"(...) el recurso del gobierno en funciones del PP es otro de sus actos
políticos de derecha muy extrema y deshumanizada. El activo gobierno en
funciones ha pedido la suspensión de algunos artículos de la ley
24/2015, la conocida como ley antidesahucios catalana, “por incumplir
algunos aspectos procesales que afectan a la igualdad de los españoles”.
Los artículos mencionados por doña Soraya en funciones afectan a las
medidas sobre vivienda y deuda que establecía la ley (la mediación
judicial para establecer medidas de segunda oportunidad para los hogares
endeudados, la cesión forzosa de pisos por parte de los grandes
tenedores de vivienda como bancos y fondos de inversión, las medidas que
obligan a las administraciones a una oferta de vivienda en alquiler
social).
La vicepresidenta, que se ha referido al conflicto de
competencias como motivo del recurso (era de prever), ha detallado que
la cesión obligatoria afecta al “derecho a la propiedad”. Y con la
Iglesia y la propiedad hemos topado; lo sagrado es más que sagrado.(...)
Un nudo muy a tener en cuenta: la página web Vozpopuli ha publicado
que la banca, y en concreto el BBVA, “han presionado al Gobierno del PP
para que recurriera la ley por afectar a la venta de paquetes de
crédito, y en concreto a un paquete hipotecario del BBVA por valor de
1.500 millones de euros”. Es su gobierno. Ninguna sorpresa en el
horizonte.
Así, pues, lo de casi siempre y con todo nuestro
rechazo. Pero el asunto no es, como se dice y repite en .Cat - donde
todo (“todo” es todo) se lee, interpreta y difunde con la misma clave-,
una acción contra Cataluña y los catalanes (como algunos
nacionalistas-independentistas ya han señalado) (...)
Añadamos que el gobierno sucesor de aquel primer gobierno CiU que
arremetió con toda saña y sin ningún escrúpulo en el asunto del PIRMI,
contra las sectores más débiles y explotados, no parece que sea la
institución más adecuada para dárselas de estar preocupados socialmente
por los desastres humanos que el recurso pueda ocasionar. ¡Hay que tener
rostro, rostro pálido, para ser capaces de contar cuentos falsarios de
esta condición en la arena pública! (...)
De nuevo a propósito de la ley comentada y del recurso gubernamental.
La señora María Ángeles Sánchez [2], 53 años, tenía una panadería en
un polígono industrial en Ripoll. Hace 12 años compró un piso con su
pareja (fallecida). En plena burbuja inmobiliaria adquirió otro piso
para su hijo (unos 200.000 euros). Puso la primera residencia como aval.
Los talleres y fábricas del polígono comenzaron a bajar las persianas.
Los clientes a irse. Dejó de pagar su piso y se dedicó a la hipoteca de
su hijo. “Me mataba el remordimiento de dejarle la deuda”. Hace dos años
llegaron las notificaciones judiciales del proceso de desahucio instado
por BBVA. Comenzó el calvario (como el de muchas otras familias). Buscó
ayuda en la PAH. “Al principio pensaba que la gente estaba peor que yo y
me sentía mal. Ahora se han convertido en una familia. El martes llegó
la carta del alquiler social. Ya no sé qué pasará”.
Gracias a la
asesoría de la Plataforma, invocando la ley 24, logró la dación en pago
del piso de su hijo (les queda una deuda de 5.000 euros). También le han
aceptado la de su propia casa. El martes pasado le llegó una carta del
banco donde le dicen que le han concedido un alquiler social de 19 euros
al mes por tres años. Tiene 15 días para entregar un certificado de
vulnerabilidad para hacer efectiva la ayuda.
Otra historia. En
Palafolls, el señor Manuel Navarro (de 58 años) y su esposa cuidan de
cuatro nietos y un hijo. Eran pasteleros. Tras 30 años, en diciembre de
2015 decidieron cerrar. Los asfixiaban las deudas con la seguridad
social, los impuestos. También la hipoteca de su casa. Ahora viven de
una pensión de invalidez de 567 euros.
En febrero pasado, Manuel decidió
ir a los Servicios Sociales a pedir ayuda para pagar las facturas de la
luz y el agua. Le dijeron que no se preocupara. Hace dos semanas Gas
Natural cortó el servicio porque debía 303 euros desde diciembre. La
familia contactó con la PAH y uno de sus activistas lo acompañó a la
oficina de la suministradora.
Tuvieron que explicarle la ley a la
trabajadora que les atendió. “No habían aplicado el principio de
precaución”, señala Manuel. La norma establece que las empresas deben
informar a los Ayuntamientos antes de hacer un corte para asegurarse de
que no se trata de una familia vulnerable. Estuvieron 51 horas sin
servicio.
Así pues, es de toda evidencia, todo protesta está
justificada. El gobierno del PP, nuevamente, ha actuado a la altura de
sus circunstancias e intereses. Pero la situación no puede analizarse,
de nuevo, en términos de “España versus Cataluña” como algunas fuerzas
nacionalistas intentan hacer. (...)" (Salvador López Arnal , Rebelión, 07/05/16)
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