"En la ciudad de Palma -la capital de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares- este 10 de diciembre de 2019 se vivió de forma un tanto
peculiar el Día de los Derechos Humanos.
Mientras las instituciones hacían actos institucionales llenos de
retórica, un grupo de activistas de la Plataforma STOP Desahucios, se
concentraba frente el número 3 de la calle Parc, cerca del barrio
palmesano de Santa Catalina, que es una de las zonas que sufrió
tempranamente la gentrificación por la llegada de vecinos del norte de
Europa y convirtieron la vivienda en pura especulación, y el derecho a
ella en una quimera para las personas no muy ricas.
El lugar de la
concentración de los y las activistas no está lejos del barrio de Son
Espanyolet, donde el movimiento vecinal está en pie de guerra contra la
invasión del turismo vacacional que los quiere gentrificar.
En
la proximidad de estos dos escenarios de luchas, más o menos
explicitas, por el Derecho a la Ciudad, y mientras en los solemnes
salones institucionales se hacían discursos (quizás alguien citó
retóricamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), que afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”), se iba concentrando
gente con el objetivo de impedir el desahucio de una familia que
acumulaba una deuda de 2.500 euros por varias mensualidades de alquiler.
El goteo de desahucios es, en la actual fase de negación del derecho a
una vivienda digna, muy mayoritariamente por el encarecimiento
especulativo de los alquileres, en un contexto en el que las Reformas
Laborales de 2010 y 2012 impiden que los salarios ganen capacidad
adquisitiva.
Supongo que la burocracia del aparato de justicia no atiende a
conmemoraciones como la del Día de los Derechos Humanos, pero la
coincidencia con uno de los desahucios más crueles de los que
últimamente se han producido en Palma no deja de ser una buena ocasión
para insistir en la imposible convivencia de neoliberalismo y derechos
humanos, que Julie Wark explica en su “Manifiesto de derechos humanos”. Un texto que, por cierto, conviene releer tanto en tanto.
El
caso es que, en torno a este levantamiento se pueden hacer varias
reflexiones interesantes, que van más allá del caso concreto. Pero,
primero, contextualicemos en caso: Oscar Kacper Szczesniak Kalinowski
(Palma, 2002) es un joven que se mueve en silla de ruedas, y que, con
solo 17 años, ha sido operado 26 veces como consecuencia de la docena de
enfermedades crónicas que padece. Todo ello no le impide tener, al
menos en apariencia, una energía resistente envidiable.
Lo demostró
protestando contra el anunciado desahucio frente el Parlamento de las
Islas Baleares, en el Pleno del Ayuntamiento de Palma, u organizando una
huelga estudiantil en el colegio concertado Virgen del Carmen, donde
cursa primero de bachillerato. Su padre trabaja todas las horas que
puede, y a su madre, desde hace años, no tiene tiempo para dedicarlo a
un empleo remunerado pues tiene que estar pendiente de las necesidades,
dado su estado de salud, de su hijo Oscar.
El contexto es pues:
Un hogar con sustentador único (el padre) que participa del llamado
mercado de trabajo (con las precariedades que nos han dejado las
reformas neoliberales); un miembro adulto (la madre) imposibilitada de
participar en el sustento del hogar pues trabaja (sin retribución, claro
está) en las imprescindibles labores de cuidados que requiere la
situación de Oscar.
El tercer miembro del hogar es, como ya se ha dicho,
un joven con discapacidad, con dificultades de movilidad y múltiples
enfermedades ¡Las dificultades para llegar a fin de mes son imaginables…
pero, oficialmente, no es un hogar pobre! E, insisto, la expulsión (la
extracción propia del actual capitalismo extractivista global y local)
de la familia Kacper de la vivienda en la que vivían desde hacía algo
más de 14 años estaba más que anunciada, y era conocida por las
administraciones públicas. (...)" (Cuarto Poder, 16/12/19)
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