"(...) Como si de un déjà vu se tratase, el fantasma de Buenamuerte ronda
nuevamente las pensiones de los jubilados.
La ministra de Empleo y
Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha anunciado
que cuando arranque la legislatura el Gobierno permitirá compatibilizar
la pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena, elevando del 50 al 100 por cien la cuantía de la
prestación que puede simultanearse con el desarrollo de una actividad
profesional.
Recordemos que, desde su introducción en 2013, la
denominada “jubilación activa” implica una reducción del 50 por cien
en la cuantía de la prestación a percibir por el beneficiario con
independencia de la jornada efectivamente realizada, lo que supone una
importante limitación en el recurso a esta modalidad de jubilación.
Adicionalmente, para reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social, se contempla una cotización especial de solidaridad del 8%, no
computable a efectos de prestaciones, corriendo el 6% a cargo de la
empresa y el 2% a cargo del trabajador. (...)
Partiendo de esta base, los diversos instrumentos que permiten
compatibilizar el trabajo y la pensión en nuestro ordenamiento, como la
jubilación flexible, la jubilación parcial o la anteriormente citada
“jubilación activa”, están rodeados de cautelas y han tenido muy poca
incidencia práctica.
Ahora, la ministra apunta a la supresión de estas
limitaciones y a la plena normalización de lo que siempre ha sido una excepción, es decir, la compatibilidad entre el trabajo y el disfrute de la pensión de jubilación.
En
nuestra opinión, esta opción legislativa está relacionada con las
últimas reformas del sistema de pensiones aplicadas en nuestro país, que
implican un recorte sustancial en la cuantía de las prestaciones.
Como
cabía esperar, sus efectos se despliegan de manera progresiva y no se
percibirán plenamente hasta la entrada en vigor del factor de
sostenibilidad en 2019, pero ya han empezado a sentirse en el poder
adquisitivo de las pensiones. (...)
Si consideramos la revalorización prevista para el año próximo en el
plan presupuestario que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas (0,25 por
ciento), las conclusiones son inapelables. La evolución acumulada y
comparada del IPC y de las revalorizaciones aplicadas desde 2011 revela
que las pensiones han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 3,55
por ciento en el caso de las prestaciones superiores a 1.000 euros, y
del 2,55 por ciento para cuantías inferiores a esa cifra.
Todo hace
pensar que esta tendencia persistirá y se intensificará en los próximos
años, obligando a muchos jubilados a compatibilizar el cobro de la
pensión con el desarrollo de una actividad laboral.
Ya ocurre en
otros países de Europa.
En Alemania, por ejemplo, la reforma de la
jubilación acometida en 2004 introdujo un factor de sostenibilidad que
vincula las pensiones a la evolución de la población activa, lo que ha
supuesto una importante reducción de las mismas con el transcurso del
tiempo.
Según Carmela Negrete,
el número de jubilados que se ven forzados a trabajar se incrementa
continuamente, alcanzando la nada despreciable cifra de 140.000
pensionistas sólo en la región de Baviera.
Para escapar de la
pobreza, los ancianos aceptan los llamados minijobs, una suerte de
trabajos mal pagados y no cualificados en los que se exponen a todo tipo
de abusos. En el país teutón, los pensionistas se han convertido en una
reserva de mano de obra barata y fácilmente explotable.
Si se cumplen
las previsiones de Fátima Báñez, España transitará por la misma senda y
abrirá la puerta a la sobreexplotación de las personas durante la
tercera edad.
Sin olvidar que, con ello, la Seguridad Social podrá
seguir recaudando las correspondientes cotizaciones, lo que no es
cuestión menor ante una previsión de déficit de casi 19.000 millones de
euros en 2017. (...)" (Héctor Illueca Ballester , Diagonal, en Rebelión, 29/10/16)
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