El cannabis medicinal genera 250 millones de euros en Europa y apenas nada en España al no estar regulado. El Estado, en caso de una legalización integral, podría percibir entre 3.400 y 3.800 millones de euros anuales por el cobro de impuestos directos como el que percibe por el tabaco

"Las ventas de productos de cannabis medicinal en Europa generaron entre 230 y 250 millones de euros en 2019, según un estudio de la publicación estadounidense Marijuana Business Daily, que destaca que Alemania, Italia y Holanda son los países con el mayor mercado del continente, cuyo volumen total aún no alcanza ni siquiera la mitad del que representa el estado norteamericano de Arizona.

 España, sin embargo, no saca tajada de ese creciente negocio al no haber regularizado el cannabis con fines terapéuticos, aunque sí tiene empresas autorizadas por el Gobierno para exportarlo.

El informe de Marijuana Business, empresa de comunicación especializada con base en Colorado, estado con una de las mayores industrias del cannabis del mundo, va dirigido fundamentalmente a los empresarios e inversores de ese país interesados en ampliar su campo de negocio en Europa, que, por población, renta per cápita y cobertura sanitaria, se prevé será un día el mercado más grande del mundo para el cannabis medicinal, mayor incluso que el de Canadá y EEUU juntos, según este estudio.

Elaborado con la aportación de datos de las agencias estatales que gestionan la producción y distribución del cannabis medicinal en los países donde está regulado su uso, así como con valoraciones de expertos locales, el informe refleja la complejidad del mercado europeo para el inversor foráneo debido a la gran variedad de sus legislaciones y marcos normativos, idiomas y culturas. Pero sus autores subrayan, por el contrario, su crecimiento y, más que nada, su enorme potencial.  

Sobre todo, el de Alemania, líder absoluto de este mercado en Europa desde que en 2017 legalizó el uso medicinal del cannabis. Según el informe, las ventas crecieron el año pasado en ese país más que las de sus dos predecesores juntos, Italia y Holanda. Aumentó en más del doble la importación de flores de cannabis -hasta alcanzar las 6,5 toneladas- para dispensar a los pacientes en las farmacias, donde gestionaron 267.348 recetas, un 44% más que en 2018 y con un valor de 123 millones de euros. Esas recetas forman parte de un programa nacional público para la administración de estos productos, pero si se le añaden las compras hechas sin prescripción, las ventas alcanzaron los 170 millones de euros, estiman los autores del estudio. (...)

España, sin embargo, apenas ocupa unas líneas en un apartado que dedica este estudio a "otros países", en los que se incluye a Grecia y Portugal, y de los que se dice que "tienen una industria exclusivamente orientada a la exportación". En esos tres países del sur de Europa aún no hay pacientes de un cannabis medicinal regularizado, salvo a los que se administra Sativex o Epidiolex, fabricados por una empresa angloestadounidense para el tratamiento de diferentes patologías.

En nuestro país, hay cuatro empresas que disponen de una autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la producción y fabricación de cannabis con fines médicos, facturación que deben destinar al completo a la exportación porque su uso no está aún regularizado en España. 

Una de ellas es Linneo Health, heredera de Alcaliber, la compañía española del magnate Juan Abelló líder durante décadas del mercado farmacéutico mundial de morfina y tebaína. Esta empresa fue adquirida por una nueva entidad integrada en un 60% con capital del fondo británico GHO con base en las Islas Caimán y en un 40% por Torreal, vehículo inversor del propio Abelló, que se quedaron con la licencia del Estado de la que ya disfrutaba Alcaliber para cultivo de cannabis con fines medicinales. 

Y otra es la canadiense Canopy Growth, la firma más importante del mundo en este sector, que se instaló el pasado verano en el Parque Científico de Alicante tras adquirir la empresa Cáñamos y Fibras Naturales SL, Cafina, que contaba con dos autorizaciones de la AEMPS, una para cultivo con fines de investigación y otra con fines médicos y científicos.

¿Qué dinero de ese mercado del cannabis medicinal está revirtiendo en España? No se han difundido datos de los ingresos que la exportación pudiera estar generando en las empresas que tienen autorización en nuestro país, pero sí se conocen algunas estimaciones de los beneficios que podría originar una regularización del cannabis: la Confederación de Asociaciones Cannábicas (Confac) calculó hace un año que el Estado, en caso de una legalización integral, podría percibir entre 3.400 y 3.800 millones de euros anuales por el cobro de impuestos directos como el que percibe por el tabaco, y que se crearían en torno a 20.000 puestos de trabajo en las labores de cultivo, transporte, venta, cata, publicidad y otras actividades relacionadas con el consumo de este producto.

"Estamos perdiendo una grandísima oportunidad para estar en primera línea del mercado", subraya Eric Asensio, portavoz de Confac. A su juicio, es un error que no se tomen las medidas legales para que aflore todo un mercado que ahora está sumergido, de personas que acuden a internet, asociaciones y otra multitud de vías para adquirir cannabis con fines terapéuticos. "No acabamos de entender –dice- por qué en Alemania o en la República Checa sí se puede y aquí, no, si se trata de la misma evidencia científica".

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), un grupo español de expertos en este sector, también se lamenta de que los sucesivos gobiernos de España no hayan dado los pasos legales necesarios para haber convertido a nuestro país en "una potencia mundial" en el mercado del CBD (componente del cannabis utilizado con fines terapéuticos) en cuyas genéticas ha sido pionero, mientras que se ha autorizado "sin ninguna transparencia" a algunas empresas para que puedan ganar dinero con la exportación.

El OECCC, que ha editado durante la pandemia el documental Marihuana, primero las personas, considera, no obstante, que cualquier regulación que se afronte debe anteponer los intereses de la ciudadanía, es decir, su derecho a la salud y a no verse privado de un acceso mínimamente garantizado al cannabis, como ha ocurrido durante el estado de alarma a causa del cierre de los clubes y asociaciones de usuarios de esta sustancia, señala su portavoz, Hugo Madera. Y después, ese proceso –añade- debe abrirse a todos los sectores, pequeños cultivadores y cooperativas, y no limitarse al de las grandes empresas. (...)"                    (Santiago R. Reviejo, Público, 01/06/20)