"(...) Desde hace años, la sanidad pública sufre una degradación continua
acentuada por los recortes, pero sus mayores fallos se originaron ya en
el proceso de descentralización sanitaria a las comunidades autónomas.
Entre ellos destacan:
1. Reducción del ejercicio del derecho universal a la protección
sanitaria en todo el territorio nacional.
Las dificultades de cualquier
ciudadano para ser asistido en una comunidad distinta a la de su
residencia son múltiples.
La atribución efectiva a cada autonomía de la
facultad de definir y gestionar la asistencia sanitaria a los
inmigrantes en situación irregular es otra forma de trocear el ejercicio
del derecho a la atención sanitaria sin ninguna base legal para
hacerlo, pues su gobierno corresponde al del Estado. (...)
2. Desgobierno del Sistema Nacional de Salud.
La descentralización
llevó a la diversificación de la gestión de los servicios sanitarios
adoptada por cada comunidad autónoma, sin ninguna limitación legal.
Cataluña, que recibió el traspaso en 1981, cinco años antes de la Ley
General de Sanidad, sirvió de modelo a muchas de las restantes
comunidades para constituir sus servicios bajo formas público -privadas
de gestión, poco apropiadas para comunidades con una disponibilidad real
de centros privados muy diferente de la catalana.
El resultado es una
pérdida notable de eficiencia del conjunto del sistema, la desaparición
de las ventajas de una gestión coordinada de un sistema de protección
universal, desinformación de lo que hace cada servicio de salud
autonómico, y la oportunidad de generar episodios de corrupción, tanto
en la licitación y construcción de nuevos centros públicos como en la
gestión de los mismos, que no han dejado de aflorar.
3. Sistema de financiación peculiar e injusto.
Las diferencias en
nivel de renta y actividad económica de las comunidades autónomas
determinan desigualdades manifiestas en su capacidad fiscal y, por
tanto, también en los recursos disponibles y las prestaciones que pueden
ofrecer con cargo a ellos.
Sólo tres de las del régimen común de
financiación, Baleares, Cataluña y Madrid, disponen de medios propios
suficientes para responder al actual catálogo de servicios
asistenciales; las restantes deben acudir a la financiación
complementaria que facilitan diferentes fondos de compensación.
Por otra parte, el gasto sanitario continúa creciendo por la
progresión de innovaciones tecnológicas, principalmente productos
farmacéuticos de alto precio, y su incorporación a la prestación pública
sin mecanismos de control adecuados.
Como consecuencia, todos los
sistemas de salud, en especial los de acceso universal y gratuito,
padecen una insuficiencia financiera crónica, que la disgregación del
poder de gasto (spending power) que supone la generación de sistemas de
compra diferenciados por cada comunidad frente a proveedores cada más
concentrados ha agravado, una situación de desventaja que cualquier
reforma de la financiación autonómica debe tener en cuenta. (...)
4. Desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.
Las
desigualdades en recursos, gastos, endeudamiento, organización y
prestaciones entre los servicios sanitarios autonómicos rompen la
equidad en la asistencia sanitaria pública entendida como igualdad de
acceso para igual necesidad, y el Sistema carece de instrumentos para
repararla.
En otros países con organización federal y protección sanitaria
igualitaria y universal, como Canadá, para mantener esas condiciones se
han adoptado medidas específicas, entre ellas la constitución de un
sistema de financiación sanitaria finalista diferenciado.
El compromiso
por mantener la protección sanitaria pública, igualitaria y universal es
un elemento principal de la ciudadanía canadiense, y un instrumento de
cohesión estatal que contribuye a reducir las pulsiones identitarias de
Quebec, semejantes a las catalanas.
Esas condiciones se mantienen pese a
que los gobiernos conservadores más recientes las hayan cuestionado.
Con los Estados del bienestar hemos pasado del “monopolio de la
violencia” (Weber) como atribución principal del Estado al “monopolio de
la benevolencia”, del que forma parte esencial la protección sanitaria.
Si la alternativa federal pretende tener el apoyo de la ciudadanía
española, y catalana, debe complementarse con propuestas que garanticen
las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria. (...)" (Javier Rey del Castillo , El País,27 ENE 2016)
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