De cómo actúan los monopolios cuando se sienten agredidos: el caso Agbar

"(...) Esta es una historia ejemplar del poder de algunas empresas y de los mecanismos que lo reproducen. Agbar es un grupo empresarial que tiene su origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona, empresa que desde 1882 ha tenido en sus manos la gestión del suministro de agua en Barcelona. (La de esta ciudad siempre ha sido una sociedad liberal, y la gestión de servicios públicos básicos como el agua o la recogida de residuos siempre ha estado en manos privadas.) 

 Con el paso de los años la empresa ha creado una enorme red empresarial que constituye el principal grupo privado español del sector. Actualmente es una filial de la multinacional francesa Suez Environment, que en 2009 compró la participación mayoritaria de La Caixa.

Poco después, en un pleito privado, un juez decretó que Aguas de Barcelona carecía de un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, su situación estaba en el aire. Ello abrió un flanco preocupante en un momento en que en toda Europa renacía una tendencia hacia la gestión pública directa (que ha hecho que Suez pierda la gestión en plazas tan emblemáticas como París y Berlín). La empresa reaccionó con presteza utilizando su red de contactos políticos. 

Por una parte, alcanzó un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para organizar cursos a jueces sobre derecho del agua, y por otra llegó a un rápido acuerdo con Convergència i Unió y el PSC (ahora nadie se acuerda de la sociovergencia que mandó en el país durante mucho tiempo) para crear una nueva empresa, Aguas de Barcelona, que integraría toda la actividad del ciclo del agua en 23 municipios del Área Metropolitana, integrando compañías del grupo Agbar y activos públicos. 

(Algunos ayuntamientos no se sumaron, bien porque tenían empresas mixtas con otros grupos, bien porque contaban con eficientes empresas públicas, como es el caso de El Prat de Llobregat.) Todo se hizo con bastante celeridad y poca transparencia. El objetivo era dar un encaje formal a los intereses de Agbar, que pasó a controlar el 85% de la nueva empresa, quedando el resto para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Agbar había ganado la primera batalla, pero tuvo que hacer frente hasta tal punto a la creciente campaña pro gestión pública impulsada por Aigua és Vida (una entidad animada por grupos ecologistas y vecinales) y la oposición de sus competidores (Acciona, Sacyr…) que vio la posibilidad de hacerse con un negocio suculento. En 2015, en el nuevo ayuntamiento de los Comuns, figuraba como concejal Eloi Badia, uno de los líderes de Aigua és Vida, que pasó a controlar el área de medio ambiente de la AMB. 

Y en 2016 la cosa se complicó aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó el carácter ilegal de la nueva empresa por razones obvias, como que había sido creada sin concurso, que en 16 de los 23 municipios Agbar no tenía contrato anterior y que la valoración que se hizo en su día de los activos que aportaba la empresa y el sector público era inadecuada. Era una sentencia demoledora que abría las puertas a una municipalización a coste cero, puesto que no existía ninguna concesión que rescatar y la valoración de activos encargada por la propia AMB mostraba un saldo ligeramente favorable para el sector público.

La respuesta de la empresa no se limitó a plantear un recurso al Tribunal Supremo, sino que también puso en marcha una “campaña total” que hemos padecido directamente los movimientos sociales favorables a la municipalización.

• Una intensa campaña publicitaria no sólo en medios convencionales sino también a través de un plan de esponsorización de entidades.
• Una campaña de acoso y derribo en la que se han combinado dossieres de prensa contra entidades, amenazas con recursos judiciales y actividades de espionaje.
• El culmen de esta campaña se alcanzó tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de un nuevo reglamento de participación (largamente reivindicado por todo el tejido asociativo local) que incluía la posibilidad de convocar consultas tras recoger 15.000 firmas de apoyo. Cuando las entidades promotoras de la municipalización recogimos 30.000 firmas en apoyo de la consulta, Agbar lanzó una ofensiva general, bien directamente, bien a través de sociedades impuestas o bien recurriendo a bufetes de abogados con los que existían contactos obvios. Una ofensiva de cuarenta recursos que ha tenido éxito cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una sentencia insólita, ha decretado la suspensión de todo el reglamento de participación.

Finalmente Agbar ha triunfado. Hace unos días el Tribunal Supremo ha dado un vuelco completo a la sentencia del TSJC y ha decretado la legalidad de todo el proceso de creación de la nueva empresa y de las valoraciones tan favorables a los intereses de Suez. Sorprende un giro tan radical. 

 Sin haber leído aún la sentencia, creo que pueden aventurarse algunas hipótesis. Una es de tipo formal: si la ley permite una interpretación tan diversa es que seguramente su redacción es tan ambigua que deja mucho espacio a los sesgos ideológicos de los jueces. 

Otra es de tipo “estructural” y tiene que ver con la cultura dominante en la casta judicial, siempre proclive a salvaguardar el statu quo y los intereses dominantes, siempre recelosa de abrir vías al desorden; conozco lo suficiente a las élites económicas como para pensar que lo mismo es trasladable al sector judicial, y ratificar la sentencia de Catalunya era abrir la vía a municipalizar el negocio central de una gran empresa. 

Y una tercera hipótesis es de tipo “conspirativo”: la formación que Agbar dio a jueces hasta al menos 2015 igual ha dado sus frutos, sin contar el papel de los lobbies que han interferido en todo el proceso. Lo hemos vivido intensamente en Barcelona. Agbar está implicada en diversos casos de corrupción (Pokémon, Cantabria, etc.) y tiene tentáculos muy largos que llegan a gente importante, y posiblemente ahora habrán intentado jugar esta baza. Con la hipótesis estructural basta, pero esta última no es del todo descartable. 

Agbar ha conseguido imponer sus intereses en Barcelona (y sigue incordiando en Terrassa y Valladolid, donde no ha podido parar la municipalización), y para ello ha utilizado sus poderosos medios y su falta de escrúpulos. No sólo es una cuestión económica, sino también de derechos sociales (pues existe una enorme opacidad sobre cómo gestiona las ayudas sociales a las personas pobres) y de democracia (ha preferido cargarse todo el modelo de participación de Barcelona a tener que enfrentarse a una consulta no decisiva sobre la gestión del agua).

Hemos perdido una gran oportunidad de municipalizar el agua, y habrá que plantearse cómo seguir actuando.(...)"                  (Andreu Recio, Mientras Tanto, 30/11/19)