"(...) -Ya en los primeros años de la democracia contáis cómo se ven entrelazados los intereses políticos con los del juego.
-Luis:
Hay una corrupción objetiva y subjetiva. Cuando se legaliza el juego en
1977, antes de las elecciones, se hace un decreto para legalizarlo. Se
concedía un casino por provincia. En los más importantes como Madrid o
Barcelona hay unos intereses evidentes. En Madrid se lucra el que era
subsecretario del Ministerio del Interior Jesús Sancho Rof, de acuerdo
con el abogado Escolano que era el presidente del casino. Tenía una
sociedad que competía con otras cuatro por la adjudicación.
En una de
ellas están algunos amigos del rey o gente de la nobleza. Ya vemos
entonces que era un gran negocio. En Cataluña los casinos de Barcelona,
Girona y Tarragona se conceden a un amigo de Jordi Pujol e hijo de la
escuela franquista. Casado con la hija del alcalde franquista de
Barcelona. Los que estaban ahí en esos momentos ya eran los validos
políticos del franquismo y la transición.
A partir de ahí hay corrupción objetiva por el modelo que se hace. Había
un casino por provincia, pero pasado mucho tiempo, a la altura de 2016,
los casinos se desdoblan. Como el de Pontevedra. ¿Cómo vamos a dejar
sin desplomar a los turistas? Ese casino está en la isla de La Toja. Los
casinos, por ley, no podían estar a menos de 27 kilómetros del casco
urbano de una ciudad de más de 150.000 habitantes. Entonces, ocurre que
para establecer un casino en Vigo y desplumar a los cruceristas, había
que hacer un casino en Vigo. Se hizo un anexo de una sala del casino de
La Toja, que se convierte en el casino de Vigo.
Como la ley no prohíbe
eso, sale adelante. Eso es corrupción objetiva y lo votan en el
Parlamento Autonómico. El juego presencial depende de las autonomías y
el online del Estado. Las autonomías tienen 17 regulaciones distintas y
17 regímenes fiscales diversos. A partir de lo que ocurre en Galicia se
producen situaciones similares. La corrupción viene de las trampas del
modelo. Este sector que mueve tanto dinero, un 2,5% del PIB, tanto como
la agricultura, resulta que nadie escribe de ello. Debe ser por algo,
eso es también corrupción objetiva. (...)
-Hay un capítulo donde describes ciertas relaciones de
políticos con el sector del juego. Salen nombres como Soraya Sáenz de
Santamaría, Rafael Catalá, etc.
-Luis:
Solchaga ayudó a la venta de máquinas tragaperras en América Latina. No
se puede llamar corrupción pero hay una compra de voluntades políticas.
Una de ellas es la de Sáenz de Santamaría. Ella es portavoz del grupo
parlamentario del PP cuando se está haciendo la ley del juego online.
Ella conocía bien en qué consistía. Esa ley autoriza y legaliza, previa
petición, a los operadores, en su mayor parte británicos. Operaban ya
antes al margen de la ley, en alegalidad. Las apuestas online no están
recogidas en ninguna ley hasta ese momento. Se dijo en la nueva ley a
esas empresas que actuaban con sede social en paraísos fiscales que se
inscriban, paguen una cuota y se les autorizaría a seguir con el
negocio.
Como no tenían sede social en España se las obliga a fijar su
sede, a efectos de comunicación, en un bufete de abogados. La mayor
parte de esos operadores, los 8 grandes, la fijan en el despacho de
Cuatrecases. Es el despacho al que unos años después se incorporó Sáénz
de Santamaría como socia. Pero es que quien da las licencias es ya Sáenz
de Santamaría como vicepresidenta de Rajoy en 2012. No se dice nada más
que esto, se describe.
No acusamos a nadie, describimos hechos. En el
caso de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, del que depende la ley,
crea el regulador: la Dirección General de Ordenación del Juego. El
despacho de abogados de Montoro también tramitó algunas de las
licencias. Montoro ha preferido callarse. (...)
-Otro de los capítulos precisamente desgrana a quién pertenecen
las principales empresas del juego. Aparece una presencia importante de
los fondos buitres.
-Luis: Codere son fondos buitres estadounidenses. Era
una empresa española creada por Recreativos Franco y los hermanos
Sampedro. Sportium es del fondo buitre Blackstone, que ahora compra
viviendas de segunda mano y públicas. Son especuladores netos. Compraron
Sportium a Cirsa, la empresa de Manuel Lao. Los únicos empresarios
españoles ahora de uno de los grandes operadores son los gallegos
González Fuentes, dueños de Luckia.
Según ellos están abiertos a recibir
participaciones de quien haga falta para ampliar su presencia
internacional. Luego hay otros grupos españoles como son Orenes, todos
conectados al PP. En su caso, a través del actual secretario Teodoro
García Egea. También están los vascos de RETA, con un fuerte componente
político y cuentan con el favor del PNV. Está el caso del señor Roures,
que quiso montar Carcaj, una operadora de apuestas. La lanzó pero
fracasó y al cabo de un año desapareció. En cuanto al dominio del
mercado online es indudable el papel de 888, Betfair, William Hill y
alguno más. Y sobre todo los patrocinios.
Para no verse afectados por el
Brexit se han pasado a Malta, para pagar el mínimo impuesto posible. Al
verse afectados por la posible prohibición de las apuestas, por lo
menos en horarios ordinarios, compiten por adquirir el patrocinio de
todos los equipos de fútbol. Entre patrocinios y publicidad estos
operadores tienen tanto poder que manejan del orden de 300 millones de
euros al año. Frente a esto, los medios de comunicación dicen que viva
la fiesta. Pero confundir las apuestas deportivas con el deporte es una
burda maniobra. (...)"
(Entrevista a Daniel Díez Carpintero y Luis Díez, autores del libro ‘¡Jugad, jugad, malditos!’, Miguel Muñoz, Cuarto Poder, 27/01/20)
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