"(...) Así, pese a que vivimos en un Estado enfermo de corrupción, cuyo modelo
económico se mantiene a flote aferrado al turismo y el ladrillo
–sectores ambos peligrosamente cíclicos–, de estar obligados a confiar
sí o sí nuestras pensiones a un sistema piramidal, de tener que soportar
un desempleo crónico de más del 22%, de contar entre nosotros con un 20% de pobres de solemnidad y otro 23% en el límite de la pobreza, a
nuestros políticos y burócratas les pareció buena idea extraernos
decenas de miles de millones de euros para construir una de las redes
ferroviarias de alta velocidad más caras e imponentes del mundo.
Y a punto de redondear la tropelía en 2015 con un gasto adicional de 3.400 millones de euros,
defienden las bondades de su decisión con la mirada estrecha de las
tablas de datos, el desglose de costes y beneficios, las inversiones y
los retornos, bien sean estos exclusivamente materiales o también
sociales, y mil y un argumentos que, al parecer, quienes vivimos ajenos a
la mecánica celeste del Estado facilitador hemos pasado por alto.
Y es
que, desde la perspectiva de nuestros lysenkistas, llevar a un
español a la luna tendría un retorno económico o, a lo peor, algún
beneficio social, aunque éste consistiera en distraer al
populacho de sus angustias, retransmitiendo por televisión a Juan
Español vestido de astronauta y trotando alegremente alrededor de Aristarco dispuesto a plantar nuestra bandera. (...)
Y es que, si hablamos de racionalidad con mayúsculas, cabría
preguntarse si tiene alguna lógica que el Estado extraiga de una
sociedad tan precaria como la nuestra más de 60.000 millones de euros
para la construcción de una red de alta velocidad que países mucho más
ricos no pueden permitirse.
¿Cuántos, de los millones que hoy
viven en la incertidumbre con nóminas ridículas o, peor, a penas sin
ingresos, pueden dedicar un buen puñado de euros a la compra de un
billete de tren para hacer turismo de ida y vuelta a Sevilla, Zaragoza,
Barcelona o Madrid?
Y lo que más importante, pero que nadie cuantifica,
¿hasta dónde llegan los efectos adversos que transferencias de rentas de
este calibre generan en la sociedad?, ¿o qué sucede cuando el Estado se
erige al mismo tiempo en juez y competidor, usando para ello el dinero
confiscado a sus rivales? (...)" (Javier Benegas, Vox Populi, 13/04/2015)
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