanger-Katz, “Why the Hepatitis Cure Sovaldi Is a
Budgetary Disaster for Prisons”, The New Yor Times, 07.08.14).
Cuando analizamos la causa de que el
precio del Sovaldi sea tan elevado, vemos que tanto el Estado federal de
EEUU como el Estado español garantizan que el laboratorio que lo
produce defina el precio de la medicina, impidiendo por varios años que
otros laboratorios produzcan el mismo fármaco o uno de semejante.
El
mercado no funciona en el sector farmacéutico cuando las patentes son
las que rigen el precio de los productos. La justificación para que el
Estado garantice tal beneficio al productor es que la empresa
farmacéutica tiene que recuperar los costes de haber inventado y
producido la medicina. Es lo que se llama coste de la investigación y
desarrollo de un fármaco.
Ahora bien, dicho argumento debe cuestionarse
en base a la mucha evidencia ignorada en este argumento. Una es que el
coste en investigación y desarrollo del fármaco es mucho más bajo de lo
que indica la propia industria. La evidencia de ello es robusta. En
realidad, Egipto produce el mismo fármaco genérico por 900 dólares (unos
675 euros) y la India va a sacar un producto idéntico por 200 dólares
(unos 150 euros). ¿Por qué el Estado español se gasta tanto dinero por
paciente cuando puede adquirirlo por muchísimo menos?
Se me dirá que la Comisión Europea
(teóricamente el máximo exponente de las teorías neoliberales promotoras
del mercado) no lo permite. Le sorprenderá al lector conocer que la
Comisión Europea, a pesar de su discurso neoliberal, en la práctica se
ve a sí misma como la defensora de la industria farmacéutica europea.
Pero debería saberse que para el Estado español sería más barato pagarle
al paciente español para que se fuera a comprar el fármaco a Egipto o a
la India (viaje y hotel incluido), que no comprarlo en España. Esto es
lo que precisamente Dean Baker, uno de los economistas más interesantes
de EEUU, aconseja al Estado de California que haga: que las autoridades
públicas de aquel Estado les paguen a los pacientes de hepatitis C el
viaje a Egipto (familiares incluidos).
Con ello, dichas autoridades
gastarían 7.000 millones de dólares menos de los que se gasta solo el
Estado de California en comprar el producto al fabricante actual en EEUU
(ver Dean Baker, “Who’s Afraid of Trade? Expensive Drugs and Medicaid”,
Counterpunch, 06.08.14).
Pero más económico que todo ello sería
incluso que el Estado fuese el que investigara y desarrollara el
producto. En realidad, el Estado ya financia la gran mayoría de la
investigación básica que determina el descubrimiento de nuevos fármacos.
En EEUU, los famosos centros de investigación médica (NIH) son los
mayores centros de investigación básica.
Lo que hace la industria
farmacéutica es aplicar este conocimiento básico a su investigación
aplicada, mercantilizándola. Si el Estado financiara también la aplicada
(lo que le significaría doblar la cantidad de dinero en investigación),
se ahorraría muchísimo dinero, pues el precio del producto sería
muchísimo menor.
El hecho de que ello no se esté considerando se debe
única y exclusivamente al enorme poder de la industria farmacéutica, uno
de los grupos económicos más poderosos e influyentes sobre el Estado
tanto en EEUU como en España." (V. Navarro, 12/01/2015)
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