"Impuestos insuficientes…
(...) España es uno de los países de toda la
zona euro que menos recauda con relación a su riqueza (32,5%).
Concretamente el quinto por la cola, (solo por detrás de Rumanía,
Lituania, Letonia y Eslovaquia).
Y no recauda un poco menos, no; estamos
hablando de 7,9 puntos porcentuales de PIB menos que la media del área
(40,4%). Para ponerlo en perspectiva, 8 puntos de PIB suponen, en el
caso español, 87.000 millones de euros.
Con esa cantidad podríamos pagar
en 2016 todas las pensiones contributivas de jubilación (83.500
millones). O las prestaciones por desempleo (19.800 millones), las
pensiones de viudedad (21.000), las prestaciones por incapacidad
temporal (5.400), el gasto en infraestructuras del Estado (6.000
millones) y, de propina, todos los intereses que genera la deuda pública
(33.500 millones).
Aunque lo cierto es que, si queremos que España se
parezca a los países más avanzados y con más peso en la eurozona,
deberíamos obtener incluso más ingresos. La diferencia con Alemania es
de 6,6 puntos de PIB, con Italia de 11,5 puntos, y con Francia 12,5
puntos.
En coherencia con los datos de ingresos,
España también es de los países de la zona euro que menos gasta
(también el quinto que menos), un 43,6% del PIB, 5,5 puntos porcentuales
menos que la media de la eurozona (49,1%). Y su nivel de gasto social,
el que sustenta las políticas básicas del estado de bienestar, es
también inferior en términos relativos en 4,5 puntos de PIB.
A la vista de los datos, es evidente que
nuestro país no posee un problema de gasto público excesivo en el
contexto europeo, ni un estado de bienestar sobredimensionado, a cuya
financiación no se pueda hacer frente; nuestro problema es de
recaudación, de insuficiencia de la misma, al menos si lo que se
pretende es equipararnos a los estándares de gasto y prestaciones que
fijan los países considerados más avanzados de la UE.
… y un reparto injusto de la carga tributaria
Además, el sistema tributario español
tiene un problema importante de justicia, que se plasma en el grado de
cumplimiento de lo que se llama equidad horizontal (que rentas iguales paguen lo mismo) y equidad vertical o progresividad (que se pague proporcionalmente más cuando la renta crece, posibilitando un cierto grado de redistribución de la renta). (...)
Los ciudadanos perciben claramente estos desequilibrios. Según el CIS[2],
en España el 88,9% de la población considera que los impuestos no se
cobran con justicia, lo que resulta una circunstancia letal para un
sistema que requiere de legitimación social para garantizar su
funcionamiento eficiente.
Otras opiniones refuerzan esta negativa
percepción: el 95% creen que existe mucho o bastante fraude; el 38%
considera que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar
sin saber muy bien a cambio de qué; el 69% cree que pagamos muchos
impuestos (lo que, como se ha explicado, no es cierto, al menos en
términos colectivos y comparados en el contexto europeo); y el 67% cree
que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que pagamos en impuestos y
cotizaciones.
Todo ello dibuja un escenario de desaprobación social de la política tributaria actual que debe preocupar mucho. (...)
Conviene subrayar, por otro lado, que el
sistema fiscal español es equiparable en su estructura y figuras a la
mayoría de los de su entorno. Por tanto, las causas de los
desequilibrios mencionados hay que buscarlas en la concreción legal de
esas figuras y en su utilización discrecional, con criterios políticos
sesgados.
Tenemos unos impuestos llenos de exenciones, deducciones y desgravaciones, de agujeros
que facilitan tanto la elusión fiscal (la reducción lícita de la
factura tributaria aprovechando los resquicios legales de su normativa)
como el fraude (la vulneración de la legislación, punible por tanto),
mermando su recaudación potencial y quebrando la equidad más elemental.
Además, esta maraña de particularidades normativas cubre de opacidad los
resultados obtenidos, dificultando que los contribuyentes visualicen
cuánto se paga efectivamente, cómo se hace y para qué sirve. (...)
En definitiva, los últimos retoques fiscales aprobados por el gobierno
del PP consolidan niveles de gasto e ingresos muy por debajo de los que
poseen los países con mayor grado de desarrollo y bienestar de la zona
euro, y además agravan la situación de falta de equidad y justicia del
sistema tributario. (...)
Algunas líneas de actuación que pueden sustentar esa reforma tributaria que requiere España son:
- En materia de fraude, instrumentar una política de lucha mucho más intensa y efectiva, lo que requiere más medios para la Agencia Tributaria, una redefinición de objetivos (centrándose en los grandes defraudadores), mayor dureza en las sanciones y una continua labor ejemplarizante y divulgativa, hasta hacer efectivo el principio de tolerancia cero con el fraude fiscal; y cerrar paralelamente las puertas a la elusión fiscal, simplificando los tributos y limpiándolos de casos particulares y de deducciones.
- En el IRPF, elevar la aportación de las fuentes de renta distintas del trabajo, incorporando los rendimientos del capital a la tarifa general y eliminando la tributación objetiva empresarial, y mantener una estructura de tramos y tipos que garantice resultados verdaderamente progresivos.
- En el Impuesto sobre Sociedades, limitar drásticamente las deducciones y garantizar un tipo efectivo mínimo, además de eliminar instrumentos que solo sirven para eludir el pago de impuestos, como las SICAV o las ETVE[7].
- En el IVA, revisar la estructura de los bienes sujetos a cada tipo, primando la sujeción de los productos de primera necesidad al tipo superreducido.
- Implementar una tributación sobre la riqueza relevante, que complemente la de la renta de las personas físicas.
- Desarrollar la imposición sobre transacciones financieras y la imposición verde."
(Alberto del Pozo Sen, Economistas frente a la crisis, 04/11/05, este artículo se publicó originalmente en el N. 74 de la revista Economía Exterior)
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