Hola becario, adiós empleo público. El Estado se sirve de la precariedad para cubrir puestos de trabajo.

"Elvira Lorenzo y Pablo Flores tienen claras responsabilidades en el Ministerio de Educación. Ella, de 23 años, realiza todo lo relacionado con la imagen, el diseño gráfico, las actividades interactivas y la maquetación de los materiales del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) y de la Agrupación de Lengua y Cultura Española (ALCE). 

Él, de 34, forma parte del equipo que crea y coteja todas las estadísticas del Ministerio. Para poder obtener su puesto pasaron por un proceso de selección en el que se les exigieron numerosos conocimientos. A ella le pidieron, además de competencias en imagen y otros requisitos, el manejo de programas para tareas como diseño gráfico, edición de vídeo, maquetación o creación en 3D. 

Ambos realizan un trabajo especializado. Incluso ella es la persona de la que depende que el trabajo salga adelante, ya que es, junto a su compañera de equipo, la más cualificada del área. Sin embargo, cuando terminen su labor en la institución estatal no tendrán derecho a paro. Y ésta acabará pronto. Son becarios, y no poseen un contrato de trabajo.

El número de trabajadores del sector público ha disminuido en más de 350.000 personas en los últimos cuatro años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de julio de 2015 del Instituto Na­cional de Estadística (INE). “Hay un encogimiento de los servicios públicos, pero no al mismo nivel que la disminución de personal. 

Alguien está haciendo ese trabajo, y ese alguien es, por un lado, la figura del becario que las administraciones públicas están fomentando y, por otro, los trabajos de colaboración social”, explica Adoración Gua­mán, doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo en la Universitat de València.

Aunque es difícil encontrar datos globales del número de becarios y trabajadores en prácticas en el sector público, Guamán intuye que “cada vez salen más becas de investigación destinadas a cubrir plazas que en otro momento hubieran sido cubiertas por técnicos”. Esta situación se da también en la universidad y en otros organismos públicos como las empresas culturales, tal como confirma María Montero, portavoz de la Oficina Precaria. 

 “Ante los recortes presupuestarios y la impunidad de las becas de formación que se hacen en fraude de ley, de facto esos huecos los están rellenando los becarios, como ocurre por ejemplo en el Instituto Cervantes”.

 Esta situación podría repetirse en otras empresas del sector público. La dirección de Renfe ya ha avisado a los trabajadores que va a entrar nuevo personal tras los últimos recortes de plantilla. Según apunta Fernando Bermejo, del secretariado permanente del Sector Federal Ferroviario de CGT, hacen falta unos 7.000 puestos de trabajo para suplir las carencias del servicio tras los últimos despidos. Parte se va a suplir, pero con trabajadores “en condiciones muy precarias, a tiempo parcial y becarios”, tal como les ha confirmado la empresa.  (...)

En el fraude de ley está el quid de la cuestión. “Las becas siempre han servido como cobertura jurídica a la pretensión empresarial de ocultar una relación laboral y no aplicar un ordenamiento laboral a una determinada prestación de trabajo que, en realidad, debería estar bajo un contrato”, indica Guamán.  (...)

¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué las becas no se convierten en contratos laborales? Porque el becario tiene que denunciar. “Tienes el derecho a acudir a los tribunales para que te protejan, pero para hacer efectivo ese derecho tienes que ser libre, y no lo eres en el sentido de que necesitas esa mínima beca para sobrevivir”, afirma Guamán. Éste es el problema que se encontró la Oficina Precaria en 2013 cuando lanzó la campaña ‘No más becas por trabajo’, hoy vigente. 

El objetivo era denunciar las convocatorias en fraude de ley y convertirlas en empleos por vía judicial, pero en un primer momento la iniciativa no tuvo éxito. “El becario tenía que ir solo y autoseñalarse, y en un mercado laboral con tanta competencia, éste piensa que es una vía al mundo laboral y no quiere hacerlo”, relata Montero. El colectivo pasó entonces a un segundo nivel: llevar las reivindicaciones ante la Inspección de Trabajo sin la participación del interesado, y con la mediación de la propia Oficina Precaria.

 “Así quedaban protegidos. Esta vía ha tenido mucho éxito y hemos conseguido regularizar muchas situaciones, aunque no que se cree una tendencia en las empresas por la que sean conscientes de que es muy fácil pillar el fraude y paren de hacerlo”. Así, la última fase de la campaña se basa en pedir a las universidades, uno de los principales actores de esta historia de ilegalidades, que no permita que se firmen contratos de prácticas con estas características. “Y en ello estamos ahora”, afirman. (...)

Las consecuencias de la proliferación de prácticas y becas precarias repercuten en el modelo económico. España es el segundo país de la UE con más becarios titulados, sólo por detrás de Eslovenia, según el último informe Juventud, empleabilidad y habilidades 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizado en junio.

 Uno de los datos más graves es que España es el país que peor paga a sus becarios: un 70% de los encuestados afirma no ser capaz de cubrir sus necesidades básicas con lo que obtiene de la beca. Otros datos para enmarcar del mismo informe: sólo el 42% de los becarios recibe una compensación por su labor, el 21% no tuvo un mentor o responsable a quien dirigirse y un 66% finalizó las prácticas sin una oferta de la empresa. (...)

“Todo esto se enmarca en un proceso de precarización generalizada”, aporta Guamán, “y en un cambio de modelo de relaciones laborales en el cual lo que se hace es, por un lado, tener un menor número de trabajadores en condiciones estables al reducirse los derechos laborales y, por otro, se expulsa a gente incluso de ese derecho al trabajo inestable para colocar una frontera donde no se aplica ningún tipo de derecho”.

Es la vieja historia de la maximización del beneficio empresarial. Montero va más allá y habla, tal como lo llama la Oficina Precaria, de “becarización del mercado laboral, ya que los nuevos puestos se crean con condiciones muy a la baja porque hay una fuerza de trabajadores que lo va a hacer gratis”.  (...)"                              (Pablo Rivas, Diagonal, 15/09/15)