"Es vecina de Les Franqueses (Vallès Oriental). Tiene dos hijos y su esposo es un sin papeles.
Está de baja, recibe una pensión de 379 euros y paga un alquiler de 350
euros.
Las cuentas ya no le salen. Además tiene un problema cardíaco,
que le obliga a comprar una medicina que no se puede permitir. Por ello
acudió a los Servicios Sociales locales, que le concedieron varias
ayudas mensuales: 100 euros para la comida de los pequeños; 15 euros
para la medicación y 26 euros para sufragar sus viajes hasta el Hospital
Vall d'Hebron.
El Consistorio, sin embargo, no le puede entregar esos
subsidios. El Estado le pide que se los embargue por tener una deuda de
1.500 euros con Hacienda.
El caso lo cuenta Marina Ginestí (CiU), que desde el pasado junio es
la regidora de Asuntos Sociales de la población vallesana. Este fue el
primer lío que se encontró al tomar posesión. “Estamos amarrados de pies
y manos. Las becas comedor logramos dárselas por otra vía, pero no
podemos darle ninguna ayuda en metálico”, explica la concejal. En el
municipio hay otros dos casos similares.
El bloqueo deriva de un cambio en el reglamento general de la
aplicación de los tributos del Estado, que obligó a que el año pasado
los entes locales informaran de todas ayudas sociales y subvenciones que
entregaban, independientemente de su cuantía. Hacienda hizo un cruce de
esta información con la de sus deudores (por multas de tráfico o por
venta ambulante, por ejemplo) y confeccionó una lista de personas a las
que se les tienen que embargar las ayudas que entregan los entes
locales.
No hay una cifra oficial de afectados. En Santa Coloma de Gramanet,
por ejemplo, se ha registrado una veintena de casos. “También hay casos
en los que ayudas para el alquiler, pobreza energética o las becas
comedor cuentan como rentas de trabajo y se pide tributar por ellas”,
denuncia la diputada socialista Núria Ventura.
Hacienda ha cambiado dos veces de criterio respecto a si puede
confiscar las ayudas municipales de emergencia social de sus morosos,
critica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de
Técnicos de Hacienda (Gestha).
El pasado 20 de mayo, la Subdirección
General de Procedimientos Especiales aseguró en un correo electrónico
que sí podían ser embargadas, ante las dudas de varias direcciones
territoriales. Dos días después, el propio Ministerio rectificó y dijo
que estudiaba “ampliar el ámbito de las exenciones que afectan a las
ayudas y declarar su inembargabilidad”.
“Hasta la fecha, se pueden seguir produciendo embargos mientras no se
apruebe la norma anunciada o se dicten instrucciones o órdenes para no
practicarlos”, insiste Mollinedo, que pide celeridad a la
Administración. (...)" (
Camilo S. Baquero
, El País, Barcelona
9 JUL 2015
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