"Han pasado dos meses desde que se decretó el estado de alarma y en los
informes que cada día publica el Ministerio de Sanidad sobre la epidemia
de la covid-19 siguen apareciendo asteriscos. Señalan disparidades de
criterios en el reporte de los datos de las distintas comunidades
autónomas.
Cada vez son menos. Hubo semanas que estuvieron plagados de
ellos. Era casi imposible comparar las cifras de forma homogénea porque
cada región las administraba a su manera, pese a los sucesivos
requerimientos gubernamentales, vía Boletín Oficial del Estado, para intentar unificar el método estadístico.
Los asteriscos delatan que algo falla en el engranaje de un Sistema
Nacional de Salud que, en opinión de algunos expertos, son en realidad
18: los de las 17 comunidades y el de Ceuta y Melilla, que gestiona el
Ministerio de Sanidad. Pero no son las únicas señales que han
evidenciado un sistema de compartimentos casi estancos. En el peor
momento de la crisis, cuando los hospitales de unas regiones habían
sobrepasado su límite y estaban rechazando ingresos en las UCI, otras
cercanas tenían camas libres; los traslados, tanto de personal como de equipos y pacientes, han sido, sin embargo, anecdóticos.
Las tensiones políticas, identitarias e ideológicas de la España de las
autonomías se han sometido en esta epidemia a un examen que va más allá
de la teoría, que ha puesto a prueba sus mecanismos de funcionamiento y
que los ha tenido que cambiar sobre la marcha, en forma de estado de
alarma y mando único. (...)
apuntan que se han visto las vergüenzas de un Ministerio de
Sanidad que con los años ocupa cada vez menos espacio de su sede en el
paseo del Prado de Madrid, con insuficiente dotación de medios técnicos y
humanos; apartado de la primera línea de importancia en el Ejecutivo,
considerado más un símbolo que un instrumento para hacer políticas
útiles. Unidas Podemos y PSOE ni siquiera trataron de disimularlo cuando
consumaron su coalición de Gobierno, en la que los primeros rechazaron
la cartera por considerarla ornamental y los segundos terminaron
nombrando a un ministro, Salvador Illa, en quien pesaron más sus
cualificaciones estratégicas como puente con la política catalana que su
experiencia sanitaria.
Compras centralizadas
Un
ejemplo claro del óxido que iba acumulando el ministerio se vio en los
primeros compases del estado de alarma, cuando centralizó las compras de
materiales sin contar con un sistema suficientemente potente para
llevarlas a la práctica. “Quiso poner en marcha una autopista cerrando
las carreteras comarcales, pero el problema es que la autopista no
estaba terminada y tuvieron que dar marcha atrás hasta completarla”,
apunta Javier del Pozo, secretario general de la Confederación Española
de Sindicatos Médicos (CESM).
“Las atribuciones en el ámbito de sanidad
no se van a revertir, pero lo que está claro es que el ministerio tiene
que tener más, ejecutar capacidades, incluso que se dote de medios para
coordinar más este sistema nacional de salud”, añade. (...)
Como todos los demás consultados, Montserrat apuesta por una agencia
nacional de salud pública con capacidad ejecutiva, que trabaje en
coordinación con las comunidades autónomas. Pone el ejemplo de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. “Puede actuar
rápidamente retirando del mercado productos si están en mal estado, con
comunicación permanente con Europa. Algo así debería existir en el
ámbito sanitario, que pudiera incluso legislar, emitir órdenes”, señala.
Lo cierto es que la ley de Salud Pública de 2011, una de las
últimas aprobadas bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero,
abría la puerta a la creación de esta agencia, pero no se desarrolló en
los siete años posteriores de mandato del PP. “Tendría que ser la gran
inteligencia sanitaria para prevenir, anticiparse, hacer frente a
riesgos como esta pandemia”, asegura Alberto Infante, que fue director
de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud entre 2004 y
2010.
Una agencia nacional debería tener capacidad para
que no hubiera asteriscos en los informes. “Debería vertebrar todos los
datos y que no sucediera lo que ha pasado con las estadísticas
difícilmente homologables entre unas y otras comunidades”, opina Javier
Padilla, médico de atención primaria en Madrid y autor de varios libros
sobre el sistema sanitario.
“Los datos han sido un desastre porque lo
eran antes. Bastante se han mejorado los sistemas de información en ocho
semanas para lo mal que estaban en los últimos 10 años”, razona. A su
parecer, más allá del sistema, ha habido un problema de los políticos
que lo integran: “Era como el juego en el que nadie quiere apartarse el
primero de la vía del tren. Nadie quería compartir recursos, pero
tampoco los pedían. Seguramente Madrid era la más necesitada y no lo
hizo”.
Los intercambios de pacientes, materiales o
profesionales han sido contados. Javier del Pozo (CESM) explica que
existe un problema de burocracia que limita por ejemplo compartir
profesionales: “El sistema que tenemos lo dificulta. Los sanitarios
dependen de su comunidad autónoma y no hay ni siquiera posibilidad de
moverse voluntariamente en un concurso de traslados en condiciones
normales”. Varios profesionales se han quejado en este periódico de que
no podían pedir unas vacaciones o una baja voluntaria de sus puestos de
trabajo para acudir a comunidades más saturadas porque su contratación
no estaba permitida sin un largo proceso.
La solución a
estas disfunciones no pasa necesariamente por centralizar más, sino por
“unificar”, dice José Luis Cobos, del Consejo General de Enfermería.
“Tiene que haber cuestiones básicas comunes —como se hace con el
calendario vacunal, aunque tiene pequeñas diferencias—, entre unas y
otras autonomías. Tendría que haber ratios de enfermeras y otros
profesionales, con flexibilidad según la dispersión y el envejecimiento
de la población, pero con criterios unificados y unas pautas generales”,
señala. (...)
Una figura que propone Infante sin necesidad de cambiar el
sistema territorial es el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que
el ministro se reúne con los consejeros, pero que hoy tiene una función
meramente consultiva. “Allí se tratan los temas, pero realmente no
tiene competencias, cada consejero se va a su comunidad y son sus
consejos de Gobierno los que toman las decisiones finales; debería ser
un órgano más ejecutivo”, subraya.
Las carencias del
sistema son más o menos compartidas por todos los consultados. Las
soluciones, no muy distintas. Infante urge a actuar: “Más allá de un
rebrote, tendremos otras pandemias, otras urgencias, y debemos estar
mejor preparados”. (Pablo Linde, El País, 17/05/20)
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