"Francia y Alemania han dado un paso adelante en la elaboración de las
herramientas europeas de recuperación. Su propuesta pasa por ampliar el
techo de gasto del Presupuesto de la Unión Europea durante tres años, pasando
del 1% al 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, a través de
una emisión de bonos europeos respaldados por el Presupuesto de la
Comisión.
De esta manera, se lograrían alcanzar hasta los
500.000 millones de euros, una cifra equivalente al 5% del PIB
comunitario, para invertir en proyectos, programas y políticas de
recuperación de las zonas y sectores más afectados.
La propuesta es novedosa en dos sentidos: en primer lugar, propone la
emisión de bonos a muy largo plazo (hasta 40 años) respaldados por las
aportaciones presentes y futuras de los miembros de la Unión Europea al
Presupuesto comunitario. Es, en ese sentido, una forma de mutualización: los estados miembros quedan comprometidos al pago de cuotas hasta la amortización total de dicha deuda.
En segundo lugar, en vez de generar transferencias entre países de
manera automática, la iniciativa se integra en el marco presupuestario
de la Unión Europea. En otras palabras, la Comisión garantiza que el uso
de los fondos se realiza a través de sus normativas, aun sin saber si
estas normativas serán las mismas que se utilizan para otros
instrumentos (el conocido reglamento de disposiciones comunes, que cubre
el Fondo Social; Feder, el instrumento presupuestario de convergencia y
competitividad, y el fondo europeo de transición justa) o si, por el
contrario, tendrá otra normativa propia.
Hasta aquí los aspectos positivos. Quedan por determinar muchos
aspectos en cuestión. El primero de ellos es si los países
pertenecientes a la liga de los frugales aceptarán una
propuesta que implica una mayor obligación financiera con la Unión
Europea a muy largo plazo, en un contexto en el que las negociaciones
por el Presupuesto 2021-2027 se atascaron por unas cantidades
infinitamente menores. Con razón, dirán que se trata de una
‘mutualización’ por la puerta de atrás, después de haber jurado sobre la
tumba de sus antepasados que nunca permitirían eso.
En segundo lugar, la propia condicionalidad macroeconómica del
instrumento. Si está sometido a disposiciones comunes, y ello implica el
cumplimiento de las condicionalidades impuestas en dicha normativa,
seguramente el paso para su aceptación será el refuerzo de dichas
disposiciones. En otras palabras, un programa de ajuste y de reformas
estructurales que, si bien es necesario, ahora sólo ejercía una
condicionalidad muy leve sobre los fondos estructurales. En la
actualidad, si un país no cumple con la condicionalidad puede ver sus
fondos estructurales paralizados, algo que estuvo a punto de pasarle a
España en 2016.
Si llega el caso, es probable que las recomendaciones de la Comisión
en el marco del Semestre Europeo tengan, entonces, una fuerza que no
llegará a la de un programa de los firmados por el Mecanismo Europeo de
Estabilidad, Mede (los hombres de negro, de infausto recuerdo),
pero que será superior a la laxa supervisión que se realiza ahora. Esta
cuestión trae consigo algunas derivadas interesantes: la
condicionalidad reforzada, ¿será sólo para el nuevo instrumento o
también se aplicará a los ya existentes, como los fondos estructurales?
En tercer lugar, cabe preguntarse por la agilidad del instrumento. Si los fondos se proporcionan a posteriori,
y son los estados los que los tienen que adelantar, habrá problemas con
las administraciones públicas que tengan problemas de liquidez, como ya
ocurrió entre los años 2012 y 2015.
Si los fondos están sometidos a
evaluaciones ex ante y programaciones, la agilidad de su uso se
verá resentida sin que se pueda garantizar una adecuada calidad de las
intervenciones: los resultados de los fondos estructurales en el último
período señalan bien cuáles son las consecuencias de programar su uso
bajo circunstancias de urgencia, destinando pocos recursos, con un
cumplimiento de los requisitos más burocrático que real y un ritmo de
ejecución poco adecuado a las urgencias que tenemos en la actualidad.
El último gran riesgo es el propio proceso de negociación. Si la
propuesta se vincula al marco financiero, no se podrá disponer de los
fondos hasta 2021, con lo que quizá este componente del
estímulo llegue demasiado tarde (si llega), porque la negociación de los
Presupuestos está encallada y no sabemos cuándo se va a desatascar. (...)
En definitiva, la propuesta tiene muchas más luces que sombras. Un fondo
de donación será más efectivo que otro de préstamos. Su estructura es
una fórmula de mutualizar riesgos, bajo control de la Comisión.
La condicionalidad fuerte puede activar a los países a hacer reformas
que hoy en día se dilatan por su coste político.
Vuelve a situar a la
Comisión en el centro del impulso europeísta. Por todos estos elementos,
debemos felicitarnos por la iniciativa, pero sus virtudes son al mismo
tiempo la semilla de su fracaso. Tendremos que ver cuál es la letra
pequeña de la propuesta franco-alemana para conocer adecuadamente la
bondad y eficacia de una iniciativa que llega en el momento preciso."
(José Moisés Martín . Economista y consultor internacional. Agenda Pública, 19/05/20)
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