"La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que
ha declarado al IRPH como una cláusula abusiva por falta de
transparencia, algo que los tribunales españoles deberán determinar
finalmente, deja al Estado español como el gran derrotado.
Resulta evidente que la sentencia del TJUE supone un verdadero
varapalo para el sector financiero, un nuevo golpe de la Justicia
europea a las cláusulas abusivas con que los bancos llenaron sus
productos durante muchos años. Sin embargo, el gran perdedor es el
Estado, por su clara posición de defensa de los intereses de la banca en
contra de las víctimas de esas cláusulas abusivas.
Un Estado democrático tiene la obligación de defender a su pueblo
frente a los abusos de los poderosos. Sin embargo, ya son demasiados los
casos en los que los organismos públicos se posicionan en favor de la
banca en contra de los intereses de la ciudadanía, de las víctimas de
los abusos de los poderosos.
El hecho de que el Estado se posicione en los tribunales en contra de
su ciudadanía va en contra de lo indicado en el Preámbulo de la
Constitución cuando se señala que una de sus funciones es la de proteger
a los españoles.
La actitud del Estado supone, además, que se están poniendo los
recursos públicos al servicio de entidades privadas que, además, han
utilizado su poder para someter a la ciudadanía. ¿Qué país se puede
llamar democrático cuando prioriza los intereses de las élites
financieras a los de su propio pueblo?
La Justicia europea ha vuelto a dar una lección a España y esto es
algo que nuestra democracia no se puede permitir porque ya son
demasiados. Almudena Velázquez, codirectora de la plataforma reclamador.es,
ha afirmado que «una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha enmendado la plana al Tribunal Supremo español, protegiendo
así a cientos de miles de afectados por el IRPH que habían visto
quebradas sus esperanzas con la sentencia dictada por nuestro Alto
Tribunal en 2017. Gracias a Europa, se abre la puerta a las
reclamaciones de los afectados para recuperar el dinero pagado de más
desde el inicio en que dicho índice les fue aplicado que ciframos en
20.000 euros de media».
Por otro lado, la presencia de la Abogacía del Estado en este proceso
en contra de los intereses de los afectados por el IRPH, defendiendo
los argumentos de la banca, no es sostenible desde un punto de vista
democrático. (...)
Ahora llega el momento en que ese mismo Estado se resarza de sus errores
y decida con justicia las reclamaciones de los 1,3 millones de familias
afectadas." (José Antonio Gómez, Diario16, 04/03/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario