"Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, tardó apenas un año
en liberalizar por completo el sector eléctrico. Se justificó el cambio
en la falta de competitividad en precios del sector, en la necesidad de
hacerlo más confiable técnicamente, más seguro en materia de suministro
y más universal. (...)
En aquel año de 1997 el mercado eléctrico (demanda eléctrica global
de ese año por el precio promedio) suponía unos 11,6 mil millones euros.
Seis* empresas se repartían el comercio eléctrico en España, un 2% del
PIB de entonces.
Se consideraba al sector esencial, necesario y básico
para el progreso de la actividad económica. Estaba sujeto a la
planificación indicativa en el entorno de un Marco Estable,
fundamentalmente de precios, para permitir concretar las instalaciones
de generación y distribución que el crecimiento de la demanda exigía.
Era un intercambio de responsabilidades mutuas: el sector invertía y el
Gobierno se comprometía a reconocer a las empresas una rentabilidad
mínima, vía tarifas eléctricas, para garantizar que se hicieran.
Transcurridos más de diecisiete años de la liquidación del Marco
Legal y Estable**, la cifra del negocio eléctrico se multiplicó por 2,7.
Pasó de los 11.600 millones de euros a los 24.600 mil millones en 2012.
Aumentó un 140%. En relación al PIB su peso creció hasta el 2,7%. En
ese mismo período, el consumo aumentó en un 50%, el precio y la
inflación lo hicieron un 65% y un 50% respectivamente.
¿Qué explica esa
diferencia de aumento de la facturación del negocio eléctrico español
respecto al resto de las variables? La respuesta es que la subida de
precios fue muy superior al 65% indicado por la estadística y que ésta
no lo refleja porque se oculta en el pago diferido a quince años del
llamado déficit de tarifa originado en la diferencia entre el pecio del
mercado y los precios máximos autorizados por el Gobierno.
Ese déficit acumulado de más 30 mil millones lo vienen pagando los
ciudadanos españoles casi desde el mismo día de la liberalización y se
explica, entre otras razones, porque las tarifas tampoco bajarán en el
futuro inmediato aun cuando sí lo haga la factura de combustibles para
la generación eléctrica. Se calcula que en 2015, por la caída del precio
del petróleo, se ahorrará en España un 1,6% del PIB, en torno a los
15.000 millones de euros. (...)
Lo cierto es que el mercado eléctrico ha tenido el resultado
contrario al propuesto en precios. No tuvo éxito porque no funcionó en
régimen de mercado competitivo sino de oligopolio, casi duopolio. Endesa
e Iberdrola controlaron, y lo siguen haciendo mayoritariamente, la
producción y la distribución eléctrica y los precios que se ofertaban en
el llamado pool de la electricidad.
La proliferación en los últimos años de empresas comercializadoras no
cambió el panorama. Utilizan la infraestructura del oligopolio, pero no
son determinantes en la fijación del precio de la electricidad para el
consumidor. Tampoco tuvo éxito la introducción de agentes financieros en
las subastas eléctricas. Sumaron más a la especulación que a la
liquidez, como se pretendía.
La tarifa eléctrica dependió sustancialmente del precio variable de
las subastas diarias controladas por las centrales de generación de las
empresas del monopolio. El, de facto, cártel de las tres empresas
dominantes***, operó especulativamente en el pool o mercado de subastas
de la electricidad, logrando altos precios al introducir las energías
provenientes de las centrales más caras en el margen de conformación de
la curva de oferta y demanda diaria del mercado eléctrico mayorista. (...)
Una central hidráulica, cuyo coste variable de generación es casi
cero, se remuneraba al precio de una central de carbón, petróleo o
gas****.
Los consumidores, en particular los residenciales, las familias y
ciudadanos de manera individual, no tienen cómo influir en la formación
de los precios del mal llamado mercado eléctrico. (...)
Las empresas invirtieron en ciclos combinados de gas (y vapor) para
ganar eficiencia en el consumo de combustible primarios. El abandono de
la planificación sectorial, la caída de la demanda por la crisis y la
innovación productiva, el auge de las energías renovables, el precio del
gas, etc. han llevado a parar las centrales de ciclo combinado. Incluso
a los pocos años de funcionamiento y con una vida útil calculada de 20 o
más años, las eléctricas se plantean ahora desmantelarlas cuando aún
están recuperando los ingresos garantizados. (...)
Tarifas extraordinariamente bonificadas permitieron la expansión rápida
de la energía eólica y solar, cubriendo porcentajes cada vez más
importantes de la demanda de electricidad. En los últimos años hubo
jornadas nocturnas en las que la carga eléctrica se cubrió al 50% con
energías renovables. Evidentemente un estímulo de estas características
se explicaba muy bien en el marco de una apuesta medioambiental
integral, pero muy mal en un mercado monopólico que estuvo promoviendo
inversiones con tecnologías no renovables. (...)
El modelo de apertura indiscriminada del mercado eléctrico ha
fracasado, es un conjunto de despropósitos. No es eficiente en precios,
no promueve tecnologías ajustadas a la demanda, es medioambientalmente
cuestionable, no promueve la seguridad energética de suministro, genera
pobreza energética y no asegura en el largo plazo ni la calidad ni la
confiabilidad. Es decir, estamos ante un modelo no sostenible en el
mediano plazo, exactamente al revés de lo que se dijo en el momento de
liberalizar el sector.
El Estado debe reconsiderar el tratamiento del servicio eléctrico
para conseguir todos los objetivos en los que el mercado eléctrico ha
fracasado. La energía en general, y la electricidad en particular, es un
problema de Estado, de derechos de los ciudadanos y es obligación de
los gobiernos ejecutar políticas que conduzcan a ello de forma
sostenible con el interés general." (Economistas Sin Fronteras
- Rodolfo Rieznik , eldiario.es, 27/03/2015)
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