"Los datos de la Encuesta de Población Activa del
cuarto trimestre han sido positivos, y cierran un ejercicio 2018 muy
favorable en materia de empleo. (...)
Además, y según anticiparon los datos de afiliación, el ritmo de
creación anual de empleo incluso se ha acelerado (del 2,5% al 3%), lo
que refleja una extraordinaria traducción del crecimiento económico a empleo, que no es sino reflejo directo de la bajísima calidad del mismo, como luego se explicará. (...)
Todos estos datos evidencian que nuestra economía no tiene problemas para crear empleo cuando la economía crece,
como sucede desde 2014. Sucede así ahora y sucedía antes. No es una
circunstancia que tenga que ver con ninguna reforma laboral realizada,
ni con ningún cambio de política económica (aunque esto último sí incide
en el hecho de la actividad crezca más o menos, y por tanto
indirectamente, sobre el volumen de empleo generado).
Este
comportamiento se debe a la estructura productiva, más intensiva en
empleo que en otras economías, y a la escasa calidad (y, en consecuencia, productividad) del empleo creado. En términos generales, creamos mucho y mal empleo. Y poco se hace para cambiar este estado de cosas. (...)
Casi uno de cada tres empleos asalariados creados en el año fue temporal (31,5%). La tasa de temporalidad (la ratio entre empleo asalariado temporal y total) aumentó
poco, apenas una décima respecto al año anterior; pero el problema es
que es del 26,9%, casi el doble de la media de la Unión Europea, y que
no para de aumentar tendencialmente desde mediados de 2013.
El empleo a jornada parcial es otro de los responsables de la baja calidad del mismo.
No tanto porque su volumen relativo sea muy elevado (supone el 14,8%
del total, y se viene reduciendo suavemente desde 2014, tras crecer
mucho en el quinquenio anterior), sino por su carácter eminentemente involuntario.
Más de la mitad de este tipo de empleo (52,8%) es aceptado a falta de
un empleo a jornada completa, que es la preferencia del trabajador. (...)
Hay un total de 1,8 millones de trabajadores subempleados, es decir, que
trabajan menos horas de las que desean. Eso supone un 17% más que en el
cuarto trimestre de 2007 (un 24% más los que tienen contratos
indefinidos).
A este panorama hay que añadir el empeoramiento de las condiciones laborales
que las estadísticas y ratios habituales no recogen de manera precisa, y
que se reflejan en importantes cambios de las relaciones de trabajo que
se han intensificado en los últimos años.
Las
empresas multiservicios, los falsos autónomos, los becarios, la economía
de plataformas, etc., han introducido nuevas vías de fractura de las
condiciones del empleo para las que no hay aún indicadores
consolidados de análisis, pero que sin duda han elevado el grado de
precariedad laboral en nuestro país y en todo el mundo. (...)
En definitiva, 2018 ha sido un
buen año en cuanto a creación de empleo y reducción del paro, pero se
mantienen (y en algunos ámbitos se incrementan) las vías de precariedad
laboral, que hacen que nuestro empleo sea, en términos
generales, poco productivo, inseguro y mal pagado.
Nuestra economía se
ha acostumbrado a convivir con esta anomalía, a costa de una menor
competitividad de las empresas de muchos sectores y, sobre todo, de asumir la pérdida de calidad de vida de millones de familias trabajadoras.
El problema fundamental es que, si
no se soluciona el gravísimo problema de baja calidad del empleo que
arrastramos, no será posible afrontar con garantías ni la reducción de
la desigualdad económica y social, ni la reducción de la pobreza, ni la
sostenibilidad y mejora de las pensiones, ni siquiera la consecución, de
manera estable, de unas cuentas públicas saneadas.
Porque todos los
desequilibrios tienen su origen en el sistemático desperdicio de
recursos que supone para el país aceptar un modelo de crecimiento basado
en empleos poco productivos, inseguros y mal retribuidos.
Para que el necesario cambio se produzca sería
necesario que las empresas dejaran de obtener rentabilidad por la vía de
contratar empleo precario. Y a ello ayudarían dos cosas.
Primero, que el gobierno de turno asumiera que ese cambio en la calidad del empleo es una estrategia de país prioritaria, y dirigiera los recursos adecuados (intelectuales y financieros) a ello, lo que exige voluntad política para acometer los cambios oportunos tanto en la política económica general como en la laboral.
Y segundo, que las empresas más eficientes,
las que apuestan por el conocimiento y la aportación participativa de
los trabajadores como unos de sus factores de desarrollo esenciales (que
las hay) asumieran protagonismo en ese discurso
para el cambio, aliándose con los sindicatos para impulsar un pacto por
el crecimiento y el empleo decente que pusiera el acento en
mejorar aquellos factores verdaderamente influyentes sobre la
competitividad a largo plazo en la nueva economía, y que van mucho más
allá de los costes laborales." (Economistas frente a la crisis, 29/01/19)
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