Desde que empezó el programa de ayuda de Ecuador, sólo se ha producido un desaucio de un ecuatoriano en 18.000 procesos

"Si usted firmó una hipoteca que no puede pagar, le vendría bien disponer de un pasaporte de Ecuador. Amparándose en la Convención de Viena, el gobierno de Rafael Correa inició a principios de 2012 un programa para proporcionar asesoría legal gratuita a inmigrantes con problemas hipotecarios en España. Según datos de la cooperativa de abogados que coordina el proyecto, hoy atienden a unas 100 personas al día, han ayudado a cerca de 8.300 familias y han resuelto "de manera satisfactoria" un total de 1.690 casos.

“Empezamos en Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia, pero la demanda era tan alta que ahora atendemos en 21 ciudades, con 35 abogados que tardan una media de dos o tres días en dar cita a quienes solicitan ayuda”, dicen en la embajada, donde se sienten particularmente orgullosos de un dato: desde que arrancó la iniciativa, sólo ha sido desahuciada una familia ecuatoriana de las cerca de 18.000 en procesos de impago.

El único requisito para acceder al servicio es tener nacionalidad ecuatoriana. "Se nos acerca gente de otros países y nos pide que les ayudemos, pero no estamos capacitados para hacerlo", comenta una de las abogadas, Alejandra Jacinto.

En los últimos dos años se han producido "casos puntuales" de españoles casados con parejas ecuatorianas que fueron atendidos tras obtener la nacionalidad del país andino. Jordi es uno de ellos y nos relata su historia por teléfono, desde un pueblo cerca de Sabadell. "Yo era mecánico y me quedé sin empleo. Tenía firmada una hipoteca de 1.000 euros al mes y no la podía pagar.

 Fue una pesadilla, un acoso. Al principio intenté resolverlo por mi cuenta y no lo conseguí. Me engañaban todo el rato. Me acerqué a las plataformas y me enteré del programa del consulado de Ecuador. Gracias a ellos y a la PAH, en 2014 conseguí la dación en pago y el alquiler social", dice.

Los letrados del programa son españoles, profesionales en activo que pasan la minuta al ministerio de Exteriores de Ecuador. La embajada asegura que el coste es "totalmente asumible" y que no supone un desembolso importante, aunque no facilitan la cifra.

“No llegamos al punto de defender a los hipotecados en juicio, eso sería costosísimo y requeriría muchos más recursos. Nos limitamos a informar, asesorar y orientar durante el proceso legal de manera personalizada y, al mismo tiempo, trabajamos la vía extrajudicial, que es donde más éxito tenemos. 

 Es decir, intentamos llegar a un acuerdo con el banco para que se paralice el procedimiento judicial. Cuando es necesario, acompañamos al afectado en la negociación”, matiza la coordinadora jefe del proyecto, la abogada Elena Marcello, de la Cooperativa Kinema.  (...)"                 (El Confidencial, 19/10/2015)