"(...) Ana mide metro y medio y tiene un hombre en casa. El hombre se llama
Juan y mide metro ochenta. La vida les sonríe hasta que llega un ictus
que aparta a Juan de la vida laboral y arrastra a la diminuta Ana a
cuidar de un minusválido que no ha encogido con su enfermedad.
Ana pide las ayudas que un Estado responsable pone a su disposición
en semejante brete. A Juan le dan el grado máximo de dependencia por una
discapacidad del 81%. Según la ley, “la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al
día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o
tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.”
La carta que Ana recibe lo deja claro: “Una vez estudiada la
situación, el programa individual de atención determina que la
dedicación que se necesita ha de ser total.” Eso, otra vez según la ley,
se traduce en más de 160 horas al mes de cuidados constantes. Pero Ana
está sola, tiene sesenta años y trae a su casa de alquiler un sueldo muy
modesto que se suma a la pensión de 400 euros de Juan. (...)
Pero calma. Calma, porque la carta oficial añade una advertencia: “El
pago puede quedar suspendido durante un plazo máximo de dos años a
contar desde el 26 de febrero de 2013”. Este plazo absurdo,
naturalmente, se cumple, y pasan dos años hasta que Ana recibe el primer
pago de 310 euros en febrero de 2015. (...)
Durante esos dos años, los días de Anna son sumamente ordenados.
Dedica más de 160 horas al cuidado de Juan. Hay que hacerlo todo en su
momento, la enfermedad manda, la convalecencia es dura.
El orden del
día, domingos incluidos, incluye meter ese cuerpo inmenso y resbaladizo
en la bañera, acomodarlo en la cama, en el sofá, ponerle la comida,
empujar la silla por el pasillo, servir de bastón secundario en las
horas de rehabilitación, entretenerlo, animarlo, seguir con vida.
Ana se levanta a las seis y trabaja hasta las nueve desde casa.
Entonces lo despierta y es la logopeda que el Estado ya no paga, es la
fisioterapeuta que el Estado ya no paga, también la que lo lleva al
médico con escasez de ambulancias. Se sienta con él delante de la tele e
intenta distraer la tristeza con un léxico reducido a lo esencial.
Cuando lo lleva a la cama y lo arropa, son las diez de la noche y Ana
tendrá que levantarse a las seis. Pero esas tres horas que trabajará
desde casa no le dan para ganarse el pan. A veces ha de salir, buscar
más encargos, reunirse con clientes. A veces incluso tiene el capricho
de descansar.
Cuando por fin llega el dinero, Ana quiere reclamar lo que le deben,
toda esa pasta congelada durante dos años sabe Dios por qué motivo. Pero
cuando va a pedir consejo a los servicios sociales decide rendirse,
porque quien hace la ley hace la trampa y estamos gobernados por
tramposos. Aquí viene lo grande: si reclama, es posible que la ayuda se
congele hasta que se resuelva el brete burocrático, que podría demorarse
dos años más. Aprende, Kafka. (...)
Y entonces se ve obligada a hacer algo le duele: buscar a otra
persona dispuesta a aceptar, como ella, condiciones miserables,
trabajando duro con un enfermo por un sueldo sin contrato, sin seguridad
social. Por supuesto, no puede permitirse ni la cantidad ni la calidad
de ayuda que necesitaría. Quién querrá trabajar por los 250 euros que
ella puede pagar.
Pone un anuncio en Infojobs: “Se busca persona dispuesta a cuidar de
un minusválido tres horas y media todos los días salvo domingos”. Para
su sorpresa, recibe al instante multitud de solicitudes. No sólo hay
gente gente dispuesta a cobrar esa mierda sin contrato ni seguridad
social, sino que los hay capaces de viajar más de 600 kilómetros para
ello. (...)" (Esto es lo que pasa cuando te cargas la Ley de Dependencia, de Juan Soto Ivars en El Confidencial, en Caffe Reggio, 04/02/2015)
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